Luis Javier Valero Flores
Analista
Si debiéramos buscar un hecho que ilustrara de la mejor manera lo que está ocurriendo en el ámbito de la seguridad púbica, y nos mostrara los niveles de degradación social a los que hemos llegado, nada como la celebración, en plena audiencia judicial, de los detenidos, acusados de ser quienes protagonizaron el combate con la Policía Estatal, de la semana anterior en la colonia Granjas de la capital del estado.
Es estremecedor.
Cuando la defensa solicitó fuera exhibido un video de la balacera, en el curso de la audiencia de vinculación a proceso de los siete presuntos ‘aztecas’, éstos celebraron el momento en el que se escuchan los disparos realizados por los acusados, lo que dio pie al fiscal para sostener que fueron los indiciados los primeros que dispararon en esa balacera con duración de poco más de media hora.
¿A qué se debe conducta tan retadora, tan fuera de todo parámetro de convivencia social?
¿Se deberá a la certidumbre de esos jóvenes a que su encarcelamiento —si se da— será por poco tiempo, que obedecerá, no a la laxitud de las leyes, sino a los entresijos de la corrupción en los aparatos prejudiciales y judiciales?
¿Y, también, al hecho de que son jóvenes que le apuestan a vivir el hoy, porque para ellos no hay mañana que valga, lo que los vuelve extremadamente peligrosos para la sociedad, la que no tiene otra defensa que la de evitar la aparición de esas características en el resto de la juventud?
¿No quedará más remedio, si interpretamos bien el mensaje de AMLO, al decidir poner en manos de las fuerzas armadas el total de la seguridad pública del país, de establecerse la Guardia Nacional?
Sí, es claro que eso no es lo planteado, pero en el ámbito de la política, de la economía y de la guerra, quien lleva la voz cantante es quien tiene los mejores y mayores pertrechos.
Ahora mismo lo estamos viendo.
El Gobierno de López Obrador ha lanzado un operativo nacional, consistente en cuadricular al país y asignarle a cada cuadrante un número de efectivos militares, emanados casi todos ellos de las policías Militar y Naval, a los que se suman los policías federales, a los que han citado a los jefes policíacos locales, para establecer la “Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz” en varias regiones y estados en el país y, claro, si se presenta un citatorio del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, con los nombres de los jefes militares y el número de efectivos militares y polifederales que asistirían, los jefes civiles se presentan, no sin resquemores e incertidumbres, como está sucediendo en muchos lugares.
Puede ser que no haya resultados positivos todavía, pero el hecho de que se realicen estas reuniones entre los responsables de la seguridad pública, sí que lo es.
Como era de suponerse, no en todo el país ni en todas las regiones se hacen necesarios los clásicos operativos militares, aún si los realizan policías castrenses, los que están adiestrados para aplicar la justicia militar, pero a militares, no a civiles y en esa precisión hay un mundo de diferencia.
Una cosa ha resultado positiva de la aplicación de esta medida en sus primeros 4 días: la de que, por fin, aparecieron los jefes militares y federales en las reuniones en las que se discute la seguridad pública del estado de Chihuahua, si bien no en el ámbito estatal, pero sí en el de algunos municipios, especialmente en Juárez y Cuauhtémoc, dos de los más severamente golpeados por la presente ola de violencia.
Más aún, que en el caso de la ciudad a la que se le reconoce como la “capital de la sierra”, Cuauhtémoc, existe un agravante: el de la cerrada disputa entre el presidente municipal, Carlos Tena, y el Comisionado de Seguridad, Óscar Aparicio.
Ello a pesar de la evidente oposición del gobernador Javier Corral, cosa que el fiscal César Peniche ratificó al afirmar que “hasta el momento no hay una coordinación con los grupos de policías militares que están en la entidad”. (Nota de Orlando Chávez, El Diario/Chihuahua, 5/XII/18).
El rechazo de Corral, aparentemente, ha sido resuelto en la reunión del martes de la Conago con López Obrador. En ella, los gobernadores exigieron, y obtuvieron, que los delegados federales (uno por entidad) no asumieran el cargo de secretarios técnicos de las mesas de coordinación por la paz.
Aún pronto para la evaluación de este nuevo esquema de coordinación de las autoridades en la seguridad pública, deberemos esperar.
Una cosa es cierta, se aprecia la existencia de una mayor colaboración de todas las instancias.
Ojalá rinda frutos, los necesitamos.