LA COLUMNA
de El Diario
Una de las muchas frases impactantes dichas por el gobernador: “si no aprovechamos ahora que estoy en la plenitud del pinche poder entonces cuándo...”.
“Señor gobernador, le recuerdo que en esta vida, hay cosas que el dinero no puede comprar, y yo creo que su futuro político vale mucho más que eso”, dice al gobernador el “dueño de la televisora”.
Son guiones esos que integran diálogos contenidos en “La Dictadura Perfecta”, la ovacionada película de Luis Estrada que fue pasada ayer en el patio central de Palacio de Gobierno como parte final del cierre del Encuentro Nacional Anticorrupción que por tres días llevó a cabo Javier Corral Jurado con un par de decenas de conferencistas nacionales. Antes fue corrida la cinta de “La Ley de Herodes”.
Bien pudo ser Corral el Carmelo Vargas de la película transmitida y Sergio Valles el “dueño de la televisora”, socio del mandatario estatal en el Canal 28. La trama del filme les embona ad hoc.
Los números que presenta el Inegi en su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 son demoledores. Probablemente ahí encontró Corral la principal justificación técnica para ese rimbombante “Encuentro Nacional”.
Una primera gran falla indudablemente maliciosa de ese evento fue la escasa difusión de las conferencias. Hubo ponentes realistas, objetivos y críticos pero sólo entre cuatro paredes. Cinismo como en la película aludida.
Promovieron la discusión y profundización en los temas. El aparato oficial mediático, sin embargo, no tuvo penetración. Las visitas en vivo y en las retransmisiones no llegaron ni a miles. Un desperdicio de esfuerzo y de dinero público.
Se distinguieron entre los organizadores instituciones académicas y de la sociedad civil. La publicidad oficial del encuentro así da cuenta de ello. Pero entre todos esos interminables logotipos no se vieron a las universidades de Chihuahua, ni públicas ni privadas, que bien pudieron cobijar parte de la organización. Una oportunidad más perdida en una visión de promoción al centralismo... o a evitar mayor crítica de la existente.
Por lo demás, no existe quién pueda poner un pero en la necesidad de justicia ciudadana, rendición de cuentas, ataque a la corrupción, procuración de justicia eficiente, indicadores que midan adecuadamente la corrupción, tendientes a evitar y condenar la normalización de este fenómeno, que no sólo amenaza, sino que ahoga a las instituciones, y que exige del gobernante acciones concretas, fuera de la comodidad del discurso y de la academia.
No son momentos para tumbarse sobre el mullido salón aclimatado de la Casa Chihuahua a discutir los orígenes de la corrupción, sino de tomar acciones contra ella.
Por ello una de las principales demandas al dichoso encuentro es precisamente ese punto en letras grandes y negras: o gobiernas o te dedicas a la academia, que para ello hay instituciones que tienen en sus facultades, la obligación de la discusión y profundización.
La facultad de la autoridad es actuar. No debe haber dilación en ello, porque la situación lo exige. Veamos:
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Una de las intervenciones que más vistas acumula en Facebook sobre el dichoso Encuentro Nacional Anticorrupción que ayer concluyó es la de Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno y Seguridad Pública, del Inegi.
La información que presentó fue de primera mano. Calientita. Apenas en marzo estuvieron los resultados de la ECIG, encuesta que mide calidad e impacto gubernamental, con base en indicadores que México armoniza a nivel internacional.
Datos fuertes del 2017, no del 2016 o anteriores. Pertenecen al primer año de administración del gobernador Javier Corral.
Vamos primero a los servicios básicos que recibe la población. Agua potable. La percepción de calidad en el suministro es apenas del 65 por ciento, cinco puntos arriba de la media nacional. El 43 por ciento piensa que el agua se desperdicia por fugas, cuando la media nacional es de 35.
En cuanto a seguridad, también los números son malos. La sensación de seguridad es de 47 por ciento, contra 27 nacional. Pero el dato más crudo lo da el indicador seguridad en términos de delincuencia: sólo 23.6 por ciento de ciudadanos sienten seguridad en este apartado, contra un 21.2 nacional. Una diferencia mínima. Pocos avances.
En corrupción, el dato es demoledor, como dijimos al principio: 87 por ciento de las personas tiene percepción de que este mal existe y afecta. No hay diferencia contra la percepción nacional al respecto, que es apenas del 91 por ciento.
Es decir, en Chihuahua 87 personas de cada 100 sienten que hay corrupción, contra 90 personas de cada 100 a nivel nacional. La diferencia pírrica indica que las cosas no están funcionando para un régimen cargado de promesas y expectativas en combatir ese flagelo .
La victimización en términos de corrupción va por las mismas, aunque en Chihuahua ha tenido una mejora en relación al 2016. Para el 2017 sólo 15 mil por cada 100 mil han sufrido personalmente corrupción. En 2016 eran 17 mil. La tasa se movió apenas 11 por ciento. El avance es mínimo. Seguro fue un favor.
Como explicó Adrián Franco, una cosa es percepción y otra la afirmación de haber sido víctima. El número es escandaloso, como lo es también el dineral que los chihuahuenses, percápita, de acuerdo con Inegi, pagan por corrupción, que son mil 500 pesos, contra los dos mil 273 que se pagan a nivel nacional.
Pero eso no es todo.
Evidentemente la percepción y victimización en el caso de corrupción pega en la confianza en las autoridades. El dato tampoco es halagüeño para la actual administración estatal.
La confianza en la autoridad municipal, que es la más alta, es apenas del 54 por ciento; en jueces y magistrados del 44; en la Policía, del 49; en el Gobierno federal del 41; en partidos del 30, y, en el Gobierno estatal, del 42.6.
Los datos están ahí. Pueden ser consultados en el micrositio de Inegi e incluso bajarse en el informe ejecutivo en PDF.
Sólo cuatro de cada 10 ciudadanos confían tanto en la autoridad estatal como federal.
Como que la autoridad debe hacer algo más que organizar conferencias y ponerse a trabajar; los ciudadanos lo demandan, según los análisis de sus propios ponentes, valga el agregado, pagados con recursos del erario chihuahuense.
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María Novoa intervino en el segundo día de conferencias. El viernes, ante una Casa Chihuahua que tenía en primer fila al gobernador Corral, pierna cruzada, que movía nervioso momento a momento, de un lado a otro.
Novoa es integrante de México Evalúa, una de las organizaciones invitadas al Encuentro Nacional Anticorrupción, junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Integralia de Luis Carlos Ugalde, el Tecnológico de Monterrey, Nosotrxs.org, y el Consejo de Participación Ciudadana del sistema anticorrupción nacional y estatal –donde la primer queja fueron los recursos, ni para comprar plumas les presupuestaron–.
Ella fue prolija en elogios a la Operación Chihuahua. Los criterios de oportunidad ofrecidos para conseguir testimonios, innovaciones que permitieron librar decenas de órdenes de aprehensión, concretadas en procesos judiciales. Toda esa justicia simulada a cargo de Palacio de Gobierno.
Habló ella de vacíos normativos, debilidad institucional y de voluntad política.
Una voluntad política que debe, sin duda, transformarse en acciones y decisiones que fortalezcan las instituciones en el combate a la corrupción.
El problema es la mimetización de afanes de impunidad, con órganos de fiscalización adecuados y cómodos.
Ahí estuvo en el encuentro como moderador de uno de los paneles el futuro auditor superior del Estado, Héctor Acosta. El policía en el cuartel de los delincuentes.
Subordinado hasta caer de rodillas, el funcionario designado pero sin fungir todavía porque es empleado federal, mostró sus dotes cortesanas y de entrega al Ejecutivo.
Acosta, militante del PAN, exfuncionario de varias administraciones del mismo color, poca esperanza otorga de una auténtica rendición de cuentas.
Probablemente ahí se resume esa frase de Novoa de voluntad política.
Lo demás es academia y discusión teórica. En la práctica, desde las mesas de discusión de la Casa Chihuahua, se dio muestra de poder efectivo del señor gobernador. Puso de moderador a quien le va a revisar las cuentas.
Así, no hay manera que mejoren los indicadores de confianza. No es posible. La corrupción en la administración corralista ha trascendido ya al terreno nacional. Son muchos los casos y plena la impunidad.
Corral sigue creyendo en las palabras de su homólogo ficticio: “este país necesita un hombre que sepa cumplir sus promesas, al que no le tiemble la mano para enfrentar la adversidad. Soy Carmelo Vargas. Con tu ayuda seré el próximo presidente de la República...”.
Sueña que es excelente gobernador y que merece llegar a la Presidencia. Ya quiso este mismo año llegar a la Presidencia. No lo despierta la realidad apabullante.