Luis Javier Valero Flores
Analista
La resolución de la Fiscalía General del Estado (FGE), de “cerrar” la carpeta de investigación sobre el fallecimiento de la anestesióloga Karen Estrada Ávila, “tras determinar –con la intervención de especialistas externos y de la PGR– que la presunción de homicidio se derivó de un error en la autopsia efectuada por un médico legista del Servicio Médico Forense” (“Pifia de la FGE: anestesióloga no fue asesinada”. Nota de S. Ochoa /J. Montes, El Diario/Chihuahua, 14/XI/18), no hizo más que develar un mundo de inaceptables irregularidades existentes en la dependencia encargada de la procuración de justicia en la entidad.
Karen Estrada apareció muerta el pasado 5 de agosto, en el hospital Christus Muguerza-Clínica del Parque, de la ciudad de Chihuahua, aparentemente en un baño.
Inicialmente se dijo que la causa del fallecimiento había sido asfixia por estrangulamiento. Durante semanas se controvirtió en los medios de comunicación sobre las muy extrañas informaciones vertidas en torno a la causa de la muerte, compatibles con la existencia de un asesinato y el intento de ocultarlo.
Ahora resulta que, de acuerdo con los resultados de los análisis reportados por la FGE, la muerte “se derivó de una complicación generada por el embarazo de la doctora y el consumo excesivo de un medicamento”. (Ibídem).
Con base en este informe, la FGE determinó la inexistencia de elementos para investigar un homicidio.
Las irregularidades reveladas son incompatibles con la existencia de un Estado de Derecho y confirman la creciente percepción de la urgente necesidad de relevar a su titular, César Augusto Peniche, e iniciar una profunda reestructuración de la dependencia.
Más allá del caso concreto de la doctora Estrada Ávila, en el que están demostradas las irregularidades, a cual más de sospechosas, las mismas que los obligaron a solicitar estudios periciales a una agencia “externa” y a la PGR, lo relevante es que en la FGE ¡no existe un médico legista!
Es de no creerse.
Así lo dice el reporte periodístico: “El Servicio Médico Forense cuenta con cinco médicos, pero sólo uno es especialista en medicina legal y desde hace varios años no realiza necropsias, sino que se encuentra asignado a actividades administrativas. El resto son médicos generales que han tomado algunos cursos, lo que podría ser una de las causales del error que hizo a las autoridades ministeriales suponer que Estrada Ávila había sido asesinada”. (Ibídem).
Concedamos que no cualquier médico puede realizar un estudio puntilloso sobre las aparentes causas de muerte de una persona, pero cualquier profesional de la medicina sí está capacitado para determinar si una persona murió asfixiada o no; los signos de ello son de los más evidentes. En la causa de la asfixia puede controvertirse, pero hasta ahí.
Ahora resulta que quien hizo el acta de defunción se equivocó en una cosa tan gruesa.
Pero que el Servicio Forense no cuente con el personal especializado, necesario para enfrentar la enorme carga de trabajo –en tiempos “normales”– a fin de aportar las pruebas periciales requeridas en la investigación, es inaceptable, más en los momentos actuales en los que la incidencia homicida lleva más de 20 meses a la alza.
Asombra conocer esta realidad, luego de que durante toda la segunda mitad de la primera década de este siglo se invirtieran crecientes sumas de dinero en equipar a los servicios periciales de la Procuraduría y luego, ya en la presente, a la FGE.
Una conclusión de tales carencias es más estremecedora: la de que decidieron no invertirle más recursos a la investigación de los homicidios, pues al final de cuentas saben que no los investigarán.
De espanto.