Migración: hablar con franqueza

Pascal Beltrán del Río
Analista
2018-11-27

Tijuana.- No era muy complicado de vaticinar, pero aun así vale la pena repetir lo que apunté aquí el 14 de noviembre, hace casi dos semanas: ante la negativa del gobierno de Donald Trump de permitir la entrada colectiva de los integrantes de las caravanas centroamericanas, éstos se atorarían en la frontera norte.
“Limbo fronterizo” se tituló esa entrega de la Bitácora.
Durante semanas, la actuación de las autoridades federales mexicanas ante el éxodo centroamericano variaba entre la incompetencia para hacer valer la ley y el temor de hacer enojar a los políticamente correctos que exigían que se dejara entrar a todos los que quisieran llegar a Estados Unidos.
Los resultados están a la vista: desde octubre han ingresado en territorio nacional miles de personas cuya identidad e intenciones se desconocen.
No me atrevería a sostener –como han hecho el presidente Trump y su secretaria de Seguridad Nacional– que hay cientos de delincuentes entre los más de 8 mil centroamericanos que han entrado en México en grupo. Lo único cierto es que no se sabe quiénes son y que han violado varías leyes a su paso por el país.
Decir eso es una mera constatación de hechos y no implica tener una postura antiinmigrante. Personalmente, creo que un país se enriquece cuando recibe a personas de otras naciones que quieren aportar al desarrollo de la nación. Pero esto siempre debe ocurrir con orden y un propósito claro.
Tampoco hay xenofobia alguna en afirmar que la llegada y tránsito de extranjeros en el país debe estar regida por reglas. De otro modo, ya lo hemos visto, la seguridad de ellos y de los locales puede estar en riesgo.
Hoy hay en Baja California más de ocho mil migrantes que han arribado en caravana. La enorme mayoría de ellos está aquí en Tijuana.
De acuerdo con las autoridades municipales, su estancia cuesta a las finanzas de la ciudad 500 mil pesos diarios. La cifra no me consta, pero suena razonable y quizá se quede corta: 62 pesos diarios por persona.
Para el presupuesto municipal, medio millón de pesos al día es una cantidad considerable. En seis semanas, la atención a estos migrantes habrá sumado el equivalente al presupuesto para salud (95 millones de pesos en 2018). Ahora, imagine que lleguen a ser el doble o el triple.
La corrección política no toma en cuenta el costo financiero, mismo que no paga el gobierno, sino los contribuyentes.
Cuando comenzó esta crisis migratoria, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció que cuando él asuma el poder otorgará un millón de visas de trabajo a los migrantes centroamericanos.
Si decide cumplir esa promesa, cabría esperar que el problema que se ha generado por la presencia de ocho mil migrantes en Tijuana se multiplique varias veces.
El gobierno mexicano puede elegir que no quiere escenas de centroamericanos agolpándose en la frontera sur del país y que la forma de evitarlas es dejarlos entrar. Lo que no puede decidir es que les permitan el paso a Estados Unidos. Así que debe escoger dónde quiere verlos: en Tecún Umán, Guatemala, o aquí en Tijuana, Baja California. 
Los fenómenos migratorios actuales no pueden ser resueltos por un solo país. Requieren de la acción multilateral. No hay nación en el mundo, por muy grande y poderosa que sea, que hoy pueda recibir a todos los que quieran ser parte de ella. Se impone, necesariamente, la obligación de recibir a unos y rechazar a otros. Los criterios los tiene que poner cada país.
El expresidente Barack Obama, quien tiene muy buena imagen en México, ha sido el mandatario estadounidense que mayor número de personas ha deportado. Aun así, él creó el programa de los dreamers, dando prioridad a los llegados en la infancia.
Otra vez, decir que un país debe decidir a quién recibe y a quién rechaza no implica no tener compasión o ser xenófobo. Es sólo cuestión de ser honesto y sacar cuentas.
En el llamado Triángulo Norte de Centroamérica viven 32 millones de personas. Supongamos que 10 por ciento de ellos quiere llegar a Estados Unidos y busca usar territorio mexicano para cumplir su objetivo.
Porque no es un país de recursos ilimitados, México tiene que administrar el fenómeno migratorio. No puede dejar pasar a todos los que quieran usar su territorio como zona de paso sin restricciones ni reglas.
Si Estados Unidos estuviese dispuesto a recibir a todo el que quiere entrar, no sería tan problemático. Pero las escenas de los días recientes en la frontera lo obligan a poner orden a la entrada en el país.
Controlar la migración en nuestra frontera sur no es hacer el trabajo sucio de Trump, sino evitar graves afectaciones a un país que ya de por sí tiene muchas carencias que atender.

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