Sergio Pacheco González
Analista
“La gran tarea inicial” de la transición, señalaba José Woldenberg en el año 2002, era revertir “la añeja y justificada desconfianza en el procedimiento electoral para darle credibilidad e instalarla como el único método legítimo de la disputa política por los cargos de gobierno y la legislatura…” (FRIDE, p.37). Al trascender el régimen autoritario, precisaba: “Se alcanzó ‘simplemente’ un sistema democrático, donde el voto del ciudadano de a pie decide lo fundamental en política: quién gobierna y cómo se componen los cuerpos legislativos.”
En el municipio de Juárez, donde la alternancia política tuvo su primera experiencia en 1983, el respeto al voto de la ciudadanía está en riesgo o al menos, en duda. La credibilidad en el procedimiento electoral ha sido puesta en entredicho y la normalidad democrática, entendida como la vigencia y pertinencia de las normas que le son propias en este ámbito, se encuentra en litigio.
Al cuestionarse la legalidad de los resultados entregados por la Asamblea Municipal, se descalifican al mismo tiempo los procedimientos desarrollados durante el recuento de votos, así como las firmas de todas y cada una de las personas que, como representantes de partido o bien del candidato sin partido, validaron y legitimaron en su momento los cómputos. Tras ellos, los errores atribuidos a la captura de actas y la anulación de casillas por la participación de funcionarios no pertenecientes a la sección electoral son los argumentos en que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) basó su determinación de revocar la constancia de mayoría y la validez de la elección a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
En consecuencia, la sentencia indica que habrá de otorgarse dicha constancia al candidato independiente y, además, bajo el supuesto de una conducta intencionada y sistemática por parte de la autoridad local electoral y de falta de profesionalismo de ésta y del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, da parte al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), así como a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) y a la Fiscalía General del Estado, lo que conlleva la presunción de la comisión de delitos en el desarrollo del cómputo de la elección por la alcaldía, única de las seis elecciones que se desarrollaron en este proceso 2018, que se encuentra en tal circunstancia.
Se puede argumentar como poco creíble a la luz del efecto López Obrador, el que se evidencia con los triunfos alcanzados en la Sindicatura y las diputaciones locales, que el candidato a la alcaldía por su coalición se vea enfrentado a esta condición. Como también se puede afirmar que la decisión del TEE es un acto que restituye los principios de certeza y legalidad, aparentemente violentados en la integración de algunas casillas y la captura de actas; es decir, que preserva el régimen democrático.
En el primer caso, es necesario tomar en cuenta que la filiación política del ahora candidato morenista pudo influir de manera directa en la decisión de sectores de la ciudadanía, que pudieron haber considerado como inadecuado otorgar su voto a este candidato y en cambio asegurar con 228 mil 274 votos el triunfo de la persona que ocupará la Sindicatura, frente a los 177 mil 460 votos que le habían reconocido al entonces alcalde electo.
En el segundo caso, de comprobarse lo observado por el TEE, se estaría en el supuesto de que el sistema electoral ha logrado establecer y poner en acto instituciones que cumplen con el propósito de hacer respetar la voluntad popular. De no ser así y de corroborarse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la impugnación y la demanda de anulación que anuncia Morena habrá de presentar, se habrá cuestionado seriamente el carácter democrático del proceso electoral.
Una de las consecuencias negativas que puede resultar de esta situación, es la pérdida de legitimidad de quien al final del proceso contencioso sea reconocido como alcalde electo. Esto es así, si, como indica José Antonio Crespo, la legitimidad política se asume “como la aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder”. La duda está sembrada: ¿quien reciba finalmente la constancia de mayoría, tiene para sí y lo que representa, la aceptación mayoritaria?
FRIDE. (2002). Seminario sobre Transición y Consolidación Democráticas 2001 – 2002. “La democracia en México”, 13 y 18 de diciembre de 2001, Madrid.
Crespo, José Antonio. (2016). Elecciones y democracia. México: INE.