Gerardo Cortinas Murra
Analista
La estrategia mediática anunciada por AMLO para convocar a los mexicanos a participar –en diversas ciudades el país– en una serie de “foros de consulta para conseguir la reconciliación y la paz en el país” ha generado sospechas respecto a su supuesta intención de conjuntar “todos los planteamientos… (porque) con todos esos insumos se elaborará el Plan Nacional de Seguridad Pública”.
Desde un enfoque sociopolítico, la reconciliación es “un proceso continuo de reconstrucción del tejido social y de las instituciones legítimas y legales constituidas bajo un orden democrático estable. Es entrar en un diálogo abierto, para hacer frente a la violencia que se hizo presente en una parte de la historia de un pueblo o una nación y proyectar con bases sólidas un futuro viable para todos los actores que intervienen en el conflicto” (Wikipedia).
La reconciliación sería entonces una forma de participación ciudadana que refleja un ejercicio del derecho político para participar en la vida pública del país. “Implica que todos los actores participen en la toma de decisiones sobre el futuro de la sociedad y que lo hagan a pesar de tener visiones distintas o antagónicas”.
Así, nos resulta más comprensible la convocatoria de AMLO como preámbulo de la llamada “Cuarta Transformación”, en la que hace extensiva la invitación a líderes de organizaciones sociales y religiosas, a connotados derecho-humanistas, a organizaciones internacionales (ONU), e inclusive, a gobernantes de la oposición e independientes.
El tema toral que habrá de ser analizado, sin duda alguna, será el tsunami de la inseguridad pública que agobia a los mexicanos. Por ello, será interesante conocer las propuestas que formulen la ciudadanía y las organizaciones invitadas. Yo me pregunto: ¿AMLO aceptará que existe infinidad de actos de terrorismo, y actuará en consecuencia?
La agenda incluye “el compromiso para investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, para abrir “las puertas del país a organismos internacionales de derechos humanos, (porque) no habrá trabas, ni obstáculos para que se conozca la verdad… habrá justicia”.
Asimismo, se “pedirá asistencia a la ONU en los temas relativos a los derechos humanos y la transparencia en el combate a la corrupción”. Otro tópico de estos “foros”, será la recepción de propuestas para ‘ajustar’ las estructuras administrativas para llevar a la práctica el plan de austeridad republicana. Tal y como se dijo en campaña: “no puede haber Gobierno rico, con pueblo pobre… (porque) habrá un Gobierno austero, sencillo. Y el poder es humildad”.
Sin embargo, las críticas de diversos analistas van dirigidas a una subrepticia intención de AMLO para ‘legitimar’ sus inminentes políticas públicas. El argumento es sencillo: Si se acepta que en México la democracia participativa es precaria, dada cuenta que la opinión pública casi nunca incide en la toma de decisiones políticas; por lo tanto esta ‘consulta popular’ no representa una genuina participación política; sino más bien, una estrategia para ‘ratificar’ al nuevo Gobierno federal.
Para Aída María Holguín, AMLO “obra con alevosía y ventaja al pretender aprovecharse de su triunfo electoral para que sus decisiones cuenten con una notable aprobación ciudadana o, en su caso, para lavarse las manos como Poncio Pilato... Claro está que no es la primera vez que López Obrador usa las consultas para legitimar su liderazgo (entiéndase ejercer el poder); no obstante, sí sería la primera vez que tendría una repercusión a nivel nacional”.
Aída María avizora que si se toman en cuenta estos antecedentes y el grado de controversia de la temática, los foros de ‘reconciliación’ nacional, “servirán como indicadores para que el propio López Obrador seleccione los momentos y temas que sí le interesa llevar a consulta pública y los que no”. Yo me pregunto: ¿Es válida una consulta popular promovida por un gobernante que aún no asume el cargo?