Pascal Beltrán del Río
Analista
Ciudad de México— A siete semanas de tomar posesión, el próximo gobierno federal ha comenzado a recibir las facturas de los grupos radicales con los que se alió durante la campaña electoral. El domingo pasado, en Acapulco, maestros de la Ceteg reventaron la sesión número 18 de los foros de consulta en materia educativa.
Los profesores disidentes de Guerrero se enfrentaron a sillazos con miembros de la Sección 14 del SNTE y exigieron la abrogación de la reforma educativa. Eso ocasionó que Esteban Moctezuma, próximo titular de la SEP, cancelara su participación en el encuentro y éste se suspendiera.
Durante la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador ofreció cancelar la reforma educativa, cosa que reiteró, ya como presidente electo, en Palacio Nacional –el 20 de agosto, día del inicio de clases– frente al presidente Enrique Peña Nieto y los equipos de uno y otro.
Sin embargo, para los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la promesa de López Obrador no ha sido suficiente. No les gusta escuchar que la reforma educativa –que los obliga a ser evaluados y limita los días que pueden faltar a clases– será “cancelada”. Exigen que se diga que será “abrogada”.
El 19 de septiembre pasado, en visita a Oaxaca, como parte de su gira nacional de agradecimiento, el presidente electo pidió a los profesores de la Sección 22 responder a la cancelación de la reforma con la promesa de dar clases “semanas completas, no solamente de martes a jueves”.
Dicho mensaje no gustó nada a los maestros. El vocero de la Sección 22, Wilbert Santiago, me dijo en Imagen Radio que los profesores se seguirían movilizando contra la reforma y todas las políticas que consideren equivocadas, al margen de quien sea el presidente de la República.
Los disidentes tampoco ven con buenos ojos el probable regreso de Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, cosa a la cual no parece oponerse AMLO.
¿Qué hará el próximo gobierno? ¿Aceptará las exigencias de la CNTE? ¿Se hará lo que anticipó el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, es decir, eliminar la reforma educativa de modo que “no quede ni una coma”, o simplemente no se aplicará?
¿Y qué pasará si para la CNTE no es suficiente lo que hagan el próximo gobierno y sus grupos parlamentarios? ¿Cómo los obligará a dar clases si no puede sancionarlos con descuentos o despidos?
Un problema similar se enfrenta con los grupos que se oponen a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El miércoles 3, durante una reunión entre pobladores de la zona de Texcoco y miembros del equipo de transición, los opositores de la terminal aérea –entre ellos los llamados Macheteros de Atenco– exigieron la cancelación del proyecto.
Pese a que todos los futuros funcionarios presentes coincidieron con ellos y criticaron el NAIM –uno de los caballitos de batalla de López Obrador en campaña– los pobladores exigieron que no se haga la consulta que está programada para el 28 de octubre, para que la ciudadanía decida si el aeropuerto se sigue edificando en Texcoco o se cambia a los terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía.
Uno de los voceros de los inconformes incluso acusó al equipo de transición de haber inventado la consulta como pretexto para permitir que se siga construyendo el NAIM.
¿Qué pasará si en la consulta es aprobado el proyecto de Texcoco? No sería raro porque en todas las encuestas que se han levantado luego de la elección del 1 de julio esa ha sido la opción ganadora.
¿Qué hará el próximo gobierno si los activistas de Atenco y otros municipios desconocen la consulta y deciden bloquear las obras del NAIM?
De forma semejante, el equipo de transición parece haberse convertido en rehén de quienes demandan que se reinicie la investigación sobre los hechos violentos de Iguala en septiembre de 2014, cuando fueron asesinadas seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Si bien las pesquisas a cargo de la PGR aún tienen que descubrir qué pasó con 42 de los 43 normalistas desaparecidos, ya hay un centenar de personas en prisión, procesadas por diversos delitos. ¿Quedarán en libertad esos presuntos responsables de los hechos?
Durante cuatro años, los familiares de los desaparecidos han exigido que se investigue al Ejército por esos hechos, cosa a la que ha accedido López Obrador, pese a que las investigaciones no han arrojado datos que haga eso necesario.
Pero aun si se interroga a los soldados, eso no garantiza un resultado distinto.
¿Qué hará el próximo gobierno si no puede cumplir las demandas de los padres de los normalistas, que salieron de la reunión que tuvieron con López Obrador el 26 de septiembre pasado con la esperanza –así lo declararon a los medios– de volver a ver a sus hijos?