Francisco Ortiz Bello
Analista
Qué curiosos y convenencieros resultan nuestros gobernantes cuando llaman a la población en general a meterse de lleno a la cultura de la legalidad y son ellos mismos quienes, desde sus apoltronadas sillas de poder, violentan la legalidad un día sí y otro también.
El día de ayer, durante su visita a esta frontera, el gobernador del estado Javier Corral además de negarse a responder preguntas de los reporteros que cubren la fuente sobre diversos temas del interés público, habló de otros que a él sí le interesa tocar. Para Corral, la información es un capricho suyo. Sólo habla de lo que quiere hablar y esconde los temas que le interesan a la sociedad.
Pero en esa dinámica de una relación Gobierno-prensa enferma y de pésima calidad, dijo el jefe del Ejecutivo estatal que es tiempo de que los ciudadanos retornen a la cultura de la legalidad en el tema de los engomados rojos.
Afirmó Corral que “… habrá de implementarse una estrategia para combatir el problema en la frontera, de los carros que circulan con placas rojas, con el fin de garantizar la seguridad y disminuir los actos de delincuencia organizada que se presentan en Ciudad Juárez y el estado”, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a retomar la cultura de la legalidad.
“Nosotros ya estamos definiendo entre los tres niveles de gobierno, una estrategia para revisar todo este abuso que hoy existe, en torno del otorgamiento indiscriminado de engomados a carros irregulares, como se ha incluso otorgado a delincuentes engomados o placas rojas”, comentó el mandatario estatal.
Bien. Muy bien. Es decir, según el gobernador, la ley y la legalidad son sólo para los simples mortales, para los ciudadanos atribulados por sus múltiples necesidades entre las que destaca, por supuesto, el transporte urbano que es de los más caros, inseguros y mal organizados del país, y es cuando uno se pregunta ¿por qué no invita también a los transportistas a la cultura de la legalidad?
Uno de los rezagos más añejos de esta bendita frontera es precisamente el transporte urbano. Los juarenses no podrían realizar todas sus actividades diarias si se atuvieran sólo al transporte que hoy tenemos. No podrían hacer nada.
Es entonces cuando caemos en la cuenta de que para exigir, primero hay que cumplir. Ningún Gobierno, ni el estatal, ni el federal y menos el municipal, pueden exigirle a un ciudadano que cumpla la ley, cuando es la propia autoridad la que genera ese incumplimiento.
La exigencia de los vendedores de autos usados importados, para importar legalmente esos vehículos al país, es casi tan añeja como el rezago en el transporte público. Pero nadie les hace caso. Apenas en las pasadas campañas electorales, un par de promesas sobre atender el asunto pero nada más.
Los juarenses quieren estar dentro de la ley, quieren importar sus autos porque es la única forma de resolver su problema de movilidad urbana, pero no al costo abusivo y completamente irracional que hoy tiene el SAT, mediante el cual importar un auto de modelo anterior a 10 años puede costar igual o más que el mismo vehículo. Eso es un verdadero abuso contra quienes menos tienen y más necesitan.
Es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal quien ha violentado el TLCAN –que es una ley vigente hoy en día– que desde 2009 abría las fronteras a la libre importación de vehículos, sin arancel alguno y pagando sólo el IVA correspondiente, pero en una abierta afectación a los ciudadanos, particularmente a los fronterizos, mediante absurdos e ilegales decretos ha ido modificando las reglas de importación hasta dejarlas en ese esquema abusivo que impide literalmente importar legalmente un auto usado a suelo mexicano.
Por eso, las palabras del gobernador suenan huecas, soberbias, alejadas de la realidad que vivimos, como hasta hoy ha sido la tónica de Corral, vivir en un mundo ideal en el que todo está bien, y en el que su gobierno ha alcanzado grandes logros. ¿La cultura de la legalidad?
¿Puede un gobernante hablar de la cultura de la legalidad, cuando altos funcionarios de su gabinete se han pasado la legalidad, la moralidad y la ética política por el arco del triunfo? ¿Puede un gobernante exigir a la ciudadanía una conducta honesta y legal cuando entre sus filas tiene colaboradores que asignan directamente contratos millonarios a sus parejas sentimentales o a familiares de sus propios funcionarios?
Pero además, se niega a hablar del tema. El mandatario estatal se da el lujo de ignorar las preguntas de los reporteros, claro, en los temas que no quiere ventilar públicamente, ¡ah! pero eso sí, mucha verborrea exigiendo cultura de la legalidad. Hay que empezar por casa primero señor gobernador, ya luego nos exige lo que quiera.