Santiago González
Analista
El presente trabajo es continuación del artículo “El negociazo de las necesidades básicas” publicado el 8 de septiembre pasado. En aquel –si usted no lo leyó o no desea hacerlo– explicamos que la vivienda es considerada un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de asegurar a cada familia el acceso a una en condiciones justas y reguladas. Explicamos cómo han operado desde hace tiempo hipotecarias que realizan contratos llenos de trampas y desventajas para el comprador, generando deudas impagables. Vimos que la corrupción ha provocado desarrollos inmobiliarios dispersando la mancha urbana y generando problemas a la ciudad y sus habitantes, todo a cambio de obtener de las familias y de esta necesidad básica hasta el último centavo que se les pueda extraer.
Aquel contrato que felizmente firmó, y por el que cree adquirió su hogar, es el acto donde se consumó el despojo y la pérdida de la mayor parte de las posibilidades de conservar su casa en caso de un imprevisto, pues el cobro de créditos impagables, la demanda, el embargo y remate de las casas, es consecuencia de las condiciones que se aceptaron en el contrato y no precisamente de la corrupción judicial.
Estos contratos incluyen falsamente la leyenda “acordaron las partes”, falso, pues no se acordó nada, se firma por adhesión, lo quieres o no lo quieres. En ellos se establece el vencimiento de toda la deuda al primer incumplimiento, es decir, si no alcanza a pagar puntualmente una mensualidad, se le demanda por el monto total de la casa, más intereses, recargos, gastos del juicio y penalidades, que suman cantidades fantásticas por apenas pequeñas casas perdidas en el desierto. ¿Y qué defensa le queda ante una demanda de este tipo? Exhibir el pago o esperar a que se haga efectiva la garantía hipotecaria; pues como ya lo dijimos, usted no compró una casa a crédito, ellos mismo le prestaron dinero en efectivo para comprarles a ellos mismos la casa que le están vendiendo, para lo que usted dejó como garantía de pago la casa que compró, y sí, todo eso viene en el contrato que felizmente firmaba como el comienzo de una nueva etapa en lo que creía debía ser “su nuevo hogar”.
Cuando firma ese infame documento, con frecuencia también acepta que los tribunales que puedan resolver controversias derivadas de esa operación sean los de otros estados de la República y no los que por ley le corresponden, pues en contratos –excepto lo que sea contrario a la ley– impera la voluntad de las partes. Así fue que este mismo año llegaron 500 expedientes del estado de Nayarit, ya con sentencias condenatorias y listos para ejecutarse. Esto evidentemente para impedir el acceso a la defensa que pudieran tener los demandados.
El Infonavit no es ajeno a estas prácticas, contratando despachos que se encargan de cobrar y despojar a familias por medio de las argucias más inmorales que pueda imaginar, aquí sí hubo grandes escándalos, por ejemplo en el Poder Judicial, pues numerosos funcionarios encargados de notificar las demandas al no encontrar a las personas que buscaban levantaban actas diciendo que se habían encontrado y sido notificadas, incluso en casas completamente abandonadas, personas fallecidas y otras barbaridades. Tan sólo hace un par de semanas un abogado representante del Infonavit le pidió a una demandada que consiguiera un poder notarial de su esposo que ya no vivía en el estado (codemandado) y acudiera al juzgado a notificarse de la demanda en su contra, esto como un requisito para poder hacer un convenio y conservar su casa. Es decir, hizo que la demandada hiciera su trabajo y sola fuera a emplazarse y perder la oportunidad de contestar para quedar como confesa de todo lo que le reclaman, abusando del desconocimiento y la angustia de perder su hogar y el de sus hijos.
Con verdadera rapiña están lucrando con un derecho humano y constitucional de la familia, y son las personas en mayores desventajas económicas las que están a merced de este mercado despiadado, frente a los grandes poderes económicos que representan los imperios inmobiliarios. En una relación tan asimétrica, una desventaja de absolutamente todas las condiciones ¿dónde está el Estado? Brilla por su ausencia, eso sí, cobrando los impuestos correspondientes derivados de las transacciones, siempre listos para la recaudación.
¿Y luego? Ante un panorama tan desolador ¿qué nos queda? Lo que sigue es que la nueva Legislatura con esos ánimos renovados y tendencia social, genere una nueva ley de vivienda o mejore le emitida en el 2006, con menos términos como “mejorar, impulsar, apoyar” que no significan nada y menos valen, por una verdadera prohibición de hacer negocios y fortunas con la vivienda popular, la explotación de los obreros (as) y las familias. Esto significa enfrentarse a verdaderos poderes económicos, poner a prueba el blindaje moral del nuevo gobierno a ver si aguanta los cañonazos de a millón. “A ver si como roncan duermen”.