LA COLUMNA
de El Diario
• La sacan de su oficina por cinco millones... y más
• Sueldo de un juez, 170 mil, de un magistrado, 600 mil
• Corral y el permanente boicot contra sí mismo
• Cabada, Lozoya y Tarango juntos en La Calesa ¿y Chihuahua?
Hay nuevos cambios en la siempre inquieta Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal. Nos aseguran que desde ayer llegó a sus instalaciones en Palacio de Gobierno un operativo especial ordenado por la Secretaría de la Función para sacar con todo y petacas a la administradora, Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano.
En muy pocos meses adquirió fama la funcionaria estatal por la proveeduría en adjudicación directa por casi cinco millones de pesos a la empresa Xtreme Sports, propiedad de su pareja, el empresario Efraín Maldonado Delgado. Hemos abordado antes con profusión todo ese penoso engranaje en las páginas de El Diario.
Esa y diferencias profundas con funcionarios de la mayoría de las secretarías del Gobierno estatal habrían propiciado que el gobernador pusiera atención al tema y haya tomado la determinación del nuevo relevo con la luz verde para las indagatorias y expulsión correspondiente por parte de la Función Pública.
Al iniciar la administración estatal en esa área estuvo José “Pepe” Guadalupe Ávila Morán. Hizo funciones más como representante de empresas privadas que trabajo del Gobierno estatal. Duró unos cuantos meses por esa sola circunstancia.
Licón llegó al relevo.
Casualmente este retiro de Licón llega con el arribo de una nueva invitada en Comunicación Social, muy amiga del gobernador, Marijose Valles Medina, a quien le fue extendido el cargo de directora general de Comunicación Estratégica, una área sobre todas las demás cuyo objetivo es “bombardear” a los chihuahuenses con información positiva del Gobierno estatal, particularmente de Javier Corral.
Tampoco con ella hubo entendimiento por parte de Licón. Todo en contra al final, en menos de un año.
Nos aseguran que Licón se resistía a abandonar sus oficinas. Pedía hacerlo hasta que volviera de Ciudad Juárez su jefe, Antonio Pinedo, pero hubo advertencias mayores como el uso de la fuerza pública y prefirió la paz puertas afuera.
Esos de la Función Pública jefaturados por la maestra Stefany Olmos no se andan por las ramas ni con contemplaciones, gustosos llevaban ya como relevo a una tal Blanca Cruz, de la que no tenemos aún dato que hable bien o mal de ella.
Cuestión de días para que el árbol sea sacudido hasta la copa, nos aseguran. Y por supuesto, pegará en Comunicación Social de Juárez, cuya oficina sabemos que existe pero no por trabajo sino por el alto gasto en nómina.
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Han puesto el grito en el cielo particularmente empleados del Poder Judicial de la Federación con la publicada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que entrará en vigor apenas termine el presente mes.
Ningún funcionario público podrá en adelante ganar más de los 108 mil pesos mensuales que percibirá a partir de esa fecha el presidente de la República. Quien se despache con la cuchara mediana o grande podrá sufrir cárcel de dos a 14 años, multa por tres mil días de salario mínimos; y por supuesto, destitución e inhabilitación.
Cientos de empleados judiciales federales han interpuesto sendas peticiones de amparo porque consideran inconstitucional esta medida que desde campaña anunció López Obrador.
Es un golpe demoledor por parte del político tabasqueño. Derecho al pecho. Sobre aviso no hubo engaño. Son 47 mil empleados del Poder Judicial federal que ganan salarios de ensueño contra más de 30 millones de mexicanos que apenas obtienen el mínimo, en promedio ocho mil pesos mensuales con todo y prestaciones.
Tenemos que un juez de distrito gana 170 mil pesos mensuales más bonos de todo tipo; cada magistrado federal se lleva por mes 300 mil pesos más un invariable “bono de productividad” por otros 300 mil del águila, 600 mil mensuales el total.
Muchos pretextos se fueron acumulando durante décadas para alcanzar el paraíso laboral que esos empleados públicos han conseguido, el principal de ellos relacionado con el riesgo que conlleva procesar a narcos y otro tipo de delincuentes peligrosos y con mucho capital para corromper, pero sin duda no hay más servidor público en mayor peligro que un policía y su sueldo promedio no rebasa los 14 mil mensuales.
A lo largo y ancho de la República no hay salarios modestos en ningún nivel de gobierno. Hablamos esta ocasión del Poder Judicial federal porque son cantidades de franco abuso e injusticia para las condiciones económicas generales del país pero en municipios y estados en sus distintos niveles de gobierno hasta al más calvo le arrastra el pelo.
Sueldos fabulosos por llegar a las nueve de la mañana, encender la computadora, tomar café con galletas y platicar las novedades de la serie Narcos hasta las tres de la tarde, apagar la computadora y adiós. Ah, de lunes a viernes.
La iniciativa del presidente debe ser ampliada y ajustada a todo el servicio público con tabuladores claros en municipios y estados. Serán ahorrados algunos invaluables miles de millones. Nadie quedará pobre, sólo deberán cambiar los iPhone de 30 mil por algunos más modestos de cinco ó 10 mil pesitos.
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El gobernador Corral vive en un permanente boicot contra sí mismo. Ha negado ahora a las corporaciones policiacas bajo su mando participar en las estrategias conjuntas de seguridad convocadas e implementadas por el nuevo Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
A primera hora el lunes iniciaron esos encuentros entre corporaciones municipales, federales, elementos militares y autoridades civiles tanto de los municipios como de la Federación. Entre lunes y martes no hubo incorporación del estado por negativa expresa y pública de Javier Corral.
Sería entendida esa obstinación del mandatario si la Fiscalía General del Estado y su Comisión Estatal de Seguridad fueran tan exitosas que permanecieran en hombros de la opinión pública chihuahuense. Nada de eso, al contrario; cuando no dan coraje dan lástima.
Más de cuatro mil 500 ejecutados de octubre del 2016 a la fecha y cientos de miles de delitos patrimoniales a lo largo y ancho de los 67 municipios, forman parte del saldo desastroso. Acciones unilaterales y corrupción del Estado, falta de atención y coordinación con municipios y otros niveles de autoridad, las causas.
Sería todo distinto con un poco de autocrítica y humildad del Estado para reconocer sus debilidades enormes tanto en materia de seguridad como en otros múltiples rubros del ejercicio gubernamental; el social, el de salud, el financiero, entre los ejemplos distintivos.
Ahora es el rechazo a coordinarse con la Federación. Militares, federales y municipales de todo el estado han salido a la calle para fortalecer la seguridad, menos el Estado. No acepta Corral que al frente de la operación esté la representación federal pero tampoco ofrece resultados en la materia a los chihuahuenses. Dicho coloquialmente en términos de beis, no picha, ni cacha, ni deja batear.
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De caballos parralenses no estaban hablando, tampoco de algodón o nueces de Delicias, menos de posadas navideñas en Juárez.
Mario Tarango, Alfredo Lozoya y Armando Cabada sin duda estuvieron negociando asuntos políticos ayer a la hora de la comida en La Calesa.
El profe Tarango es un político priista de retorcido colmillo y perteneciente, queremos creer aún, al baecismo deliciense. Lozoya es el alcalde de Parral que sueña con la gubernatura, fuertemente aliado del juarense, Armando Cabada, también con las mismas miras.
Ya veremos de qué trató esa comida, por lo pronto podemos decir que la tríada le mete velocidad al 2012.