Sergio Sarmiento
Periodista
Ensenada, Baja California.— Uno de los principios fundamentales del liberalismo que Andrés Manuel López Obrador dice admirar es que la ley debe aplicarse a todos por igual. No puedo haber ni los fueros especiales ni los tratos preferenciales que los conservadores favorecían para preservar sus privilegios. Las políticas que está anunciando el presidente electo, sin embargo, se distancian radicalmente de ese principio.
López Obrador anunció en septiembre una propuesta para dar un trato preferencial en los impuestos al valor agregado y a la renta a la frontera norte. Reduciría el IVA de 16 a 8 por ciento y el ISR corporativo de 30 a 20 por ciento, pero solamente en una franja de 30 kilómetros de la línea internacional.
Es positivo que un gobierno de izquierda baje los impuestos, pero el problema es que se trata de una reducción que solo beneficiará a unos cuantos, como si hubiera mexicanos de primera y de segunda.
Desde un punto de vista práctico, la baja del IVA daría a los negocios de la frontera norte una mejor posibilidad de competir con los del otro lado. Los consumidores pagan hoy un IVA de 16 por ciento en Tijuana, pero solo de 7.25 por ciento en California. El resultado es que mucha gente que puede cruzar la frontera prefiere comprar del otro lado.
Durante mucho tiempo, por otra parte, Estados Unidos tuvo un impuesto sobre la renta para las empresas muy superior al mexicano. El gravamen federal estadounidense era de 35 por ciento, al que había que sumar impuestos estatales que iban de 0 por ciento en Wyoming y Dakota del Sur hasta 12 por ciento en Iowa. Donald Trump, sin embargo, bajó el impuesto federal a 21 por ciento, una tasa más en línea con las que cobran otros países desarrollados, pero muy inferior al 30 por ciento mexicano. Por eso la presión para bajar el ISR empresarial mexicano.
Gerardo Esquivel, subsecretario de egresos del próximo gobierno, ha calculado que Hacienda perderá unos 40 mil millones de pesos al año por la disminución de impuestos en la frontera. Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estima, en contraste, que nada más la baja del IVA podría tener un costo de 110 mil millones de pesos anuales. En comparación, el ahorro por la reducción a la mitad de los sueldos de los altos funcionarios públicos solo representaría unos 2,500 millones de pesos cada año.
Las reducciones de impuestos representarán un gran beneficio para los mexicanos de primera. El comercio en Tijuana, por ejemplo, tendrá un gran impulso por la baja de IVA. Los mexicanos de segunda, sin embargo, serán perjudicados. En Ensenada, a 100 kilómetros de la frontera, se seguirá pagando 16 por ciento de IVA, por lo que la gente preferirá ir a Tijuana a hacer sus compras. El golpe al comercio ensenadense será muy fuerte.
En cuanto al ISR, muchas empresas preferirán establecer sus cuarteles generales en la franja fronteriza. La diferencia entre permanecer en Ensenada y pagar 30 por ciento o establecerse en Tijuana y cubrir 20 será enorme. Habrá una fuerte pérdida para los estados y ciudades que no estén en la frontera.
Quizá López Obrador debería recordar el principio fundamental de ese liberalismo que dice defender: todos somos iguales ante la ley. Cobrar altos impuestos a los mexicanos de segunda y solo la mitad a los de primera es injusto y generará enormes distorsiones económicas. Hay que bajar impuestos, sí, pero en todo el país.
Sin licitar
Si un congreso priista hubiera eliminado la obligación de licitar obras públicas estratégicas se le habría cuestionado por preparar actos de corrupción. Pero como es el congreso morenista de Tabasco, que prepara una asignación directa de la nueva refinería de AMLO, la medida se defiende como justa y necesaria.