Jaime García Chávez
Escritor
Ahora que murió el señor Federico Terrazas Torres vinieron a mi memoria tres hechos que me han significado mucho: durante años, en la década de los setenta del siglo pasado, fui el encargado de llevar el periódico socialista “El Martillo” a las puertas de sus empresas, a la hora del estallamiento de la huelga de Aceros de Chihuahua, cuando él era el presidente del consejo de administración del consorcio; luego, las reflexiones que le compartí con motivo de la corrupción duartista en el estado de Chihuahua, y enseguida cómo esa lucha, apuntalada en torno a Unión Ciudadana, le resultó invisible a los capitalistas de nuestra entidad. De entonces data una carta personal que le hice llegar un 19 de marzo de 2015, y que ahora resumo así:
“La corrupción es mal que viene de lejos y existe en todo el mundo, sin duda. Pero existen niveles de su manifestación y distintas repercusiones de su práctica. Hay países donde es inobservable en la vida cotidiana, y cuando se detecta tiene consecuencias (destitución, separación o renuncia del funcionario, a veces enjuiciamientos, por ejemplo). En otros casos es casi el pan nuestro de cada día y la impunidad impera en todos lados. México se ubica en esta tipología. No hay corrupción sin corruptor, se dice con justeza, y las componendas surgen, pongamos por caso, cuando el hombre de negocios acuerda con el funcionario un trato especial a cambio de gratificaciones. Pero el campo de acción de los asuntos públicos es muy amplio y diversificado y las acciones de gobierno dan ocasión para buscar beneficios privados en los ámbitos del Estado (los desvíos de fondos públicos, los ‘moches’, el famoso ‘diezmo’, los ‘pitazos’, las casitas –unas blancas, otras no tanto- y modalidades sin fin).
No hay soluciones mágicas ni recetas infalibles, como bien lo recoge una vasta literatura política ya disponible en castellano, y existen experiencias valiosas a considerar, pues no hay problema, por grande que sea, que no tenga remedio. México ha venido transitando en los últimos treinta años de un régimen político de partido único, con el monopolio del poder, a otro de participación de varios partidos, con un Poder Legislativo multipartidista y un Poder Judicial cada vez más autónomo e independiente, aunque esto se pone en entredicho con la emblemática llegada a la Suprema Corte de Justicia de Eduardo Medina Mora. Esta novedosa etapa política de transformaciones, sin embargo, no ha sido acompañada de un apego creciente a normas y leyes que regulen la prevalencia de un Estado de Derecho cada vez más amplio y profundo, lo que contradice la actual orientación derechohumanista de la Constitución General de la República y se neglige la mejor inserción del país en el concierto global.
Allí donde se modificó lo político, allí mismo se comenzó a escarbar para darle la vuelta y soslayar el respeto a las leyes, promover su modificación y extraer ventajas coyunturales en beneficio de tal o cual partido, corriente política o personas con vasto poder que se conciben a sí mismas como intocables. De esta suerte, institución que nacía para regular conductas electorales –el antiguo IFE, por ejemplo–, pronto entraba en el tobogán de los remiendos para extraer ventajas facciosas, benéficas para unos cuantos y desalentadoras para la inmensa mayoría, como suele suceder con todo privilegio. Así, el parto democrático dio cabida en el poder a nuevos sectores y éstos comenzaron de inmediato a aprovechar las desviaciones y oportunidades de beneficios privados en el manejo de la cosa pública. Se democratizó la política y con ella vino la ‘democratización’ de la corrupción misma, cobrando los signos de todos los partidos. Parece entonces que existe un gran tema pendiente: la construcción del Estado de Derecho, que al parecer no llega gradual ni continuada, como sería deseable. Y en este amplio y complejo arsenal de conductas que es un Estado de Derecho, es donde, en mi opinión, se encuentra la más poderosa fortaleza para inhibir y reducir al máximo la corrupción, sin descuidar el indispensable combate a la impunidad.
Me hago la pregunta los más de los días: ¿qué entendemos por Estado de Derecho? Al responderla, más busco el perfil de las respuestas que han dado los pensadores con los que no he guardado afinidad, sin demérito de la valía de sus aportes, entre ellos, el economista liberal austriaco, Friedrich Hayek, Premio Nobel, crítico severo de la planeación económica socialista y defensor de la ley de la oferta y la demanda como centro regulador del mercado, quien fue el que afirmó que esa expresión ‘significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano; normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de ese conocimiento…’. Y postuló algo esencial: ‘...que debe reducirse todo lo posible la discreción concedida a los órganos ejecutivos dotados de poder coercitivo’.
Convendrá conmigo que un escenario de este tipo es saludable para México, para sus ciudadanos, pues dificultaría las prácticas de corrupción, a la vez que fortalecería la fiscalización cívica de los asuntos públicos. Frente a esto, ¿qué tenemos a la vista? Cuando surge una denuncia sustentada de corrupción de un funcionario público (por ejemplo, la que presentamos, documentada, contra César Horacio Duarte Jáquez por enriquecimiento ilícito, entre otros tipos delictivos, ante la Procuraduría General de la República), en lugar de observar las acciones propias de una investigación, advertimos la movilización de un frente de complicidades (entre ellas las universidades públicas y privadas, abanderadas por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua) para enfrentar la acusación y desvirtuar sus aclaraciones. Y en ese frente se alinean peligrosamente quienes tienen cuentas pendientes con la sociedad, como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, con su Casa Blanca y de Malinalco, respectivamente; también gobernadores y alcaldes de todas las filias partidistas.
¿Hacia dónde voltear entonces? ¿Hacia un redentor social? Nada de eso. Hay que volcarnos a la ciudadanía para estimular su fuerza potencial y organizar las exigencias indispensables para el país y dar el viraje definitivo hacia un México en el que el derecho se escriba y se respete por su enorme valor en una sociedad en transformación. Por su plena vigencia, inexcusable y sin privilegios.
Como usted bien sabe, nada se consigue sin esfuerzo. Y qué bueno que así sea. Siempre he pensado que de las espinas brotan las rosas y de los sudores las riquezas, también que nuestros políticos han desvirtuado estos principios a su conveniencia, absolutamente criminal en un país con tantas carencias. Para esa clase política corrompida, el lema que aplica es que de los partidos salen los gobernantes, y de sus desvíos y favores, las riquezas.
Eso ya no puede ser, y claro que para cambiarlo vamos a batallar mucho y en el empeño hay que regresar, si alguna vez se ha estado ahí, a una sociedad con una ciudadanía siempre activa y siempre presente, que aliente una democracia en la que todos podamos participar políticamente y sin reproche para influir en las mejores decisiones públicas. En el corazón de esa batalla está la construcción de un Estado de Derecho cimentado constitucionalmente; pero más allá de esto, en el cambio que busca que todas las conductas individuales y colectivas se apeguen a las normas previamente consentidas. Nadie puede ni debe gobernar contra la confianza de sus ciudadanos; la discrecionalidad que arropa al México corrupto de la clase política decadente, debe desaparecer cuanto antes.
Me resulta desgarrador tener que reconocer que en la actual lucha contra la corrupción política en Chihuahua haya voces absolutamente ausentes: la de las iglesias, la de las agrupaciones empresariales, la de no pocas organizaciones de la sociedad civil, la de congresistas, la de buena parte de los medios de comunicación y la de hombres y mujeres con influencia cultural, social y liderazgo. Puedo entender los múltiples por qué de los corruptos y los corruptores; lo que no me cabe en la cabeza es por qué la sociedad lo tolera. Hay que entender que de triunfar la maldad, México volverá a naufragar y si hay un despropósito descomunal, es ése.
El deseo de esta carta es obvio: interesarlo, si es que no lo está ya, a una reflexión sobre el tema que pueda motivar su valioso ascendiente y prestigio para impedir este naufragio”.
Esta misiva encontró la puntual respuesta que es habitual en quienes cultivan la urbanidad. Centralmente –no la voy a transcribir– me dijo coincidir en casi todo.
De tarde en tarde, reflexiono sobre sucesos de esta índole: a las afueras de Cementos de Chihuahua nunca recibí una agresión, quizás era innecesario un proceder de esa manera; la huelga de Aceros se vio coronada por triunfos en todos los tribunales –entre ellos la condena a los dueños para que reabrieran la empresa– y eso no fue posible por la obstinación que ciega al capital y hubo necesidad de esperar 25 años para llegar al punto final, disponiendo de los bienes para indemnizar.
De los empresarios y la corrupción política, ni qué decir: ahora publican desplegados hipócritas en los que denuncian que se robaron el dinero de los chihuahuenses y ¡ahora se burlan! Quién lo dijera: piden el apoyo de López Obrador contra Duarte y Alejandro Gutiérrez, en el contexto, precisamente, cuando están pensando en un proyecto para mantener a Chihuahua en la propia órbita de sus intereses.
A mí me queda la ínfima satisfacción de haber levantado la voz y haber intentado –en diversas épocas– un diálogo posible y una lucha necesaria, precisamente que parten del reconocimiento de las contradicciones y de los otros. Esto significa que a los manifiestos comunistas también hay que adosarle los manifiestos diferencialistas.