LA COLUMNA
de El Diario
Ni el más afiebrado cabadista pudo usar mayor contundencia para definir lo ocurrido durante el anómalo recuento de votos en la Asamblea Municipal Electoral (AME) que la usada ayer por los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) al concluir. Sostienen que hubo fraude electoral para impedir el triunfo del independiente, Armando Cabada.
Concluyeron que la elección de Ayuntamiento en Juárez fue un batidillo numérico. “El error en la captura fue sistemático y reiterado en perjuicio del candidato independiente... Ante la falta de acuciosidad y profesionalismo en la actuación de la Asamblea Municipal, y por ende de su órgano superior vigilante, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), es que se da vista...”, al Instituto Nacional Electoral y a las fiscalías estatal y federal para que determine responsabilidades “por las omisiones y errores cometidos durante la captura de los resultados”.
Son fuertes los resolutivos pronunciados ayer por los cinco magistrados del TEE aunque uno votó contra el dictamen porque le pareció corto en el análisis de toda la impugnación.
Efectivamente los resolutivos se quedaron chicos cuando únicamente dan vista a los consejos generales del Instituto Nacional Electoral (INE) y del IEE así como a las fiscalías federal y local. Sin duda hay conductas que van más allá del mismo órgano electoral municipal y que involucran al mismísimo gobernador del estado Javier Corral, actuando a través de personeros instalados en la función comicial, como son los casos del cónyuge incómodo, Ricardo Gándara, y del condiscípulo universitario Édgar Villegas.
No es responsabilidad de González Mocken. Él fue también engañado por la astucia de Palacio de Gobierno, que no dudó un momento en torcer los principios básicos de la elección, para favorecer a un alcalde más cómodo –¿negociando en lo oscurito?– en vísperas del 2021.
Pese a la determinación, se cierne el fantasma de la nulidad sobre la elección, no sólo por el anuncio del candidato ahora perdedor que ya oficializó que irá ante el Poder Judicial Electoral federal, sino por el discurso de los magistrados que apoyaron la ponencia de César Wong, y que fueron más allá, particularmente en el caso de Jacques Jáquez, que en un voto particular se pronunció por anular los comicios, debido a las fallas sistemáticas cometidas desde la Asamblea Municipal.
La cuestión de fondo es la voluntad de los juarenses que ha sido violentada una y otra vez, con una parsimonia que da horror, desde una Asamblea Municipal que transgredió el orden jurídico, sin que nadie, pero nadie le haya puesto orden. Los consejeros y consejeras estatales sabían que no podían pararse en Juárez porque echaban a perder la “operación” de Corral acá.
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La sesión del Tribunal Estatal Electoral no tuvo desperdicio alguno. Llegó lo interesante tras los casi 50 minutos de lectura del proyecto por parte del magistrado Wong Meraz.
Uno por uno de los magistrados colocó el dedo en la llaga por la gravedad de las inconsistencias, si es que se le puede llamar así al dolo sistemático para alterar en la captura las actas electorales, moderno mecanismo de fraude que el mismo “Coco Reyes” y Bartlett Díaz envidiarían.
El choro del magistrado Ramírez Salcedo, de Octavio Paz a Seneca, adormiló a los presentes en el chihuahuita salón de plenos y desesperó a la audiencia en redes sociales. Pero en lo sustantivo fue aplanador: se violaron los principios de certeza y seguridad jurídica que deben observarse en todos los actos vinculados con los procesos comiciales, por lo que debe revisarse el desempeño de las autoridades electorales.
Luego vino Jacques Jácquez: no estuvo de acuerdo con el proyecto del ponente, porque faltó exhaustividad. La lógica indica que si se cometieron graves errores de captura en 43 casillas, lo mismo pudo haber ocurrido en el resto de los casi dos mil paquetes electorales de la elección. Hay resultados que no son fidedignos, con un error determinante, que viola principios de certeza y objetividad, vulnerando el interés superior del ciudadano. De este tamaño lo planteó.
El magistrado Yuri Zapata no se quedó atrás desde su posición como presidente. Ponderó como muy grave que el error haya ocurrido en el mismo recuento, donde se supone que la autoridad debió haber cuidado con mayor ahínco su tarea.
No fue así. Estaban más ocupados vigilando los intereses del gobernador que otra cosa. A eso vino Ricardo Gándara a Juárez. No hay otra explicación. El Diario presentó testimonio sobre la ilimitada capacidad de movilidad que tuvo en toda la instalación electoral municipal antes, durante y después de la jornada electoral.
Luego cerró tembloroso el magistrado Julio César Merino: estuvo de acuerdo con la ponencia de César Wong, porque no es la autoridad electoral quien debe determinar quién gana una elección. Debe ser respetuosa de la voluntad popular.
El Instituto Estatal Electoral, dijo el magistrado, no cumplió con los principios que le dan vida, por ello estuvo de acuerdo con dar vista a las autoridades correspondientes.
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El manipuleo en la elección fue muy simple desde el análisis técnico llevado a cabo por el Tribunal Electoral: ante la solicitud de recuento de votos, la Asamblea Municipal volvió a capturar las actas, una vez que se iba realizando de nueva cuenta el cómputo municipal.
En ese recuento las variaciones de votación fueron hasta de 100 votos en casillas. Asunto altamente sospechoso para el candidato independiente, quien siempre sostuvo que no era posible que tuviera voto cero en algunas secciones.
Cabada debió luchar contra la Asamblea Municipal, no contra González Mocken. Bueno, luchó contra el gobernador que no quería su triunfo, y por ello operó modificaciones sustanciales a la votación desde las actas de cómputo a través de sus alfiles, su condiscípulo universitario, Edgar Villegas y su subordinado, Ricardo Gándara.
Visto el análisis con las gafas del TEE, ese escenario que le fue dispuesto a Mocken era insostenible, pero había poca credulidad de algunos opinadores. Incluso, cuando publicamos en esta columna que el resultado sería revertido, hubo reacciones airadas, más allá de las molestias naturales por la publicación de una información que sólo otro medio traía.
Ayer quedó lista la resolución, y se confirmó el fallo anticipado ante la gravedad de las irregularidades señaladas por el máximo órgano electoral en el estado.
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¿Qué sigue? En la normalidad, simplemente esperar al desahogo de la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala Guadalajara. No será así de sencillo sólo esperar.
Aunque el corralismo ha iniciado con el pie izquierdo la relación con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por aquello de los tuitazos contra el morenista de hueso colorado, José Agustín Ortiz Pinchetti, y abrió un huequito de “confianza” a Cabada durante los últimos días, no tenemos duda que buscará influir en la decisión del órgano federal, que en algún momento lo convirtió en senador.
Serán movidas las piezas desde Palacio y Morena hará lo propio. Ayer mismo se apersonó un enviado del Comité Ejecutivo Nacional en Juárez. “No permitiremos que se violente la voluntad de los juarenses”. Incluso veladamente anticipó la búsqueda de la nulidad. Es lo que mejor les acomodaría.
En tanto, son los juarenses quienes simplemente son ignorados.
En el Tribunal se dijo muy claro: si la Asamblea Municipal hubiera hecho bien su trabajo, capturar correctamente los votos –¡ufff, que difícil!– la elección se hubiera resuelto por más-menos 300 unidades.
Ahorita ya habría candidato ganador firme, en la normalidad de una elección, donde se alejan las intervenciones inaceptables de un gobernador que pretende imponer su voluntad en todos los órdenes.
Por ello, el Tribunal se queda corto. Debió solicitar en la vista que la Fiscalía Federal Electoral realice una exhaustiva investigación, que averigüe la indebida participación de personeros cercanos al gobernador, desde las mismas entrañas del órgano responsable de las elecciones.
El responsable no es el funcionario electoral que cometió la pifia monumental en la captura de más de 40 casillas: el responsable es su jefe político que operó bajo la mirada complaciente del mismo consejo general del Instituto Electoral en el Estado, que le abrió la nómina al mandamás de Palacio para que hiciera chilar y huerto, convirtiendo la elección municipal en un inesperado renacimiento de los tristemente famosos fraudes electorales.