LA COLUMNA
de El Diario
• Para los traidores hay oficio con firma del presidente
• Una mancha en el currículum de Monserrat
• Sigue el gran fracaso de Corral: la salud
• El encuentro de la exdiputada con el consejero
Fue para Armando Cabada una pistola de choques eléctricos clavada en las costillas el acta de mayoría entregada a Javier González Mocken por la Asamblea Municipal Electoral. Resopló el independiente, sin duda se apachurró. La política y los políticos no perdonan. Fue segregado en una esquina cual peligroso individuo infecto. Bullying despiadado.
Así fue tratado Cabada en público durante la visita que hizo a Juárez el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue notorio. Rechazó incluso ese día las mollejas incomparables de La Garufa. Ojeras y depresión hasta que los vientos cambiaron con la reversión de esa acta en su favor primero por parte del Tribunal Estatal y ahora el Tribunal Electoral Federal.
Cuando Armando sentía que moría políticamente no fue sólo porque lo sintiera en su cuerpo y en su mente, sino también porque de quienes menos esperaba, varios de sus colaboradores inclusive más cercanos, así lo hicieron sentir. Perdió autoridad con ellos.
Ha sido esa la parte positiva para el político independiente en su nuevo aire. Falta la última palabra que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México pero ahora tiene claro con perfecta nitidez quién es quién entre sus colaboradores.
El primer acto formal de autodesagravio emocional contra las traiciones ya lo ha puesto en marcha Armando. Es el oficio distribuido desde el “despacho del presidente” dirigido a todos los directores generales y directores de área. Pudimos alcanzar sólo una copia para La Columna.
Ese oficio informa a los funcionarios municipales que debe darse cumplimiento a la Ley de Entrega Recepción, entre el articulado con letras grandes resaltadas en rojo el artículo 20: “con independencia de la fecha en que se suscriba el acta de entrega recepción, deberá quedar expresamente señalada la fecha de separación del servidor público obligado”.
Para que duela más, remata con el siguiente párrafo firmado al calce por el señor presidente: “aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que la constancia de mayoría que me fue otorgada tiene vigencia hasta el nueve de septiembre de la presente anualidad y cada uno de los nombramientos otorgados por un servidor dejan de tener vigencia, por eso es necesario que todos y cada uno de ustedes signen su carta de renuncia”. Muchos signos de admiración... nuestros.
Bastante complicado que la nueva resolución cambie de sentido pero por lo pronto Cabada habrá puesto en su lugar a quienes le dieron la espalda y a quienes lo traicionaron. Dos en uno. Nos aseguran que no es vengativo pero que también conoce desde siempre la máxima de que quien traiciona una vez lo hace siempre y sólo está procediendo en consecuencia para lo que venga.
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Cualquier sanción legal es nociva para el currículum de toda persona aunque no genere antecedentes penales. Así como son de pasalones a los políticos también les arde cualquier pellizco de esta naturaleza. Es muy incómodo; de ahí que la mayoría de ellos busquen defenderse por las mismas vías para evitar sellos negativos en su historial. Sus opositores se los recordarán siempre.
A ver qué hace al respecto el maestro jefe de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Hernán de Monserrat. Tiene toda la vida en ese cargo y hasta ahora le ha dado por negar la información que le solicita la ciudadanía.
Tenemos en digital copia de una resolución que soltó el miércoles el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en la que decide “amonestar” públicamente a Monserrat porque se ha hecho loquito en la entrega de datos sobre salarios en la máxima casa de estudios. Entregó una parte pero se ha guardado otra.
Los comisionados y comisionadas del Ichitaip siguieron todo el proceso cansado y larguísimo, casi un año, para llegar hasta la etapa de la sanción. No es gran cosa la “amonestación pública” pero no es buena ni para el maestro jefe de la Unidad de Transparencia ni tampoco para la honorable máxima casa de estudios.
La Fiscalía General del Estado anda en las mismas; su titular César Peniche ha resultado por completo opaco, pero de él nos ocuparemos en otro momento.
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Tropiezos tras tropiezos, sospechosismos y millones en juego han opacado los procesos de licitación promovidos por la Secretaría de Salud, e impulsados por el Gobierno estatal en fracasados intentos por mejorar el servicio que se presta a la población y abatir el déficit de medicamentos.
Que el miércoles pasado se declarara ‘desierta’ la licitación para el Servicio Integral del Banco de Sangre no es una sorpresa. Hablamos de unos 500 millones.
En la oscura historia del ‘nuevo amanecer’ anteceden casos como el de la empresa farmacéutica Egro, a la que en agosto del 2017 se le entregó por adjudicación directa un contrato de hasta 80 millones de pesos para surtir medicamentos a derechohabientes y usuarios del Instituto Chihuahuense de Salud, que fue cuestionado por la opinión pública y el propio Congreso.
El caso Egro derivó en una investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública por probables irregularidades administrativas en contra de al menos 20 trabajadores de la Secretaría de Salud, y una demanda interpuesta por la propia empresa contra el Estado por el adeudo de 20 millones de pesos.
La demanda de la farmacéutica está en curso… la investigación duerme seguramente el sueño de los justos, como muchas otras que permanecen en los archiveros de la Función Pública, como parte de lo que se ha llamado “justicia selectiva” del Gobierno de Corral”.
La licitación para servicios clínicos hospitalarios por hasta 399 millones de pesos estuvo también envuelta en la polémica. La empresa ganadora Centrum Promotora Internacional, se quedó corta en los tiempos establecidos. Incumplió con el acuerdo en instalación de equipos, sin ser sancionado.
El tema de Salud sigue, y probablemente seguirá siendo ‘talón de Aquiles’ de la administración corralista que durante casi dos años hizo oídos sordos a las quejas de los sectores y sostuvo al frente de una de las áreas más sensibles del Gobierno a Ernesto Ávila Valdez, un funcionario gris, cuya falta de visión gubernamental sólo incrementó las heridas de la enferma Secretaría de Salud que heredó Corral.
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Ayer comieron y platicaron durante buen rato en el restorán de mayor fama en la ciudad de Chihuahua, La Casona, el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, y la diputada Maribel Hernández, una de las pocas que en la Legislatura recién concluida se la jugó hasta el instante último con Javier Corral; merece ella mejor presente y futuro que la banca. Seguramente de eso platicaron. Ni modo que de “La Coneja”. La zanahoria ni de ensalada.