Sixto Duarte
Analista
La furia social, el malhumor de la muchedumbre, el exacerbado rencor hacia la clase gobernante, aunado al profundo pesimismo de que “las cosas nunca habían estado tan mal en México” han traído como consecuencia, que a la burocracia se le quiera ver prácticamente desaparecida. El rechazo al Gobierno no ha sido espontáneo: señalamientos de corrupción y violencia generalizada en el país han sido el catalizador de estas reacciones; considero, en cambio, que el rechazo ha sido desproporcionado, pues se habla como si este país no hubiera tenido avances en el sexenio que concluye en diciembre. Se dijo incluso que este 16 de septiembre no había nada que celebrar. Como si fuéramos el mismo México de 1810.
Uno de los principales acusadores de esta situación, el hoy presidente electo, salió en días recientes a reconocer que el país se encuentra en una posición más sólida que hace seis años. Este mensaje es incongruente con el mensaje que explotó durante 12 años al decir que todo estaba mal. Esta postura, sumada al subsidio intelectual que la muchedumbre busca, trajeron como consecuencia el identificar a la clase gobernante como el enemigo público al cual hay que destruir.
López Obrador ha manejado como parte de su discurso el reducir la planta burocrática, junto con los salarios que perciben los más altos funcionarios del país. De entrada, la idea no es mala. El propio Benito Juárez siempre pugnó porque el funcionario público viviera “en la honrosa medianía” que daba el servicio público. Nadie puede estar en contra de eliminar el dispendio, especialmente cuando se trata de recursos públicos. Pero tampoco nadie que razone puede pretender destruir el aparato de gobierno que tiene responsabilidades a su cargo.
Una cosa es cierta: la burocracia en el Gobierno federal es excesiva. Hay salarios que son insultantes, para la función que desempeñan. Pero por otro lado, se tiene que ver que el Gobierno está compitiendo con la iniciativa privada para atraer talento humano a sus filas. Hay funcionarios públicos de capacidad probada, formación académica sólida, que “desquitan” adecuadamente su salario, y que en caso de reducción a sus ingresos, optarían por abandonar el servicio público e integrarse a la iniciativa privada. Sé que el argumento irracional de muchos será “que se vayan, porque hay muchos que lo harían por menos”. Sería cuestión de comparar perfiles de quienes se irían y quienes llegarían para medir la pertinencia de dicha medida.
En el caso de las pensiones de los expresidentes, debo expresar que estoy completamente en contra de que las mismas se desaparezcan. Si bien el sentir popular dicta que los presidentes deben someterse a las mismas penurias, y complejidades que la sociedad enfrenta día a día, la realidad es que el servicio que prestaron a la Nación merece una recompensa. Quien llega a ser presidente dedica años a la política y al servicio de la Patria. Renuncia a hacer carrera en una empresa, a emprender un negocio o a ejercer libremente su profesión. Todo esto queda de lado por buscar ser presidente. Al terminar su gestión, ¿únicamente debe recibir las gracias? El trabajo de presidente la República no es un trabajo como cualquier otro, pues requiere muchos sacrificios y responsabilidades como los que acabamos de mencionar. ¿Qué incentivo tendrá alguien para buscar ser presidente si su futuro será incierto cuando termine su mandato?
Por otro lado, el presidente de México debe tomar decisiones complejas, que muchas veces van en contra de los intereses fácticos. Con qué seguridad podrá enfrentarse al oligopolio de las comunicaciones, o de la banca, si al terminar su sexenio, tendrá que ir a pedirle trabajo a cualquiera de esas empresas “como cualquier otro ciudadano”. En este caso, estaríamos promoviendo el absurdo que el presidente no tomara decisiones complejas en su mandato, para no ir a molestar a tales empresas, pues al final tendría que pedirles trabajo. Un ejemplo de ello es Ernesto Zedillo. Durante su gobierno, privatizó la industria ferrocarrilera. El doctor Zedillo renunció a su pensión de expresidente. ¿Sabe usted en dónde terminó trabajando el doctor Zedillo? Para Union-Pacific, uno de los conglomerados ferrocarrileros más grandes del mundo.
Un expresidente de Estados Unidos recibe como pensión 207 mil dólares al año. Uno de España, 80 mil euros. Uno de Argentina o Chile alrededor de 150 mil dólares. Las pensiones para expresidentes no se limitan a nuestra realidad.