Luis Javier Valero Flores
Analista
No podía ser el acto más emblemático de la crisis de inseguridad, que lo ocurrido en el inicio de los foros “Por la pacificación y la reconciliación Nacional”, promovidos por el ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
El foro “Juárez escucha” fue ilustrativo, también, de las esperanzadoras nuevas formas del ejercicio del poder en el país.
Cuando las víctimas y los padres de las víctimas (desaparecidas[os]), asesinadas, torturadas) asumían la misma actitud y ejecutaban las mismas acciones realizadas frente a otros gobernantes, los que apenas van a asumir el poder efectuaron un acto radicalmente diferente al de sus antecesores en los cargos: pidieron que los invitados especiales cedieran sus lugares a las víctimas, y éstas aprovecharon para plantearle en corto sus reclamos a López Obrador, además de denunciar públicamente, una vez más, al gobernador Javier Corral por su desdén para quienes sufren una de las peores tragedias que puede vivir persona alguna: la desaparición de uno de sus familiares más queridos y si nos apuran más, el de sufrir la de uno de los hijos.
Sí, la denuncia fue pública otra vez, sólo que esta vez tenía un serio añadido, se hacía en presencia del presidente electo de México, y no cualquiera, sino el que ha recibido el mayor respaldo jamás recibido por candidato presidencial alguno.
Eso se percibía en el ambiente y Corral más que nadie.
Otro de los hechos inéditos y relevantes del acto realizado el martes fue el que el gobernante chihuahuense nunca había estado (salvo en una ocasión, en la que manifestantes de Camargo lo increparon por su actitud frente al gasolinazo) en un escenario casi totalmente adverso y en el que, ostensiblemente, no era bien visto por la mayoría de los asistentes.
Uno más, la tajante divergencia entre lo planteado por López Obrador y la postura de las víctimas acerca del perdón y el olvido, en lo que aparentemente es una diferencia en el enfoque que cada uno aporta, pero en el que, por la deficiente procuración de justicia, les asiste la razón a las víctimas pues hablar de perdón, ante sus ojos, es la no aplicación de la justicia, algo a lo que está obligado el gobernante a realizar.
Sí, porque, tantos quienes dieron origen a la frase, como los posteriores seguidores, al sufrir de la falta de aplicación de justicia se traducía en que al pasar el tiempo se podría pensar en que el pensamiento cristiano se impondría y el perdón sería la siguiente etapa del duelo de las víctimas y sus familias y allegados.
De ahí nació, como una de las consignas más dolorosas, pero a la vez ilustrativas de la profunda indignación de una sociedad agraviada como pocas: “Ni perdón, ni olvido”, alzaron ante el presidente Peña Nieto los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
Afortunadamente para el equipo de López Obrador –y para el país mismo– Alfonso Durazo precisó los alcances de la amnistía prometida por el ahora presidente electo en la campaña.
Durazo anunció que “los responsables de delitos no graves, en los que no estuvo involucrada la violencia, serían beneficiados con amnistía. Todos aquellos delitos relacionados con el narcotráfico, homicidio, genocidio, desapariciones forzadas, masacres, tortura, feminicidios, trata de personas y trata de migrantes entre otros, no serán candidatos al beneficio de la amnistía”.
De pasada, AMLO dio respuesta a una de las cuestiones centrales en el tema del tráfico de drogas, sin enfatizar en ello, al expresar, dentro de las medidas que tomará para enfrentar la violencia y la delincuencia, que llevarán a la práctica todas las medidas que ayuden a enfrentar el problema, “a pesar de que le pudiera causar incomodidad a alguno de nuestros vecinos”, con lo que daba respuesta a quienes opinan que nada se puede hacer en este tema sin que el Gobierno norteamericano lo apruebe.
Se abre, otra vez, la esperanza…