Alma A. Rodríguez
Académica
Hace aproximadamente tres semanas algunos vecinos daban a conocer su disgusto por la ciclorruta instalada en algunos puntos de la zona centro, debido a que les impedía estacionar sus automóviles frente a sus viviendas. A su vez, en la recién instalada ciclorruta de la Av. Henry Dunant, la cual aún está incompleta, se puede observar cómo algunos tramos de esta son diariamente invadidos por autos que se estacionan dentro del espacio confinado y en otros tramos, donde es aun más frecuente el uso de la calle como estacionamiento, aun ni siquiera se han instalado los vialetones que funcionarán como divisores del carril exclusivo para bicicletas. Mientras tanto, los estudiantes y docentes que llegan en bicicleta al campus ubicado en Av. del Charro siguen circulando por los carriles convencionales debido a las condiciones intransitables del carril exclusivo.
En ambos casos, más allá de los cambios naturales que conlleva la introducción de cualquier nueva infraestructura, cuando ésta implica una modificación importante de los patrones de comportamiento y de cómo las personas hacen uso de la calle, es de suma importancia que previamente y durante la ejecución de la obra, se haga un trabajo de socialización del proyecto con los vecinos, es decir, darles a conocer lo que se hará y cómo funcionará, qué beneficios se esperan a corto y largo plazo, así como cuál es la forma de interacción correcta con la nueva infraestructura, cuales son las normas y los comportamientos esperados.
De otra forma, como se ha constatado en los casos mencionados, es posible que el potencial beneficio de los proyectos se vea drásticamente disminuido, y con ello, la eficiencia del recurso invertido. Esto es grave cuando la necesidad de ampliar la oferta de opciones de calidad para la movilidad es un tema urgente en la ciudad y los proyectos de inversión son pocos, y cuando, además, se trata también de un tema central en cuanto a seguridad vial y sostenibilidad ambiental.
Respecto a esto último, algunos cálculos muestran que en contraste a un automóvil que emite a la atmósfera entre tres y cuatro toneladas de CO2 al año, alguien que se transporta en bicicleta colabora con cero emisiones. Este simple dato es un argumento contundente para la necesidad y pertinencia de impulsar medios de transporte alternativos como la bicicleta, invirtiendo en infraestructura de calidad.
Según el manual ‘Ciclo inclusión en América Latina y El Caribe’, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciudad con mayor cantidad de kilómetros de ciclorruta en Latinoamérica es Bogotá con un total de 392, en los cuales diariamente se realizan mas de 600 mil viajes en bicicleta, el porcentaje más alto en toda América Latina, con poco mas del 5% del total de los viajes. A nivel nacional, existe el ranking ciclo ciudades, elaborado por el ITDP, en el cual se evalúan diez indicadores: presupuesto, capacidad institucional, monitoreo y evaluación, educación y promoción, regulación, planeación, intermodalidad, infraestructura, uso de la bicicleta y seguridad vial.
Ciudad Juárez cuenta con una evaluación de 14 puntos de un total de 100 posibles, evaluación que destaca por que en los indicadores de presupuesto y de infraestructura tiene cero puntos. Es de resaltar que este ranking es de 2015 y está por actualizarse en este año, por lo que los proyectos que se están llevando a cabo, serán punta de lanza para el desarrollo de la ciudad en este tema, de ahí la relevancia de su buena ejecución y gestión, no sólo para los ciclistas y potenciales nuevos usuarios, sino para todos, pues cada ciclista mas en la calle representa un automóvil menos y por tanto menos congestión vial, además, representa menos emisiones de CO2 y por tanto, aire más limpio para respirar.