Cruz Pérez Cuéllar
Político
El tema de la corrupción en nuestro país podrá ir cediendo terreno si cada uno hace la parte que le corresponde, si cada cual contribuye, en la medida de sus posibilidades, a mejorar el entorno, a limpiar poco a poco una pequeña parte del estercolero que vemos por todos lados. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles, porque además hay un compromiso explícito contraído con todos los ciudadanos que nos obliga por partida doble a hacer las cosas bien, y no sólo eso, a ir erradicando los errores del pasado.
Entre los muchos vestigios palpables del sistema democráticamente derrocado en julio pasado, está la degeneración de los procesos judiciales, que en el aparato federal contribuye a excesos que hacen de la justicia un rehén de intereses particulares y hasta familiares, a veces se llega a confundir el sentido propio de los casos y se emiten sentencias con sesgos claramente políticos o de otra naturaleza.
Para poder corregir el problema grave de la superficie es necesario ir a la base, a parte del origen de muchas de esas corruptelas, muchas de ellas aceptadas o ignoradas por una aberrante costumbre que ha permitido hasta ahora, que muchos hombres influyentes del Poder Judicial de la Federación, decidan a su arbitrio quiénes entran y quiénes salen del sistema, quiénes merecen el ascenso y quiénes no. Mediante criterios sumamente subjetivos o personales se designa a ciertas personas para determinados cargos, con o sin experiencia, con o sin méritos; el supuesto más repudiado por la ciudadanía, es aquel que a pesar de las deficiencias que el “recomendado” pueda tener, sea hijo, esposa, sobrino, tío, o tenga otro parentesco con quien promueve su contratación.
Este tipo de influencia que llegara al clímax del cinismo a finales de los años 70´s y principios de los 80´s con aquella famosa frase del expresidente José López Portillo, que dijo “es el orgullo de mi nepotismo”, refiriéndose a su hijo, José Ramón, que había sido nombrado secretario de Estado. Entiendo que después agarró otros vuelos esta actividad y aunque no lo expresaran los funcionarios tan descaradamente, se volvió notoria en las oficinas de gobierno la presencia de cónyuges, concubinas, y parientes muy allegados, unos por consanguinidad y otros por afinidad, trabajando para ellos o terceros, pero naturalmente promovidos bajo su gracia.
En el caso del sistema judicial mexicano, lo más reprochable es la incapacidad de muchos promovidos (de los arriba mencionados) para desempeñar los cargos que se les ha conferido, y por otra parte, la resta de méritos a los trabajadores del sistema judicial que durante años, algunos durante décadas, han participado en los concursos para lograr el ascenso, o la colocación, pero de buenas a primeras, por tener algún parentesco o compadrazgo con el juez, o el magistrado, o algún funcionario de alto nivel en el propio Poder Judicial, en el Ejecutivo o en el Congreso, llegan otros que relegan al buen elemento y se le posterga su ascenso o colocación, provocando que más adelante se alejen del sistema, que se quede anquilosado sin aportar sus conocimientos o métodos descubiertos, o en todo caso, que se corrompan también y apliquen en igual o distinta medida las corruptelas aprendidas de sus superiores.
Por lo anterior, en la semana que termina presentamos una iniciativa en el seno de la Cámara de Senadores, para erradicar esta práctica y se privilegie los méritos y conocimientos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en toda su estructura, desde la Sala Superior, hasta los tribunales colegiados y unitarios de distrito, juzgados de distrito, y todos ellos con sus respectivos juzgados y tribunales auxiliares, además de los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Y en todas las áreas que dependen del Poder Judicial federal.
En datos presentados en la iniciativa incluimos la investigación denominada “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, donde se señala que en nuestro país el 51 por ciento de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito. De los cuales el 68 por ciento son familiares por consanguinidad, es decir padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos, sobrinos. El 32 por ciento restante son familiares por afinidad: cónyuges, suegros, cuñados, hijastros.
Hay todavía situaciones más alarmantes, como es el caso del sistema de justicia federal en el estado de Jalisco, donde cerca del 80 por ciento de los impartidores de justicia tiene al menos un familiar en el mismo circuito judicial.
Y otro caso que nos ha llamado mucho la atención, es el de un magistrado del XXV Circuito de Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, cuñadas, primos y sobrinos, en diversos puestos, que fueron colocados como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.
En este mismo XXV Distrito, hay un magistrado que tiene 30 años adscrito a dicha circunscripción territorial, lo que le ha permitido establecer una amplia red de intereses, lo que ha provocado que una misma familia conozca el mismo asunto en distintas etapas. Y todo la hemos documentado para ilustrar el caso, donde es evidente que el fiel de la balanza de la justicia en este caso, como en muchos otros ya no es tal y que requiere de un ajuste inmediato, so pena de incrementarse la red de nepotismo y que los casos resueltos carezcan aún más de la imparcialidad requerida.
También hay que considerar, el intercambio de empleos que los juzgadores hacen para sus familiares con colegas de otros circuitos, que les responden de la misma manera, hacen que el problema se entienda más arraigado de lo que imaginamos, y por lo tanto, más difícil de erradicar.
Existen otras investigaciones, como el “Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, elaborado por Felipe Borrego Estada, consejero de la Judicatura Federal, y presentado en 2017, que da constancia de la existencia de múltiples casos de nepotismo y las consecuencias que puede llegar a generar este problema, tales como corrupción, falta de imparcialidad de los juzgadores, deficiencia en el desempeño de la función jurisdiccional, entre otros.
La iniciativa presentada va dirigida a corregir el proceso de inclusión de nuevos miembros del sistema judicial, así como la revisión de los que ya se encuentren laborando actualmente. Además de sancionar a quienes intervengan en la promoción de algún familiar o amigos, sin mérito alguno. Se trata de una adición al artículo 112 de la Ley Orgánica del PJF que obligará a los aspirantes a laborar en cualquier nivel del sistema judicial, a presentar un documento oficial en el cual declaren, so pena de sanción (en caso de falsear la información), si tienen algún vínculo familiar o de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Además de otra adición al artículo 131, para deslindar responsabilidades a los trabajadores del PJF en caso de gestionar o directamente realizar un nombramiento indebido de un amigo o familiar.
No decimos que con lo anterior habremos de eliminar de tajo con el problema sustantivo de la corrupción en el Poder Judicial, pero sí de dar un paso importante en este cometido, que traerá consecuencias positivas para el propio PJF pero también para la sociedad entera, que tendrá mayor confianza en la impartición de justicia y por ende, en el Gobierno federal. Éste es uno de los mayores compromisos que en Morena nos hemos echado a cuestas.