Jaime García Chávez
Escritor
Uno de los grandes daños de las décadas del neoliberalismo es la agresión al papel que el Estado tiene en la sociedad, y me hago cargo de que ambas cosas tienen su lugar y sus características específicas. En medio de la globalidad imperial, el neoconservadurismo y los fundamentalismos del Consenso de Washington, el Estado pasó a ser una especie de entelequia, una pieza de museo bajo la divisa de minimizarlo en términos absolutos.
Este fenómeno es correlativo a los totalitarismos que padeció el planeta durante el siglo XX. Algo así como afirmar que a los poderosos estados que se adueñaron de la política como un monopolio, sobrevino la idea de que “entre menos Estado, mejor; si es mínimo, todavía mucho mejor”. Hubo en este ciclo una agresión despiadada contra el Estado benefactor, a pesar de que esa forma tan cara en muchas partes del mundo fue la base de una gestión de la economía –nacional e internacional– de corte capitalista. México no hace excepción al respecto, basta asomarse a los precarísimos sistemas de salud existentes, al salario e ingreso del común de la gente, por sólo poner un par de ejemplos. Si en el benefactor había una estratificación que permitía migraciones de abajo hacia arriba, eso se acabó. Vale la expresión: “se descompuso el elevador”, como bien lo dijo en una obra memorable el investigador Ricardo Raphael. Los viejos paradigmas pasaron a mejor vida y los asalariados pasaron a ser capital humano; los burgueses y los patrones se convirtieron en los empleadores y, por encima de todos, los empresarios se convirtieron en el paradigma de paradigmas y hasta inventaron el adefesio, dizque filosófico, del “emprededurismo”, cualquier cosa que eso sea.
Aquí en Chihuahua hay un par de ejemplos que nos hablan de la destrucción del Estado y de cómo el empresariado de alto nivel se ha ido apoderando o interviniendo en sus esferas, en demérito del mismo, para granjear, sin costo significativo alguno, aparatos controlados absolutamente por los magnates del capital. Crean sus aparatos, los monopolizan, los emplean a placer para sus fines y vemos la caricatura servil de los gobernantes que no hacen más que doblar la espina dorsal para ceder una y otra vez.
Hablo de la “filantrópica” Fechac, de la que ya me he ocupado, y de ese ente inútil que se conoce con el nombre de Fideicomiso para la Competitividad (sic) y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), cuya existencia se debe a un acuerdo entre César Duarte y el empresariado, que se convirtió en el decreto 842-2012 y se puede consultar en el Periódico Oficial del Estado. Como toda buena literatura de lo banal, se hacen referencias a las misiones y las visiones, con las que acostumbran simplificar su pensamiento los hombres del dinero; y más allá de esto, se supone que Ficosec surgió para colaborar en la seguridad pública, procuración y administración de la justicia, tareas que competen por entero al Estado y al gobierno, no a los particulares. Para coronar la aparición de este instrumento, se puso a la cabeza del mismo a Luis Lara que, agobiando a la sociedad, se dedicó a justificar y loar a César Duarte a partir de 2012, precisamente cuando se emitió el decreto de referencia.
Como toda intromisión indebida, pretendieron justificarla con fraseología típica: Ficosec sería apartidista, lejana al corporativismo y, de todas maneras, hablando por 36 mil empresarios. Para rimar con aquellos tiempos de la tiranía no faltó decir que el Ficosec nacía sin precedentes, que era algo único en el país; empero, no pudieron ocultar la realidad: el modelo era Colombia, los fines aviesos: apoderarse, de un solo tajo, de una parte del Estado, para su propia seguridad e intereses. Esencialmente sus intereses.
La dirección de Ficosec está integrada por 16 vocales y el secretario de Hacienda. Contra lo usual, este órgano estatal no preside el fideicomiso, a lo mucho está para poner el dinero de los chihuahuenses en manos de los otros 15 que además tienen un linaje centenario, en algunos casos, y fifí en todos. Pero no termina ahí la cosa: “sus acuerdos son inobjetables”, algo así como dotados de infalibilidad papal.
Si se tratara de un club o un casino de hombres adinerados, poco habría qué decir que no saliera en las páginas de sociales. Pero en esencia me quiero referir al hecho de cómo el Estado duartista, y luego el de Corral, le juegan al Robin Hood de los ricos, pues de las arcas públicas sacan carretadas de dinero para entregárselo a quienes más tienen.
Para sólo referirme a dos años, en el ejercicio presupuestal de 2017 recibieron recursos públicos por 135 millones de pesos, y en el año que corre los incrementaron a 160. Además, son renuentes a toda auditoría y rendición de cuentas. Son buenos para pedir y sacar, malos para permitir ponerse en una vitrina, para que todos podamos ver lo que se hace con las contribuciones que aportan los causantes.
Pregunto a los cuatro vientos: ¿de qué sirve a la sociedad la existencia de Ficosec? ¿Ha llegado algún beneficio a la colectividad? ¿Quiénes son los integrantes de la élite que se autodefienden con los recursos de todos? Las respuestas andan en boca de muchos, pero pocos se atreven a levantar la voz. Ficosec debe desaparecer, deben rendir cuentas, se les debe hacer una auditoría de gestión para determinar si lo que hicieron –si algo hicieron– tenía alguna pertinencia congruente con el interés público. Lo que vimos durante el duartismo fue mucho cosmético para la tiranía; luego vimos a Corral corriendo a quemarles incienso y a abrirles las arcas públicas con los números ya reseñados.
El Estado debe regresar por lo que pertenece a todos, asumir a plenitud la responsabilidad de la seguridad, nada se remedia compartiéndola como hasta ahora con las élites que al final del día son las que menos padecen la violencia que se sufre en las calles. Ellos viven amurallados, con sus propias escoltas, con sus coches blindados y, cuando es el caso, en sus propios búnkers. Pero para esta élite lo mejor sería que todo el Estado se enajenara a sus designios, que se construyera un régimen de privilegio excluyente para su confort y sus negocios. No saldremos de esta crisis de seguridad mientras tengamos Estado claudicante, que en lugar de asumir a plenitud, con eficacia y eficiencia sus atribuciones, las comparte con quienes menos padecen el flagelo que azota a la sociedad chihuahuense.
Pero al final, y por lo que hemos visto, hay algo que no podemos ocultar: cuando esos empresarios le recriminan al propio Estado sus hierros, deben entender que ellos son corresponsables, porque asumir una función de Estado, indebidamente, los mancha a ellos con los fracasos que hasta ahora hemos tenido.
Este tema y la guerra que padece el país, de nuevo tipo como se sabe, obliga a actuar con absoluta responsabilidad. No olvidemos que hay una Ley de Seguridad Interior que ha causado gran malestar en el país, que padecemos una indebida injerencia de las fuerzas armadas en la vida civil que le corresponde al Estado. Propuestas van y vienen y todo sigue igual, o con tendencia a empeorar. Los muertos se miden por miles, cada sexenio deja una cifra más abultada. Todo esto ha de cambiar, debemos generar esquemas de seguridad pública ciudadana. Y lo digo con énfasis: ciudadanos somos todos, no sólo la casta de millonarios del tipo de los que han estado al frente, con nuestro dinero, del adefésico fideicomiso con el que todos apoyamos a los que por otra parte medran de todo, que incluso no pagan impuestos por la existencia de gobernantes que, carentes de visión de Estado, sólo saben caminar de rodillas frente al poder económico que ha destrozado al Estado y que debe reconstruirse sobre bases democráticas.