Pascal Beltrán del Río/
Analista
Ciudad de México.- Hace días le relataba que pese a la desmovilización de las FARC con motivo del proceso de paz con el gobierno colombiano, la violencia no ha cesado en las zonas en las que operó el grupo armado durante medio siglo.
Un pequeño remanente de las FARC, identificado como el Frente Oliver Sinisterra (FOS), ha tenido en jaque a la población de la zona fronteriza de Ecuador y Colombia desde hace meses. Entre otras acciones, ha atacado a las fuerzas de seguridad mediante emboscadas y la detonación de un carro bomba.
Eso hizo que un grupo de periodistas del diario quiteño El Comercio se desplazara a la zona, a finales de marzo, para obtener información.
Los tres miembros del equipo fueron secuestrados por la banda criminal, dirigida por un hombre que se hace llamar Guacho. A cambio de liberarlos, éste exigía un intercambio por tres delincuentes presos en Ecuador. El 13 de abril se confirmó que los periodistas habían sido asesinados. Y apenas antier se supo que una pareja de ecuatorianos había sido secuestrada con el mismo objetivo.
Uno de los propósitos de los acuerdos de paz con las FARC, suscritos en noviembre de 2016, era reducir el narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la ONU, el cultivo de coca no tomó nota de la desmovilización de los subversivos.
“En los últimos tres años, hemos visto un sustancial aumento en el cultivo de coca en Colombia, y en los últimos dos se ha duplicado el territorio cultivado”, afirmó Bo Mathiasen, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en un informe entregado a mediados del año pasado, refiriéndose a un periodo que coincide con los avances del proceso de paz iniciado en 2012.
La banda de Guacho ha sido señalada como la que protege las rutas del narcotráfico en el departamento de Nariño, especialmente la zona de Tumaco, que produce la mayor cantidad de hoja de coca en territorio colombiano.
“El proceso de paz en Colombia, muy exitoso desde el punto de vista político y de la organización institucional del país, está siendo muy nocivo en cuanto al control del territorio donde se produce cocaína y hoy el país está en niveles récord de producción”, dijo el experto argentino Martín Verrier, citado por el diario digital Infobae.
Otro especialista, el brasileño Marcus Reis, sostiene que la paz entre las FARC y el gobierno “es vista por las organizaciones criminales como una oportunidad para meterse en Colombia”.
Es verdad que el número de homicidios en Colombia ha llegado a su nivel más bajo en cuatro décadas. En 2002, fueron asesinadas más de 28 mil personas, mientras que el año pasado fueron alrededor de 11 mil. Sin embargo, dicho descenso, que ha sido paulatino, se atribuye generalmente al endurecimiento de las estrategias de seguridad y no al proceso de paz.
De acuerdo con Global Peace Index, en 2015 el gasto para contener la violencia en Colombia totalizó 139 mil 500 millones de dólares, un aumento de 53 por ciento comparado con 2008.
A cambio de firmar la paz, las FARC recibieron condiciones muy ventajosas en su participación en el proceso electoral en curso, como la asignación garantizada de cinco escaños en cada una de las cámaras, más las que obtenga por su cuenta.
Esto ha generado una gran molestia entre muchos colombianos, que ven con horror que una organización armada responsable de un sinnúmero de atrocidades -como el asesinato de funcionarios elegidos por el voto popular- ahora coseche los frutos de la democracia.
Peor aún, pese a esos beneficios, uno de los principales negociadores de la paz por parte del grupo armado, Seuxis Pausivas Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, fue aprehendido la semana pasada, acusado de negociar un embarque de droga con supuestos narcotraficantes mexicanos que eran, en realidad, agentes antinarcóticos encubiertos.
Santrich enfrenta ahora un proceso de extradición a Estados Unidos. Y la policía colombiana aún busca a dos miembros desmovilizados de las FARC que cooperaban con este dirigente.
Quizá sea temprano para augurar un fracaso del proceso para poner fin a un conflicto armado que dejó 220 mil víctimas, pero en este primer año y medio la experiencia no ha sido muy alentadora.
Los mexicanos deberían voltear a ver lo que está pasando en el país sudamericano para poder dar contenido a la discusión sobre la propuesta de resolver la violencia que padecen mediante una amnistía a los criminales.