LA COLUMNA
de El Diario
• El caso Patrick en la justicia americana
• La débil defensa de Palacio con la deuda
• De los pasivos el inge no explica una palabra
Para la familia del norteamericano Patrick Braxton este murió desde que desapareció en las turísticas Barrancas del Cobre el 28 de octubre pasado. Perdió la vida “a manos de una organización criminal en la zona que viajaba”, dicen los familiares en la página de Facebook creada para la búsqueda.
Aunque reveló desde temprano la familia en la red social haber sido notificada del deceso por la Fiscalía General del Estado y que continúa la búsqueda “para recuperar su cuerpo”, el titular de dicha institución, César Peniche, rechazó sistemáticamente oficializar el asesinato hasta que lo hizo por la noche el gobernador, Javier Corral, a través de su cuenta de Facebook.
Estamos pues en presencia del asesinato de un extranjero en una zona paradójicamente turística de clase mundial pero dominada también por bandas del narcotráfico cuyos miembros actúan con extraordinaria crueldad y falta de escrúpulos. Son el terror de los lugareños pacíficos a los que mantienen amenazados y extorsionados. Para este caso Corral dice que el asesino y su “gavilla” pertenecen a una célula del Cártel de Sinaloa.
No hay defensa del Estado frente a esas circunstancias de violencia salvaje que predominan en Urique, el pequeño municipio al que pertenecen las Barrancas, donde hay tirolesas, hoteles de lujo, teleférico... y paisajes incomparables. Llega turismo de todas parte del mundo.
La muerte de Patrick definitivamente no será una más de las decenas que ocurren en aquella localidad y en todos los pueblos de fama en la región serrana, Creel, San Juanito, Bocoyna, Guachochi, etc.,
Los chihuahuenses y/o mexicanos mueren ahí perteneciendo o sin pertenecer a los grupos delictivos pero todos en escenarios de ingobernabilidad extraordinaria, documentada día con día en las páginas de El Diario y la mayoría de los medios informativos de Chihuahua y del país.
No se han conmovido el gobernador y sus funcionarios policiacos por el dolor humano sufrido allá hasta hoy que ocurre la muerte de Braxton y debió notificarla a su padre.
Para la memoria de Patrick y su familia por fortuna tienen un Gobierno que es todo lo contrario al chihuahuense. Todo asesinato de estadunidenses ha sido castigado con la severidad de su sistema de justicia...y más.
Ha ocurrido en múltiples casos, uno de ellos el célebre del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar; y el de una empleada del Consulado Norteamericano en Ciudad Juárez, asesinada en esta frontera junto con su esposo y otra acompañante en marzo del 2010. Los culpables han sufrido o están sufriendo las respectivas consecuencias.
Agentes norteamericanos trabajan conjuntamente con sus similares federales y estatales en la región de Urique para detener al o los atacantes de Patrick. Estamos seguros que lo conseguirán, más temprano que tarde. Su solidaridad y sentido de responsabilidad en el servicio público es otra cosa para el tercermundismo sufrido acá en materia de seguridad pública y aplicación de la justicia.
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Tras la publicación en El Diario sobre el trabajo que muestra la bancarrota de las finanzas de Chihuahua, salió el martes en El Economista una nota que alaba el manejo de la deuda pública estatal.
Se trata de un esfuerzo de relaciones públicas del Gobierno chihuahuense que ante la evidencia del catastrófico panorama financiero opta, una vez más, por el autoelogio.
Dice la nota que de acuerdo con la calificadora HR Ratings, el proceso de refinanciamiento de la deuda de largo plazo y la contratación de créditos de corto plazo muestran un “buen manejo” financiero por parte del equipo de la Secretaría de Hacienda corralista.
El reporte en el que se basa la nota es, ni más ni menos, uno encargado por el propio Gobierno estatal: “La calificación antes señalada fue solicitada por la entidad o emisor, o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación”, especifica la firma... ¡¡¡Tómala!!!
El propio documento, fechado casualmente el 13 de noviembre, es decir, tras la publicación del trabajo especial de El Diario, hace énfasis en que la calificación “HR A-” obedece a una posición de “debilidad relativa” y que en las estimaciones hechas incluye ya el efecto calculado del refinanciamiento, operación que, hasta la fecha, no ha dado los resultados prometidos por el Gobierno de Javier Corral.
“El Servicio de Deuda en 2017 (SD) representó 15.8 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición (ILD), lo que fue mayor al nivel de 13.3 por ciento observado en 2016… De acuerdo con las estimaciones de HR Ratings para 2018, el Servicio de la Deuda a ILD incrementaría a1 7.6 por ciento en 2018, debido al incremento en el uso de financiamiento a corto plazo al cierre de 2017”, explica la agencia calificadora.
El reporte, disponible en la página de HR Ratings, es claro: la deuda pública aumentó.
“La Deuda Neta Ajustada como proporción de los ILD pasó de 105.3 por ciento en 2016 a 113.9 por ciento en 2017”, sentencia el reporte.
Incluso y a pesar de la calificación, HR Ratings alertó sobre el estado de las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC), del activo circulante y su impacto en la liquidez: “este nivel refleja la falta de liquidez que podría presentar el Estado para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, por lo que HR Ratings dará seguimiento a su comportamiento”, sentenció la empresa.
Prácticamente párrafo por párrafo, las 19 páginas del reporte dan cuenta de lo que su equipo se niega a aceptar en público: la deuda crece, crece y crece.
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Han sido incontables las veces en las que se ha solicitado información oficial a la Secretaría de Hacienda sobre temas de pesos y centavos.
Arturo Fuentes Vélez, el jefe de esa dependencia, ha permanecido en absoluto mutis, salvo cuando sale a defender lo indefendible y justifica el crecimiento de la deuda con cambios en la forma de reportar los pasivos.
No ha aclarado el ingeniero un tema toral: en el reporte analítico de deuda publicado trimestralmente aparece un rubro denominado “otros pasivos”, que al igual que el resto de los indicadores, muestra incremento.
Para septiembre de este año, los “otros pasivos” eran ya de 5 mil 637 millones de pesos; 968 millones de pesos más que en julio. Con esa cantidad superan fácil los Fuentes Vélez y compañía no se han dignado a explicar qué son esos pasivos, a quién se deben y menos, todavía, a explicar cómo van a hacerle para disminuirlos.
Son mudos, cuando les conviene. Ya chale con su silencio.