Luis Javier Valero Flores
Analista
El día de ayer Javier González Mocken presentó la impugnación, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), por medio de la cual este órgano jurisdiccional le otorgó el triunfo en las elecciones municipales de Juárez al candidato independiente, Armando Cabada.
Con ello, la resolución sobre tan polémica elección se prolongará, quizá, hasta el tope de las fechas constitucionales, es decir, al 8 de septiembre, en virtud de que la nueva administración municipal deberá tomar posesión al día siguiente.
Son muchas y variadas las argumentaciones de una y otra parte, además de las evidentes irregularidades presentes a lo largo de la jornada electoral y las dos posteriores, en los que la Asamblea Municipal efectuó el recuento del total de las casillas, y luego en la revisión de los votos reservados.
De acuerdo con las experiencias previas, la Sala Regional del TEPJF de Guadalajara –a la que le tocará resolver tan espinoso caso– puede fallar atendiendo estrictamente lo señalado por el TEE, sin detenerse a analizar otras vertientes de las irregularidades presentadas.
Si esto ocurriere, entonces revisaría lo que el magistrado César Wong (del TEE y ponente del dictamen aprobado el sábado anterior) hizo, es decir, que analizaría las 43 actas señaladas por Wong (de las 75 impugnadas por Cabada) como afectadas por graves irregularidades, tantas, que fueron suficientes como para revertir el resultado emitido previamente por la Asamblea Municipal Electoral a favor de González Mocken.
Sin embargo, es posible que el tribunal federal decidiera hacer lo que el magistrado Jacques Adrián Jácquez expuso en su voto particular: revisar el total de las casillas.
La argumentación es simple: si en solamente 43 de las más de 1990 casillas se encontraron esas irregularidades, lo más probable es que haya muchas más.
El argumento para oponerse a eso es sólido: la Asamblea Municipal ya hizo la revisión total de las casillas y las impugnaciones a ella son las resueltas por el TEE en su sentencia del sábado.
Pero esa sentencia abre la posibilidad debido a que los magistrados estatales señalaron la comisión de “graves” irregularidades cometidas por la Asamblea Municipal, lo que puede hacer válida la argumentación de Jácquez y, acaso, una más sólida.
Nos explicamos.
El artículo 78 bis, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales establece que “1. Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes…
2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento…
4. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados”.
Si los magistrados federales toman como base la sentencia de los estatales, en la que, no solamente señalan las irregularidades cometidas por la Asamblea Municipal, sino que, incluso, le “dan vista” a las fiscalías, la General del Estado y la Fepade (la encargada de la persecución de los delitos electorales), además del INE, entonces estaríamos frente al supuesto señalado por el mencionado artículo y la posibilidad de que se repitiera la situación del 2001 con el nombramiento de un concejo municipal, en tanto se realizaran nuevas elecciones.
Y se abriría, de este modo, una nueva etapa de incertidumbre pues todo dependería de la fecha en la que el tribunal federal fallara.
Si lo hace antes del 31 de agosto, entonces la designación del concejo recaería en la actual Legislatura, en la que el gobernador Corral podría tener una mayor injerencia, en el caso contrario, si fuera después de esa fecha, sería la nueva Legislatura en la que habrá un grupo parlamentario del PAN menor al actual y una mayor presencia de Morena y posibilitaría que el Concejo no fuera a modo, quizá, de ninguna de esas dos fuerzas.
No es el único asunto controversial del pasado proceso electoral.
Ayer por la noche, horas después de la entrega de esta colaboración, el Instituto Estatal Electoral sesionó para resolver la asignación de los diputados de representación proporcional (los “pluris”), cosa que, seguramente, motivará la inconformidad de alguno de los partidos, lo que llevará a que, en definitiva, la integración de la nueva Legislatura sea conocida hasta la víspera misma de su instalación el 1 de septiembre.
Y parecía una elección “tersa”.