LA COLUMNA
de El Diario
Errático e incompetente ha sido el tránsito del régimen estatal panista en materia de seguridad. Del discurso bravucón e impostado de Javier Corral, su shorts de corredor, la playa, sus mascotas y el green para el golf, no ha pasado a los hechos.
Enfrenta Chihuahua una situación verdaderamente grave, con cifras de terror y una coordinación interinstitucional nula que hoy hace crisis como nunca. De nuevo el equipo de Corral en la Policía operativa y la investigadora han sido acusadas de sostener ligas con el narcotráfico.
El Ejército, otrora prudente y silencioso, no tuvo de otra. Primero en la confidencia de una reunión privada y luego en público, ha salido a enmendar la plana del fiscal general, César Peniche y del titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio. Fueron puestos en su lugar.
En la llamada caja de resonancia del estado, la ciudad de Chihuahua, órganos empresariales como Coparmex y Canaco, hablan de insensibilidad y de ingobernabilidad por parte del Estado en materia de seguridad. Imposible desmentir lo que ocurre.
Inauditas las declaraciones del jefe de la Guarnición en Juárez y del jefe de la Quinta Zona Militar en Chihuahua. Uno dijo a empresarios que no tienen confianza en los estatales por posibles ligas con el narcotráfico. El otro señaló que el gobernador ha rechazado cubrir los conductos protocolarios para solicitar a la Secretaría de Gobernación el apoyo de Sedena. Antes que nada la soberbia del mandatario.
Previsible también pero ridícula y simplista la posición de Aparicio. Culpa a los medios de comunicación de ser los generadores de la violencia, un lugar común que ya habíamos escuchado. ¿También echará la culpa a los organismos empresariales?
Ante la incapacidad para enfrentar el problema de la violencia, es atractivo culpar a los periodistas. También cobarde al desviar la atención hacia el gobernador: los medios le pegan a Aparicio porque la finalidad es golpear al gobernador. Cinismo descarado que sólo Corral compra en su también infinita ingenuidad sobre el mundo del crimen organizado.
El gobernador, Peniche y Aparicio, no sólo son malos para disimular cuando arman acuerdos con el bajo mundo delictivo, sino son incapaces de que tales negociaciones al menos no produzcan afectación a los chihuahuenses. Dicho en letras de la vernácula canción ranchera, “son como leña de pirul que no sirve ni pa’rder”.
La realidad es que no hay en las acciones de prevención y contención del crimen adoptadas por el gobernador y su “gabinete de seguridad” una sola que le haya salido bien; vaya, siquiera medianamente bien. Todo en perjuicio y detrimento de cientos de chihuahuenses que han sufrido en carne propia el cáncer de la violencia. La población ha sido abandonada a su suerte.
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Son días cruentos por las muertes que se acumulan en la estadística. Un mes supera al otro en homicidios dolosos con arma de fuego, ante la mirada impávida del jefe del Ejecutivo que se entretiene modificando estructuras y golpeando a la base panista de su Gobierno, pero que descuida en lo esencial las tareas de seguridad.
Una de esas tareas es precisamente la coordinación con la Federación, que permanece rota por necesidad. Corral en su afán obsesivo por la corrupción ajena –nunca por la propia– lanza improperios a diestra y siniestra.
Del presidente de la República al secretario de Gobernación, y más allá. No deja títere con cabeza. Para todos tiene un adjetivo despectivo. Se le olvida que es autoridad, y que requiere por necesidad, el apoyo de la Federación en tareas de inteligencia, fuerza policial y armamento.
Pusieron Corral y sus policías el asunto de los expedientes anticorrupción a un plano político sobre todo lo demás. Tomaron la calle y la palabra fuerte como llave para abrir Bucareli y Los Pinos. Se equivocaron y hoy pagan –pagamos todos los chihuahuenses– las consecuencias.
Rota la coordinación se acaba el apoyo y la confianza. No es extraño que se hayan ventilado en la reunión con empresarios las sospechas de colusión de Aparicio y Peniche en el tema de crimen organizado.
Más aun, cuando la estrategia de desmantelar las corporaciones policiacas municipales bajo el pretexto de recuperar la seguridad, con sendos decretos demagógicos expedidos por el gobernador, el 80 y el 86 diagonal 2017, más bien parecieran argumento para asumir control pleno del territorio estatal, sin intervención de nadie más. Los lucrativos corredores delictivos de la entidad para ellos solitos.
Fue una decisión que ha incendiado los pueblos en los que se ha adoptado, como Nuevo Casas Grandes, Gómez Farías, Zaragoza, Madera o Cuauhtémoc. Comunidades en las que no hay más ley que la delincuencia organizada, y donde los agentes estatales, en el mejor de los casos, se esconden para permitir la operación del crimen. Y en el peor, mueren emboscados ante la falta de oficio e insensibilidad de sus jefes, que ya ni siquiera acuden a los funerales, y se limitan al “permaneceremos firmes” o al “no quedarán impunes”.
Cuauhtémoc ejemplifica el fracaso palmario de la medida adoptada por el gobernador al asumir la seguridad pública de los municipios. De mal a peor los casos de homicidios, secuestros y otros delitos.
Pero más aún el deterioro absoluto de la confianza. De plano el alcalde Carlos Tena, la tuvo que soltar directa: teme por su vida y pide la remoción del mando a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad en dicho lugar, que a la vez es el director de Seguridad Pública Municipal.
Incluso ya presentó la solicitud por oficio. La lógica del munícipe es clara: él es el responsable de la seguridad y quiere tener gente de su confianza. No desea volver a recibir amenazas ni que le roben 348 mil pesos por concepto de hotel, que resulta no debió pagar la anterior administración municipal, y que al parecer, alguien se echó a la bolsa.
Condiciones delicadas en las que solicitan Peniche y Aparicio armas de alto poder para enfrentar al crimen. Otro pretexto. Quieren granadas de 40 milímetros o Barret .50. Tuvo que salir el comandante de la Quinta Zona Militar, el general Ricardo Fernández, para ponerlos en su lugar, porque se trata de armas que los civiles no están preparados para manejar, por una parte; por la otra, los calibres manejados por los policías son más que suficiente, AR-15 de munición .223 y nueve milímetros.
Medidas desesperadas, sin ton ni son, ante la angustia –momentánea, de Palacio al green– de que ya pasó media administración y las palabras huecas de campaña chocan con la realidad.
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En este contexto, repetimos, la salida es muy sencilla: hay que culpar al mensajero. Sin rubor ni tapujo alguno. Óscar Aparicio la soltó con todas sus letras: los medios de comunicación son los responsables de la inseguridad.
Entre empujones de sus guaruras, la prensa deseaba a media semana una postura de la autoridad ante los hechos de violencia y falta de coordinación. Fue un evento en el CBTIS 114, de esos eventos para la foto amable y el discurso esperanzador. La nota de color.
Pero, de acuerdo con el alto funcionario policial, los medios no sólo generan la violencia con sus publicaciones, sino que –irresponsable declaración– lucran con ella, buscando provocar una sensación de inseguridad.
Aparicio se olvida que los medios de comunicación simplemente son reflejo de lo que acontece en la vida real, no en los sueños de grandeza del patrón Javier Corral.
Esa realidad, cruda realidad, es la de Gael, que en un hospital en El Paso, pide ayuda para operarse y recuperar su riñón.
A su escasa edad, el pequeño sufrió una herida de bala en un restaurante de Ciudad Juárez cuando comía con su familia. Hoy requiere 15 mil dólares para enfrentar gastos.
Él no necesita discursos, necesita ayuda económica, porque la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad, y posterior atención, lo tienen postrado en una cama con la ilusión de vivir, pero abandonado a su suerte, ante un gobernador cada vez más superfluo, cada vez más banal.