Francisco Ortiz Bello/
Analista
Nada hay más perjudicial y nefasto para una comunidad, sociedad o país, que un Gobierno ineficiente, ineficaz e incompetente. Los ciudadanos que deben recibir los beneficios de una administración pública capaz, experimentada y honesta, resultan gravemente defraudados en sus intereses y necesidades, quizá más que si se tratara de un Gobierno ladrón o corrupto. La falta de capacidad, para el desempeño de un cargo, también es una forma de corrupción y deshonestidad.
Cuando un servidor público rinde la protesta de ley al cargo, jura desempeñarse con responsabilidad, capacidad, conocimiento y lealtad en las responsabilidades adquiridas, lo que supone la total experiencia en las funciones requeridas. Es por eso por lo que, si algún servidor público carece de los conocimientos mínimos necesarios para el desempeño de sus funciones, y aun así rinde la protesta de ley respectiva, podemos afirmar que está engañando deliberadamente a la sociedad, que es una manera de corrupción política por el dolo con el que actúa. Deshonestidad pura.
Es el caso que nos ocupa en Chihuahua. La llegada al gobierno del panista Javier Corral Jurado, y todo su equipo de colaboradores de primer nivel, suponía un cambio en la manera de gobernar el estado. Un cambio para bien, una mejoría pues. La verdad es que ha sido una enorme decepción aun para muchos panistas que en corto lo reconocen.
Rijoso, disperso, mediático, faccioso, inexperto, obcecado, egocéntrico e insensible, el gobernador ha hecho de la administración pública estatal una enorme y muy larga lista de pendientes en temas de vital importancia, y se ha confrontado abiertamente con tirios y troyanos sin importarle en lo más mínimo el interés y bienestar de los gobernados, de la sociedad pues.
Confundido completamente entre sus explosivas apariciones en la tribuna del Senado o de la Cámara de Diputados y la tarea de gobernar, a 18 meses de haber tomado las riendas del estado, Corral aún no atina a diferenciar entre ser legislador y ser gobernador. Aún no comprende la delicada tarea de velar por la estricta aplicación de la ley en beneficio de todos los ciudadanos, así como administrar pulcramente todos los recursos del Gobierno. Administrar, y no utilizarlos indebidamente para intereses y objetivos completamente alejados del interés social.
El reciente conflicto con los maestros de la Sección 42 del SNTE, es la cereza del pastel que demuestra fehacientemente esa enorme incapacidad e insensibilidad del gobernante, desastrosamente secundado por la autoridad educativa. Un conflicto cuyo origen es el pago de prestaciones laborales a los maestros, derivadas de la Reforma Educativa y avaladas en su momento entre el Gobierno estatal y el sindicato, pero que hoy Corral pretende desconocer y con ello evitar su pago.
Los acuerdos y compromisos signados por un gobierno son institucionales, independientemente de quién sea el gobernador, o de qué partido sea. Toman un carácter de formalidad y seriedad institucionales y, por tanto, se deben cumplir a cabalidad por el Gobierno que los emite o acuerda, y por los siguientes que lleguen a él. No hay pretexto o excusa para no hacerlo.
El gobernador Corral afirma que, en esas prestaciones acordadas para los maestros en la administración estatal de César Duarte, hubo excesos y situaciones anómalas, fuera de la legalidad, asegura incluso. Puede que sea cierto lo que dice el gobernador, pero en todo caso debe acudir a los procesos legales institucionales para demostrarlo y, entonces, aplicar lo que en derecho proceda. Pero lo que no puede hacer –por muy gobernador que sea– es erigirse en acusador, juzgador y verdugo al mismo tiempo, para descalificar tales acuerdos y con base sólo en su afirmación detener los pagos a los maestros. Como gobernador del estado tiene la obligación de cumplir tales acuerdos, hasta en tanto no pueda demostrar lo que afirma sobre la ilegalidad de éstos.
Los 247 maestros que exigen el pago de tales prestaciones lo hacen desde la óptica de un derecho que tienen, algo que se les ofreció en su momento por la autoridad educativa, punto. Y como cualquier otro trabajador los maestros tienen derecho a hacer valer sus demandas y a que el sindicato que los representa los defienda y asesore, además de tomar las acciones que consideren pertinentes dentro del marco legal. El paro de labores es una herramienta legal considerada en el marco normativo laboral.
Desde la llegada de Corral al Gobierno, el sector magisterial ha sido uno de tantos grupos con los que el panista se ha confrontado abiertamente, llegando al conflicto total como es el caso. No obstante esa condición adversa, el sindicato magisterial siguió los pasos necesarios e institucionales al plantear sus demandas. Avisaron con bastante tiempo de anticipación que realizarían dicho paro de actividades, si no encontraban respuesta adecuada a sus demandas. Y no la encontraron y ocurrió el paro.
A eso me refiero cuando hablo de incompetencia, de ineficiencia del Gobierno. Sin dejar de agregar la insensibilidad política y social. No se puede administrar el gobierno de un estado tomando decisiones con el hígado. La visceralidad es el peor de los defectos para un gobernante.
El conflicto con los maestros es sólo uno de tantos que mantiene el gobernador con muy diversos sectores sociales y políticos. No es tarea del Gobierno confrontarse con grupos de la sociedad, por el contrario, la mayor responsabilidad de un gobernante es representar a la sociedad en su conjunto, a toda la sociedad. El gobernante debe hacer uso de toda su capacidad y conocimientos –si es que los tiene, claro–, para conciliar los intereses de todos los ciudadanos. De todos.
En cambio, la conducta facciosa y pendenciera de Corral ha dejado abiertas heridas por todos lados. Desde su visión unipersonal y megalómana, él dice lo que es correcto o no, lo que es justo o injusto, lo que es legal o ilegal, lo que es moral o inmoral, pero sólo tiene su juicio para ello y nada más importa.
Así, bajo esta reducida visión, ha descalificado injustificadamente a periodistas y medios de comunicación, a líderes sociales, gremiales y de partidos políticos, ha mantenido fuertes confrontaciones (públicas incluso) con quienes se atreven a cuestionar su trabajo, dejando por completo de lado su obligación constitucional de ser el gobernador de todos los chihuahuenses y no sólo de unos cuantos.
A la fecha, luego de un año y medio de gestión, sigue justificando su inacción en cuanto a obra pública se refiere, por ejemplo, con el llevado y traído argumento del saqueo que realizó Duarte y su equipo a las finanzas estatales, lo cual no ponemos en duda, pero luego de 18 meses y dos presupuestos anuales es un tema que ya debería estar superado totalmente, sin embargo, sigue escudándose en el mismo para justificar la ineficiencia en muchos rubros de su gobierno.
Los pendientes de la administración corralista son muchos y muy variados. Por supuesto todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales de los maestros en el estado, pero también una reestructuración de la deuda pública estatal por la que tanto presionó Corral a los legisladores, pero que ahora, luego de seis meses de aprobada aún sigue sin concluir. Claro, el tema de la seguridad pública en todo el estado, principalmente en la zona serrana, en la capital y en esta frontera. Las exigencias de productores agropecuarios, las de transportistas, las de la misma ciudadanía que exige un mejor transporte público, la exigencia de artistas y operadores culturales para la destitución de la secretaria de Cultura por malos tratos y falta de pago, o la regularización de vehículos introducidos al país sin la importación adecuada, en fin, tantos y tantos pendientes más que se siguen acumulando.
Es insostenible el argumento de las autoridades estatales de falta de dinero para resolver muchos de sus conflictos, cuando se usan indiscriminadamente recursos públicos ilimitados para los eventos del gobernador hablando de caravanas por la dignidad, asambleas informativas, encuentros Chihuahua y demás ocurrencias similares o en costosos viajes de funcionarios de Cultura. Sí hay dinero, pero sólo se usa para los actos, eventos o proyectos que el gobernador decide.
Por eso afirmo que la actual administración estatal es incapaz, ineficiente, incompetente, insensible e inexperta en su tarea de gobernar para todos los chihuahuenses pero, además, tampoco se le ven las ganas de mejorar, de reconocer sus fallas y omisiones para corregir el camino. Bien harían en reconocerlas para que se puedan empezar a corregir.