Luis Javier Valero Flores
Analista
Si una cosa debe agradecerse a la propuesta de AMLO –Plan de Paz y Seguridad– que contiene la polémica creación de la Guardia Nacional, es la de haber abierto una ríspida discusión sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de seguridad pública, para afrontar la difícil situación imperante en el país en este tema.
Pero no sólo eso, también develó la forma en que López Obrador reacciona ante situaciones controversiales, en las que se encuentra con una seria oposición; además, y no es una cosa menor, la forma en que muchos de los miembros y simpatizantes, tanto de Morena, como del presidente electo, trastocan sus concepciones en función de quienes son los autores de las iniciativas.
Un antecedente no debe perderse de vista, el mismísimo día en que se anunció el Plan de Paz y Seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó sobre la Ley de Seguridad Interior, sobre la base de un argumento central, la de que la seguridad pública es responsabilidad y facultad de las autoridades civiles, no de las militares.
Durante el presente sexenio se aprobaron una buena parte de las reformas “estructurales” que el PAN había propuesto en los dos sexenios anteriores, especialmente en el de Felipe Calderón. Ante las propuestas del panismo, los priistas se opusieron férreamente, pero al llegar a la Presidencia su compañero Enrique Peña Nieto, sin chistar, aprobaron lo mismo que habían rechazado.
Semejante conducta han adoptado la mayoría de los legisladores de Morena y de sus simpatizantes y militantes.
Durante décadas, los agrupamientos de izquierda y de los sectores democráticos de la sociedad mexicana lucharon por hacer que las fuerzas armadas regresaran a los cuarteles, al tiempo que se proponía la instalación de mecanismos reales para fortalecer a los agrupamientos policiales.
Si bien la propuesta de crear la Guardia Nacional, con otro enfoque, la había lanzado AMLO en su libro “2018, la salida”, pero, a contrapelo de la lanzada la semana anterior, en su obra dice que “… se analizará colegiadamente la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 220 mil soldados y 30 mil marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina… con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país”.
Palabras semejantes había usado Peña Nieto para proponer la Gendarmería Nacional seis años atrás. No cumplió.
Los resultados están a la vista, en el curso de los sexenios de Calderón y Peña Nieto –hasta octubre de este año– el saldo es la presentación de más de 241 mil homicidios, reconocidos oficialmente y varias decenas de miles de desaparecidos, con medio país convertido en cementerio clandestino.
Además, en el mismo período se habrán usado alrededor de 1 billón 800 mil millones del presupuesto federal para las instituciones y dependencias de seguridad pública (Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública –en tiempos de Calderón y la correspondiente dependencia en el de Peña– y la PGR.
Esa estrategia, basada en el uso de la fuerza, empleada en el mundo entero, a la que la ONU ha llamado a desactivar e iniciar un debate sobre la criminalización del tráfico de drogas, es la que fracasó en México.
De ahí el preocupado llamado del secretario general de Amnistía Internacional (AI), Kumi Naidoo, quien le dijo que “Hoy, señor presidente electo, usted está ante una encrucijada: puede tomar el mismo camino que sus predecesores y arriesgarse a cometer los mismos errores o puede adoptar una nueva estrategia y desarrollar otro tipo de enfoque, uno en el que las fuerzas armadas regresen lentamente a sus cuarteles y en el que se inviertan recursos en la creación de una fuerza policial que respete los derechos humanos y en la que puedan confiar los mexicanos”.
Ahora bien, si nunca se puso en marcha un plan para fortalecer verdaderamente a las policías, como asegura en la exposición de motivos la iniciativa de Morena, propuesta para crear la Guardia Nacional (GN), ¿es motivo suficiente para llevar a cabo lo propuesto por AMLO que es, en síntesis, crear un cuerpo policíaco, a partir de la incorporación de varias decenas de miles de soldados y marinos –tanto de la tropa regular, como de la Policía Militar y la Naval–, además de una parte de quienes componen ahora a la Policía Federal, bajo mandos militares y dependientes, operativamente, del secretario de la Defensa Nacional?
En el pasado esto ya se hizo. La Policía Federal de Calderón se nutrió, básicamente, de miles de soldados que sólo cambiaron de uniforme y mandos, pero bajo mandos civiles. No nos fue bien, en especial el laboratorio que en esta materia es Juárez.
Las atrocidades padecidas por los michoacanos a manos de los criminales y de los policías federales, en los albores del sexenio de Calderón, fue replicada en el antiguo Paso del Norte. Luego, lo que serían episodios emblemáticos –y, por desgracia, repetidos en el resto del país– de los abusos cometidos por elementos del Ejército y de la Policía Federal, especialmente en el Valle de Juárez, en aquellos años violentos, que no fueron, como luego se trata de atenuar lo sufrido en Juárez, de hechos aislados.
De ninguna manera se rechaza una propuesta con argumentos particulares, pero algunos de éstos sí son representativos de una situación generalizada, en la que en el país se puso en vigor una estrategia consistente en poner al mando de las policías a militares en activo o en retiro, pero siempre bajo la autorización y escrutinio de la cúpula militar.
Lo que deberá sopesarse es si, como sociedad, hemos concluido que la seguridad pública ya no debe ser responsabilidad de las autoridades civiles, para entregársela a la militar.
El problema es que la fuerza militar no está preparada para efectuar tareas policiacas, los militares están entrenados para eliminar al enemigo, por eso se encargan de la seguridad nacional, no es lo suyo respetar el Estado de Derecho en medio del tráfago de la sociedad; no tienen como objetivo inicial, y central, detener a los presuntos delincuentes, sino eliminarlos, ejemplos recientes y antiguos de ello, sobran.
Ahora bien, la conclusión a la que llegó más de la mitad de los votantes es que los partidos gobernantes hasta ahora fracasaron en muchos sentidos, uno de ellos, fundamental, es la preservación de la seguridad pública ¿Por qué no iniciar un verdadero proyecto de construcción de la Policía que necesita el país, como parte de un plan integral de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, enfoques ausentes, tanto en el Plan de Paz y Seguridad, como en la iniciativa de reforma constitucional propuestos por AMLO?
Más aún, un plan de esta envergadura debe pasar, necesariamente, por la participación de las autoridades civiles –de los tres niveles–; de ninguna manera hemos cambiado el principio constitucional de la división de poderes y de la soberanía del país y las entidades federativas.
No son frases sueltas, lo que propone AMLO es de una gran trascendencia, la que no puede desactivarse en tres años si en ese lapso llegamos a la conclusión que lo ahora propuesto no sirvió.
Llegado a ese extremo ¿qué vamos a hacer, desarticular la Guardia Nacional, crear una Policía Federal y devolverle sus facultades a las autoridades civiles sobre este rubro?
En ese mismo sentido, causa escozor la conducta del presidente electo, en este tema y en otros. En “2018, la salida” no propone, de manera firme, la creación de la GN y habla de la valoración “colegiada” de la puesta en vigor.
Más. Ahí habla de la totalidad de los efectivos de las Fuerzas Armadas, y ahora, ante los contundentes cuestionamientos de la periodista Carmen Aristegui, recula y promete que lo someterá a “consulta”, pero ya bajo los ordenamientos legales, creados para entonces, lo que, en la práctica, llevaría a que la eventual creación de la GN sería hasta mediados del próximo año.
¿Y por qué esta medida, tan importante, no fue puesta a la consideración de los participantes de los foros de seguridad, realizados meses atrás? ¿Es que ya intuían del probable rechazo, de ahí la cancelación de los foros de Sinaloa, Morelos, Guerrero y Tamaulipas, por casualidad los estados más violentos de la parte final del gobierno de Peña Nieto?
Las contradicciones se agolpan.
En agosto de este año, luego de visitar al secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (posterior a un encuentro realizado con el secretario de la Defensa Nacional) afirmó que “no se va a hacer ningún cambio en la ley de seguridad pública actual, en tanto no se tengan resultados. Vamos primero a operar en el marco legal actual”.
¿Y entonces, qué cambió?
¿Acaso la explicación se encuentra en que en octubre de ¡2016! el secretario de la Defensa, general Cienfuegos, puso en marcha “un proyecto para que la Policía Militar (PM) asuma un papel predominante en el apoyo a los estados y a la Federación”, por lo que ordenó “que para el término del presente sexenio cada una de las 12 regiones militares cuente con un batallón de este agrupamiento capaz de responder a cualquier emergencia en materia de seguridad interior”. (La Jornada, 10/X/16)?
Esto causa un inmenso desazón.
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