Gerardo Cortinas Murra
Analista
El ‘Encuentro Nacional Anticorrupción’ (ENA) celebrado en días pasados, cuyo objetivo fue “discutir, articular y organizar el movimiento nacional en contra de la corrupción y (formular) acciones concretas para hacer frente a los retos que conlleva combatir y disminuir los riesgos de corrupción en nuestro país”, no deja de ser una pasarela mediática más en la que Javier Corral –a costa del erario estatal– pretende compartir los reflectores nacionales con AMLO en materia de inseguridad pública.
Para la organización ‘México Evalúa’ el ENA “aspira a abrir el diálogo sobre la investigación de hechos de corrupción y a construir conjuntamente propuestas que cuenten con el conocimiento y respaldo de las instituciones académicas, el impulso de las organizaciones de la sociedad civil organizada, el compromiso de los funcionarios públicos y legisladores, así como de la voluntad de todos”.
Por desgracia, el ENA exhibió la evidente incongruencia que caracteriza a Javier Corral en este rubro: su insistencia (terquedad que raya en lo enfermizo) de que el Gobierno de Peña Nieto protege al ‘vulgar ladrón’ de César Duarte; misma se contrapone con la infame aplicación ‘selectiva’ de la justicia penal y administrativa en el ámbito local.
El protagonismo mediático de Corral llegó al extremo de afirmar que “… me gustaría decir muchas cosas, no puedo. Me gustaría decirles todo lo que pienso y siento, no puedo, no porque tenga miedo o porque tenga temor sino porque hay un problema también en el país para el debate y el diálogo abierto y franco sobre el momento que vivimos que es la enorme descontextualización que se produce en los medios de comunicación”.
Y no conforme con ello, agregó que “por buena o mala voluntad, en el periodismo de hoy en día se recogen hechos aislados más que hechos complejos”. ¿Hechos aislados? Por supuesto, en eso consiste, precisamente, la justicia selectiva: en la inaplicación de los principios jurídico-procesales en ciertos casos aislados para perjudicar –por mezquinos intereses políticos– a quienes se consideran enemigos del régimen en turno.
Y qué mejor oportunidad para acreditarlo, con el comentario vertido por el Presidente del TSJ, en el sentido de que “todo el derecho penal, absolutamente todo, es selectivo. No hay formas de investigar y procesar todas las conductas delictuosas. El problema no es que sea selectivo o no, el problema es cómo se selecciona; pero no hay MP o Fiscalía en el mundo, que sea capaz de procesar todos los delitos que se cometen, por lo tanto, siempre hay selección”.
Nuestro colega Jaime García Chávez critica la declaración de Pablo González,en los términos siguientes: “Lamentable declaración de un personaje del mundo judicial que presume de vasta cultura jurídica y conocimientos filosóficos y que en su afán de hacer la defensa de la visión corralista, produce lo que se llama ‘argumento nulo’. O un eufemismo en favor de su empleador…”
A mi parecer, la fama de Pablo como un docto en materia penal, resulta ser sumamente cuestionable; más ahora que ocupa el doble cargo de Presidente del TSJ y el de Presidente del Consejo de la Judicatura; ya que al interior del Poder Judicial, la justicia selectiva se extiende a otorgar una descarada protección a ciertos funcionarios judiciales que han sido denunciados por actos de corrupción.
El más destacado de estos casos, es la denuncia administrativa promovida en contra de ‘Lucha’ Castro; misma que al día de hoy, ha estado ‘congelada’ por más de nueve meses por órdenes directas de la propia consejera denunciada. Y por si esto fuera poco, en el ámbito de la Justicia Federal, el recurso de revisión en el amparo promovido en contra de la designación de esta exactivista social ha sido dilatado, por más de ¡un año…!
Así las cosas, le sugiero a Javier Corral que no diga lo que piensa, pero no por la “descontextualización” que provocamos los periodistas críticos; sino más bien por su hipocresía que raya en lo patológico.