Pascal Beltrán del Río
Analista
Ciudad de México.- La creciente violencia en el país –en 2017 hubo 31 mil homicidios dolosos, 27 por ciento más que en 2016– no permite sino reprobar la política de seguridad pública que México ha tenido a nivel federal y en prácticamente todos los estados de la República.
La pregunta es si ha fallado el diagnóstico, la estrategia o la implementación de ésta.
Lo más seguro es que el saldo sangriento sea multifactorial: una combinación de errores de percepción sobre las causas de la violencia y la incapacidad y la corrupción a la hora de aplicar las medidas que se han diseñado para hacerle frente.
Creo que vale la pena detenerse en una idea que surgió de encuentros entre autoridades e integrantes de la sociedad civil que tuvieron lugar hace una década, luego de la indignación y movilización ciudadanas a las que dieron lugar el secuestro y asesinato de los jóvenes Silvia Vargas y Fernando Martí.
En realidad, la idea pudo haber sido propuesta por el mismísimo Perogrullo: contar con policías confiables que los mexicanos puedan poner a cargo de la protección de su vida y sus bienes.
El 25 de agosto de 2008 –cinco días antes de que decenas de miles de mexicanos vestidos de blanco llenaran el Zócalo para exigir que las autoridades cumplieran con su obligación constitucional de brindar seguridad–, el Diario Oficial de la Federación publicó los resolutivos de la 23ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el 21 de agosto.
Allí se aprobó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que en su punto segundo establece el compromiso del Gobierno federal de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia mediante la creación de “un modelo nacional de evaluación y control de confianza”, con el fin de someter a “evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales”.
Asimismo, se acordó “impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la creación de centros estatales de control de confianza certificados” y “establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Policial (para) perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales del país”.
Para todas estas acciones se fijaron plazos. El resultado es que, 10 años después de la firma del acuerdo entre el Gobierno federal y la sociedad civil, la mayor parte de los elementos de las corporaciones policiacas en México (86 por ciento) sigue sin tener los estándares mínimos para dar confianza ni las capacidades para desarrollar su actividad.
Así, ¿cómo se puede?
Durante una década se han dado interminables vueltas en la discusión pública sobre cuál es el modelo policial que mejor conviene a México.
Por ejemplo, se ha debatido, sin llegar a conclusiones y acuerdos, si debe haber un mando único o un mando mixto en las policías estatales.
Pero lo peor es que ni siquiera las premisas básicas de una policía confiable han podido llevarse a la práctica.
La decisión más reciente –que data de 2016– fue crear un Certificado Único Policial (CUP) que deben obtener todos los elementos de las corporaciones de seguridad a fin de garantizar que las policías del país cuenten con oficiales capaces y bien preparados para desempeñar su labor.
El 9 de septiembre de 2016, al dar a conocer los lineamientos para la emisión del CUP, el Consejo Nacional de Seguridad Pública informó que una quinta parte de los 229 mil policías del país no habían aprobado los controles de confianza vigentes, una tercera parte no tenía competencias policiales y una décima parte ni formación inicial siquiera.
Con el fin de hacer frente a esto, se instituyó el CUP. Para conseguirlo, los policías deben pasar cuatro evaluaciones: formación inicial, control de confianza, competencias básicas y desempeño académico. Para ello se dio un plazo de tres años.
Hace unos días se reveló que cuando faltan 13 meses para que se cumpla el plazo legal, apenas 14 por ciento de los policías están en condiciones de obtener el CUP, pues han aprobado las cuatro evaluaciones. De acuerdo con el calendario autorizado, dicho porcentaje debería estar en 50 por ciento el próximo mes.
Mucho se ha criticado el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia, pero pocas veces se dice que esto ha obedecido a la incapacidad o falta de voluntad de formar policías.
Puede haber muchas causas de la crisis de inseguridad que vivimos y seguramente la solución tiene varios componentes. Pero, en cualquier caso, contar con policías adiestrados y confiables es una condición imprescindible para salir del hoyo.