LA COLUMNA
de El Diario
• Exigirán a estudiantes vender boletos de lotería
• Los 14 millones son de trabajadores estatales
• Verónica Corchado quiere la ratificación
• Se llevarán a las candidatas de delegadas
¡Aguas! Conste que sobre aviso no hay engaño. Por estos días una cuadrilla de administradores de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado andará recorriendo oficinas de instituciones educativas de nivel medio y superior, organismos públicos autónomos y áreas de gobierno de las llamadas descentralizadas para obligarlos a recibir boletos del nuevo sorteo “amanece” millonario.
Aparte de pagar sus cuotas semestrales y anuales, sus uniformes, sus útiles escolares y todo lo que deben gastar las familias, ahora recibirán también los muchachos paquetes de boletos de la lotería implementada por el panista Javier Corral Jurado.
El gobernador aceptó la propuesta de sus asesores para que los boletos sean repartidos también en los colegios de Bachilleres, universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, y por supuesto, las universidades Autónoma de Chihuahua y de Ciudad Juárez.
Desde hace unos 15 días están siendo utilizadas las 67 recaudaciones de rentas del Gobierno estatal en los 67 municipios para la venta de boletos. Son 200 mil unidades de a 100 pesos cada una. Sacarán de ahí 20 millones de pesos.
En la promoción de los boletos dice que viene un premio mayor de un millón de pesos y 100 premios de 100 mil pesos (10 millones), que da el total de “11 millones de pesos en premios”.
Los nueve millones de ganancia serán “destinados” a la “infraestructura social en comunidades indígenas”, es lo que dicen los boletos.
Nadie debe tener empacho en ayudar a los indígenas; o mejor expresado, en seguir ayudando a los indígenas. Fundaciones y múltiples organizaciones sociales, religiosas y empresas dedican esfuerzo y bastantes recursos en ese objetivo.
El Gobierno del Estado está obligado a ser capaz y eficiente para atender las necesidades de los indígenas y de todos los chihuahuenses de menos recursos en todo el estado sin la necesidad de una lotería.
En este caso no resuelve el problema con nueve millones (si es que en realidad van destinados a comunidades indígenas) y sí crea un problema mayúsculo entre las miles de familias de los 67 municipios cuyos hijos estudiantes son obligados a vender los boletos y/o entregar el dinero correspondiente de los mismos.
Ya veremos el severo conflicto que se vendrá apenas inicien clases, pues hasta ahora las recaudaciones de rentas no han podido vender boletos en cantidad siquiera modesta. Cien pesos es mucho dinero para cualquier familia que apenas alcanza para pagar los distintos trámites que ahí se llevan a cabo. ¡Qué brillantes son esos del nuevo amanecer para salir de los problemas económicos del estado!
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Se relame los bigotes el gobernador Javier Corral, esperando los 36 millonsotes que el Instituto Nacional Electoral (INE) le puso como multa al PRI por el desvío aquel de los 14 millones con cargo a los trabajadores del Gobierno del Estado en 2015.
Hay dos pequeños problemas al respecto. Primero, esperar la reacción del PRI nacional, que seguramente interpondrá un recurso en contra de la multa, toda vez que no existen evidencias de que ese dinero haya sido ingresado a la contabilidad del partido. Al menos eso anticiparon en la misma mesa del INE.
Es decir, se trata de una transa del entonces tesorero del tricolor chihuahuense Pedro Mauli Romero (encarcelado). Por ahí caminará la defensa del PRI, en busca de sacudirse la sanción y dejarla únicamente en lo penal.
Pero además hay un problema moral de fondo. Catorce de esos 36 millones impuestos de multa son dinero arrebatado a los trabajadores de manera ilegal, por lo que, moralmente, el gobernador está obligado a regresar ese dinero a los servidores públicos que fueron despojados de un 10 o un 20 por ciento de su salario, antes de pensar en dárselo al Consejo de Innovación.
De hecho el INE debería garantizar la reparación del daño en el dictamen que por cierto luce por su inexistencia en la página oficial. Tal vez estará en un rinconcito muy escondido para que nadie lo vea.
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Algunas rebabitas de cobre está soltando la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Verónica Corchado. Es cierto que Javier González Mocken es técnicamente alcalde electo puesto que ya recibió su constancia de mayoría.
Hay dos detalles en ese contexto que aconsejarían prudencia e incluso algo de respeto por parte de doña Verónica, que acaba de arrancar un campañón para ser ratificada en el cargo por el abogado Mocken.
“Ya el INE dio el anuncio oficial (sic), González Mocken gana la presidencia municipal con tan solo 961 votos (también sic) más que el independiente Cabada”, dice en su blog Hilda Sotelo, seguidora de Verónica.
“Más allá del tema político y los inconvenientes cambios que se suscitaban cada tres años y ahora cada dos años (otro sic), Verónica Corchado se recomienda sea ratificada para la siguiente administración”, dice Sotelo.
La cuenta oficial de Face del Instituto de la Mujer fue llenada con autologios los dos últimos días: “¡obtuvimos el reconocimiento de la IV cumbre Iberoamericana de agendas locales de género!”, “el instituto recibió mención especial por el protocolo policial de atención a víctimas”, etc, etc. Y así por el estilo.
Los dos detalles: primero, Cabada sigue siendo alcalde y por lo tanto jefe de Corchado. Segundo, Mocken es alcalde electo pero el proceso entró a nueva etapa de litigio, por lo tanto le zumba al menos todo el mes o hasta más para la eventual ratificación.
Por cierto, entre la artillería que envió Yeidckol Polevnsky a Juárez para defender el triunfo de Mocken aparece el conocido Fernando Villarreal, quien fue operador del duartismo, después de Lilia Merodio, pasó por las manos de Armando Cabada y ahora la pasa en el cuarto de guerra de la presidenta nacional de Morena.
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Las circunstancias han sacado al profe Diógenes Bustamante Vela como flamante asesor de la bancada rosa del Congreso del Estado.
Poco se sabía de él en esa función hasta ahora que sus opositores políticos internos y externos al PRI le han echado el ojo porque está procesado penalmente por supuesta corrupción.
La posición fue acordada inmediatamente después del 1 de julio entre el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, y las diputadas tricolores en el Congreso, entre quienes a estas alturas del partido la relación permanece deshecha. El caso Diógenes pasó entre los últimos cuando quedaba la posibilidad de los últimos acuerdos, pero hoy el bajo mundo legislativo se pregunta cómo sigue en la nómina si está sujeto al proceso penal.
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Nos aseguran que muy pronto serán promovidas las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz y la diputada Adriana Fuentes, como delegadas del PRI en distintos puntos de la República.
El ímpetu, las ganas, el desinterés personal y la fuerza política de las tres será requerida por el PRI nacional para su reconstrucción.
Cosa de días para que reciban los telefonazos por parte de Claudia Ruiz Massieu o alguno de sus secretarios. Las tres fueron candidatas a diputadas por distritos federales. Es altamente probable que también sea incluida la excandidata a la Alcaldía juarense y también diputada, Adriana Terrazas.