Carlos Murillo
Abogado
La escena era el final de una ópera. Después de un recorrido por la arquitectura panóptica de la cárcel bajamos por una escalera de piedra. El lugar era oscuro y húmedo. El silencio de las mazmorras se cortaba en láminas por un llanto.
En la estancia de las escaleras había una pequeña ventana que permitía ver la puerta principal de la cárcel, esa que casi nunca se abre. Salvo en esta ocasión. Los candados crujieron para abrir, después la carroza fúnebre entró de reversa para sacar un ataúd. Era el padre del preso que lloraba.
El muertero, acostumbrado al dolor, le dio una palmadita en la espalda al doliente y le dijo casi en secreto “lo siento mucho”, para después dejarlos solos. La muerte, al fin de cuentas, es un acto político. Aquel joven preso conservó el derecho a despedir a su padre, lo hizo en la soledad de un patio interno del penal, ante la mirada lacónica de los vigilantes que veían aquel ritual sin hacer un solo gesto.
Diez minutos duró la despedida, no hubo palabras, ni sacerdotes, solamente el silencio y un llanto ahogado. Una desgracia sobre la tragedia, tener que despedir así a un padre. Pero también, una fortuna sobre el infortunio, poder hacerlo.
La escena ocurre hace unos años en el Cereso de Guachochi, el único penal del país en que su población carcelaria son indígenas, la mayoría pertenecen al pueblo rarámuri. Por ética no uso el nombre real de este personaje. Esta vez le llamaré Jacinto.
Como la mayoría de los presos en los penales, Jacinto fue víctima del sistema. Hoy, está condenado a ocho años de prisión por homicidio, pero esto sucedió después de 18 meses de prisión preventiva que sirvió como tortura, para que al final se declare culpable y acepte el procedimiento abreviado, atraído por la carnada de una negociación aparentemente conveniente: la reducción de la tercera parte de la condena que solicita el agente del Ministerio Público ante el juez.
Pero Jacinto no tuvo una defensa adecuada pues no se acreditaron las pruebas para argumentar legítima defensa y, por lo tanto, era una excluyente de responsabilidad. Al final, pesó más su condición vulnerable por ser rarámuri y pobre, un caso clásico de doble discriminación. Una mala combinación si se trata de enfrentarse al sistema de justicia penal.
Por las mismas fechas que Jacinto fue procesado, en Guachochi se encontró una fosa común con cinco cuerpos con heridas de bala, las huellas del crimen se habían borrado. Nada raro, aunque en el pueblo todos saben quienes fueron. Como dicen las señoras de antes “el diablo sabe a quién se le aparece”.
Algunos llaman a esto populismo punitivo, esto significa usar al sistema judicial para legitimar acciones políticas del gobierno, lo hacen con casos como el de Jacinto para demostrar eficiencia en la administración de justicia. Después, para ganar doble, el mismo gobierno autoriza la liberación anticipada en época de Navidad para aparentar benevolencia.
Pero el grado de vulnerabilidad de una persona no necesariamente tiene relación con la pobreza y su origen étnico, en Europa pasa lo mismo pero con los musulmanes o los inmigrantes, que son discriminados frecuentemente. Históricamente hay otros ejemplos, los judíos fueron criminalizados por sus creencias religiosas por el gobierno Nazi, en Rwanda los tutsi y los hutus protagonizaron un holocausto en África y así podemos mencionar decenas de casos.
Otra forma en la que se presenta la discriminación es por cuestiones políticas. Y lo tenemos en Chihuahua, donde la acusación más grave es la de Alejandro Gutiérrez, apodado “La Coneja”, quien dijo que fue torturado a través de la prisión preventiva, con el fin de que se declarara culpable y que inculpara al presidente Enrique Peña Nieto y a otros integrantes del gabinete saliente.
En este caso, Alejandro Gutiérrez fue vulnerable ante el poder político que tiene el gobernador Javier Corral y el control sobre los órganos judiciales que agotaron todos los recursos legales para mantener la prisión preventiva. Pero al final fueron derrotados en los tribunales.
Alejandro Gutiérrez no es el único, hay más de diez exfuncionarios de César Duarte que están en las mismas condiciones, algunos de ellos, después de la misma tortura de la prisión preventiva, decidieron confesar y aprovechar la oferta de la reducción de la pena, a cambio dijeron lo que querían oír.
Estos casos de discriminación por motivos políticos son altamente mediáticos y también caen en el supuesto del populismo punitivo, porque el gobierno aparenta la lucha contra la corrupción en el discurso político, pero en realidad es una persecución con fines electorales que en nada impactan al problema de la corrupción, en realidad el Gobierno estatal sigue con las mismas (o más) porosidades ante el tráfico de influencias, la opacidad en el manejo de los recursos públicos y la poca rendición de cuentas.
El día de ayer, en una rueda de prensa, los empresarios Pedro Zaragoza Fuentes y Pedro Zaragoza Delgado, junto a sus abogados, explicaron su experiencia frente al sistema penal, en este caso del estado de Sinaloa, donde Zaragoza Delgado también fue torturado usando la prisión preventiva.
Según el Lic. Yuri Chavero Jurado, abogado de Pedro Zaragoza padre e hijo, la prisión preventiva automática es rechazada por los organismos de los Derechos Humanos, según cifras de algunos organismos entre 65 mil y 200 mil están en prisión preventiva en México, esto significa que uno de cada cuatro internos de las cárceles está en prisión preventiva.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde hace más de dos décadas se ha señalado que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región y que, en todo caso, debe pesar más la presunción de inocencia y deberá considerarse -la medida de prisión preventiva- excepcional. Todo lo contrario a lo que ocurre en Chihuahua.
De acuerdo con Pedro Zaragoza Fuentes, este caso ha abierto un debate nacional sobre la prisión preventiva ya que, en su caso, se trata de una acción perversa de los administradores de justicia en el estado de Sinaloa, lo que sentó las bases de una jurisprudencia de carácter internacional. En este proceso se pasó de un asunto jurídico a uno político, -dijo Zaragoza Fuentes-, lo que vuelve a encajar en el populismo punitivo.
En este caso, según las declaraciones, los contrincantes de Pedro Zaragoza encontraron la veta de la corrupción política, acusan al hermano del exsecretario de Gobernación, Eduardo Osorio Chong -abogado de la contraparte-, de ser quien usa sus influencias para manipular el sistema judicial, tal como lo hacen en los países donde impera la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos, apuntó Zaragoza Fuentes.
¿Qué tienen común el rarámuri Jacinto, el político Alejandro Gutiérrez y Pedro Zaragoza? Todos son víctimas del sistema judicial, usaron la prisión preventiva para torturarlos y existe un motivo político detrás de su detención. Estos tres, son casos de populismo punitivo, de corrupción política y de un sistema judicial caduco.