Cruz Pérez Cuéllar
Político
Vaya escenario que estamos viviendo en Chihuahua con el tema de la violencia e inseguridad, que mezclado con de la politiquería que practican algunos protagonistas del gobierno de Chihuahua, comenzando por su capitán, el gobernador Javier Corral, que le ha dado por censurar hasta los proyectos más sensatos que le harían bien al estado, que le resolverían en parte el batidero que se le ha convertido este tema.
Claro que hay preocupación por dicha actitud, porque en lugar de sumar esfuerzos, de mostrar voluntad al diálogo, de ofrecer el beneficio de la duda, sin preámbulo se lanza a la yugular, como queriendo asumir a priori el papel de oposición, pero no racional sino totalmente alineado a las emociones. Es verdad que ya esgrimió lo que él considera argumentos válidos, en relación a la Ley de Seguridad Interior, propuesta por López Obrador en el “Plan de Paz y Seguridad 2018-2021”. Pero lo hizo sin la retroalimentación necesaria para entender la propuesta, no a la quincena o a la semana de haberlo analizado concienzudamente, o al menos de haberlo platicado, lo hizo al día siguiente en que fue presentado el mencionado plan, como predispuesto al señalamiento, desdeñando el diálogo.
El mandatario estatal tacha de “antifederalista” el mencionado proyecto, habla casi de una invasión a Chihuahua, de una afrenta directa del próximo Gobierno al soberano local. Nadie ha hablado de reasignar fondos del rubro de seguridad, de desaparecer partidas y Javier Corral ya señala que el plan “vulnera nuestra autonomía presupuestaria y financiera”; se propone en el plan seguridad a niveles que jamás han alcanzado los gobernantes locales, por lo menos en los últimos decenios, y el gobernador suelta la idea contraria, de que este plan “pone en serio riesgo principios y derechos fundamentales como el derecho a la seguridad pública…”. Hay una serie de paranoias y fantasías que el gobernador de Chihuahua no somete al debido ejercicio del razonamiento lógico, así como lo piensa lo expele, y hace juicios que no ameritan replicar, porque ante el desconocimiento del plan de seguridad ¿qué se le podrá explicar, si ya lo ha satanizado por completo?
Sería saludable que Javier Corral detenga, aunque sea un poco, sus impulsos y acuda con los impulsores de este plan de paz y seguridad, para que lo comprenda mejor. Si tiene una idea que lo pueda enriquecer que la someta al consenso y mediante las herramientas políticas disponibles, se abra al diálogo. Pero rechazar este tema tan elemental sin ver ni escuchar, es como dar por perdida la lucha en materia de seguridad sin siquiera haberlo intentado.
La cerrazón del Gobierno a esta propuesta, sí tiene a mi juicio una justificación. En la hipótesis de que la inseguridad en el estado de Chihuahua se estuviera atacando con efectividad y los resultados fueran la comprobación de dicha suposición, entonces me parece que existiría un buen pretexto para negar la ayuda ajena, para rechazar el apoyo federal. Pero la realidad, esta realidad en la que usted y un servidor nos estamos comunicando por este medio y no la que está en la cabeza del gobernador que no visualiza la destrucción a su alrededor a causa de la inseguridad, nos dice lo contrario: que la batalla la está perdiendo el Gobierno local puesto que han sido superadas sus fuerzas, su estrategia ha sido burlada y la crisis generada por los criminales ha hecho que nuestra entidad vuelva a mencionarse en titulares nacionales e internacionales por la gravedad del problema.
Y como en el juego de palabras y discursos, se ha tratado de desvirtuar lo evidente, menciono tan sólo algunos datos que me parecen elocuentes:
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en su vigésimo primer levantamiento llevado a cabo durante la primera quincena de septiembre de este 2018, señala una percepción ciudadana sobre la inseguridad, en Ciudad Juárez, de un 72.8 por ciento en junio de este año, cifra que se elevó en la muestra de septiembre a un 78.2 por ciento; a Juárez le sigue la capital, donde la percepción de inseguridad, de acuerdo con la misma encuesta es de 70.9 por ciento en junio y 71.9 por ciento en septiembre.
Desgraciadamente hemos vuelto a los números rojos del 2008, del 2009, cuando arreció el clima de violencia en el estado y todo el país. Los datos de la encuesta nacional arrojan que las ciudades punteras en este tema son Ecatepec de Morelos, Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula, aunque Juárez y Chihuahua no están muy lejos de estos lugares. Como estado seguimos entre los más violentos, junto con Guerrero, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas.
La percepción de inseguridad es una cosa, es cierto, el fenómeno a veces va saturado de exageraciones, pero en este caso la percepción va aparejada con la realidad misma, claro que no existiría la primera sin lo segundo. Los datos fríos e incómodos para las autoridades locales no desmienten lo expresado por los ciudadanos en la encuesta nacional del Inegi.
Hay un incremento en los índices delictivos que proporcionó hace unas semanas el centro de análisis México Evalúa, y que revela cifras aterradoras.
Hablando tan sólo de los homicidios dolosos, en agosto aumentaron en 89.9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior; Ciudad Juárez superó en siete meses la tasa de homicidios registrada en todo un año, desde el 2015.
En el informe “Violencia recrudece en Chihuahua”, de México Evalúa, se habla de este incremento de violencia en la entidad. Tan solo en agosto se sumaron 226 asesinatos dolosos, la mayoría de ellos perpetrados en Juárez y Chihuahua.
El municipio de Juárez es considerado como el más violento con 736 homicidios dolosos, seguido de Chihuahua con 208, Cuauhtémoc con 67, Guadalupe y Calvo con 45, Guerrero con 19 y por último Madera donde se presentaron 18, según los datos oficiales presentados en ese informe que calcula hasta agosto pasado.
Por si fuera poco, la caza de agentes policiacos pone énfasis en esta debacle, que no ha podido superar la administración de Javier Corral, en donde se han cometido varios asesinatos de policías de las distintas corporaciones, con mayor afectación para la Policía Estatal, que está a cargo de la Fiscalía General de Estado. En lo que va del presente quinquenio suman ya 76 policías asesinados.
Los datos oficiales y los obtenidos por organizaciones civiles revelan la cruda realidad, descubren lo que la elocuencia en uno y mil discursos elaborados por el gobernador no pueden ocultar. Lo más lamentable es que pontifique en la materia y señale las propuestas, las censure, como si la bronca la tuviese resuelta, o como si tuviera de donde asirse cuando las cifras y esos datos fríos nos revelan que la lucha se está perdiendo.
Quisiera terminar con una frase desgarradora, exprimir la bilis y decir por último que todo está dicho, que poco se puede hacer, y achacar al gobernador todos los males que sobrevengan al estado por su cerrazón, pero no. Esos males nos afectarían a todos, y por eso concluyo pidiendo al mandatario que reflexione el asunto, que deje a un lado las fobias y anteponga el bien común, al cual nos debemos todos los que tratamos de hacer buena política.