LA COLUMNA
de El Diario
• Cuñada del PAN ayudó a Centrum
• Hospital General hace “paro” a clínica privada
• Primeras candidaturas son de Morena
Definitivamente en la Fiscalía General del Estado (FGE) deberán encender veladoras a todos los santos para impedir manchar más la imagen de esa institución, ahora con el caso de los juniors brutales que en mayo 22 presuntamente dejaran casi muerto a uno de sus compañeros de parranda en el Silver Fox, bajo la cómplice omisión de guardias y policías preventivos.
Finalmente no hubo arreglo económico entre los familiares de los "malcriados muchachitos" y la familia del agredido, Sebastián Díaz, todos de la misma “clica” el día de los hechos.
Se había mencionado ya que, mediante el pago de los gastos médicos y atención hospitalaria que requirió Sebastián, –unos 30 mil dólares–, el asunto quedaría archivado, los agresores perdonados, la denuncia retirada y todos felices y contentos como si no hubiera pasado nada, pero no fue así. El caso será judicializado; de ahí que hayamos recibido en La Columna una “sorpresa” informativa que presentamos más adelante.
Más allá del tema eminentemente judicial y jurídico que necesariamente implica el caso, hay un daño que poco se percibe y es el emocional. Tanto la familia de Sebastián, él mismo y algunos de los demás involucrados, así como sus respectivas familias, no atinan a comprender qué es exactamente lo que está pasando, y cómo es que familias de apellidos tan ilustres y poderosas influencias, fueron a parar en un escándalo que avergonzaría a los malhablados choferes de ruta.
Los padres y tutores de los salvajes agresores aún se están preguntando en qué momento perdieron el control sobre la conducta de sus respectivos vástagos, y varios aún se niegan a creer que sus "angelitos" hayan sido capaces de tal brutalidad, al punto casi de privar de la vida a uno de sus compañeros de parranda.
No es sólo el tema de los ilustres apellidos envueltos en el escándalo, sino la repercusión social que este caso emblemático pueda tener.
En este caso La Columna tiene un agregado a las versiones generadas hasta hoy. Tenemos otro nombre de un paseño involucrado que había “pasado bobita” pero cuya historia nos describen nuestras fuentes textualmente de la siguiente forma.
“El joven Perry Wolffe, de El Paso Texas, agredió a otro joven por atravesarse el día de los hechos”.
“Vale mencionar que el joven Wolffe ya ha tenido varios problemas con jóvenes juarenses por sus preferencias personales”.
“Después de algunos jaloneos se separan sin mayores consecuencias y son retirados del lugar. Al estar ya para retirarse se vuelven a hacer de palabras con Perry Wolffe y de nuevo sólo queda en jaloneos y empujones”.
“El joven Díaz llega agrediendo a varios jóvenes que andaban con su amigo Perry y es así como de nuevo se inician los golpes”.
“Hay testigos que manifiestan que el joven Díaz llevaba tres días intoxicado y que traía ganas de pelearse. Primero intentó buscar pleito con otro joven por demás pacífico”.
“Es el joven Díaz quien inicia la agresión y termina golpeado en el piso. Reconocemos que hubo lesiones y que los pleitos ni ganados son buenos. Sabemos que el joven Sebastián Díaz tiene una póliza de seguro médico bajo la cuenta de su papá, el doctor Alejandro Díaz”, concluye el mensaje.
Además de los mencionados, otros protagonistas enlistados para la fila en la Fiscalía General del Estado por participar en esos hechos están Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi, José Andrés Contreras Hayen y Adrián Beltrán González. Vaya lío.
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Una vez que el gobernador, Javier Corral, determinó que la empresa Dicipa no podía ser la ganona de los 400 millones de pesos concursados por la Secretaría de Salud para proveer análisis clínicos, todo el aparato financiero y jurídico de la dependencia fue volcado para respaldar a la socia, al final del día ganadora de la respectiva licitación, Centrum.
Dicipa había sido perfilada como la ganadora gracias a múltiples cabilderos encabezados por el propio secretario de Salud, Ernesto Ávila, y el diputado federal panista, Juan Blanco, pero se convirtió en débil porque es la misma empresa proveedora del duartismo y enlistada a nivel nacional como la jefa del monopolio nacional en la materia. La tachó Corral al cuarto para las doce.
Centrum no había presentado ni el 80 por ciento de la documentación correspondiente al momento de cambiar la decisión. Sus operadores sabían que la socia Dicipa no tendría rival.
En esa parte debió intervenir por razones obvias el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez. Su cuñada es nada menos que la directora jurídica de la Secretaría de Salud.
Zulma Liliana Martínez Díaz pasó prácticamente toda la semana pasada (el viernes fue declarada Centrum ganadora) subsanando la falta de documentación no tanto por convicción personal pero sí por presión de su jefe Ávila y su cuñado Álvarez.
Ni modo de negar la peonada, su propia hermana, Rosa Martínez, –esposa de Álvarez–, tiene espacio en gobierno como directora de la Casa de las Artesanías, y otra cuñada suya, Eugenia Álvarez Monge, es coordinadora de una área en el DIF estatal (El Diario, 26 de abril del 2017).
Ahí se entiende en parte porqué apareció el domicilio de Centrum en el excuartel de campaña electoral de Javier Corral. Error de quienes ayudaron en solventar documentos al laboratorio, ni más ni menos. La madeja es tan larga como la corrupción en esa licitación.
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En el Hospital General de esta frontera algunos auditores guardan fundadas sospechas de enjuague entre el exdiputado local panista, el doctor Víctor Talamantes y director de dicho nosocomio público, José Andrés Chávez Rivera.
Resulta que el personal del Hospital General ha recibido pacientes de la clínica particular de Talamantes a los que al final de sus consultas o tratamientos no les cobran nada porque previamente pagaron al exdiputado.
Falta de tiempo o complicaciones en la clínica particular son las razones por las que determinados pacientes de Talamantes son enviados al General, donde no pagan un céntimo, nos aseguran fuentes cercanas al área administrativa y de auditoría.
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Nomás en las candidaturas para diputados salió la unanimidad entre los aproximadamente 90 miembros del Consejo Político Estatal de Morena; nada en las fórmulas para senadores.
Se reunieron el sábado en la ciudad de Chihuahua con el propósito de abordar varios puntos; el principal, elección de candidatos a senadores y diputados (as).
Quedaron prácticamente listas las nominaciones para el Dos, Tres, Cuatro y Siete (Mary Adame, Omar García, Ulises García y Ernesto Guevara, respectivamente). El uno será definido mediante encuesta.
Para las candidaturas a diputados federales quedaron Francis Mendoza (2), Jorge Medina González (3); Carmen Estrada (4); Benjamín Carrera (5), Irene Barraza (6), Ernesto Guevara (7), Jesús Zamarrón (8) y Magdalena Rentería (9). El Décimo Distrito será definido mediante encuesta.
Para senadores (as) no hubo unanimidad ni en la primera ni segunda fórmula. Los Morenos tienen confianza en que al menos la primera obtendrá su escaño en la Cámara Alta; de ahí la pelea.
Pelearán por la primera fórmula (necesariamente integrada por mujeres) Bertha Saldaña, Bertha Caraveo y la diputada Leticia Ortega. La primera sacó siete votos contra empate a 22 de las otras dos. Se supone que quedaron fuera Patricia Borunda y Martha Laguette, ambas chihuahuitas expriistas.
La segunda fórmula también irá a encuesta entre los juarenses Juan Carlos Loera de la Rosa y Cruz Pérez Cuéllar. Del resultado dependerá quién ocupe el número uno o candidato propietario.
El ejercicio de opinión será llevado a cabo aparentemente por instancias del propio partido en las principales ciudades del estado, entre la población abierta. Esperemos goce de más credibilidad que la usada para determinar candidatura al gobierno de Chilangolandia.
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Bien guardatito en el closet de las omisiones graves tenía el nuevo amanecer el tema de los más de 150 arraigados básicamente por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia.
En una investigación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desarrolló entre agosto, septiembre y octubre del 2016, encontró que han sido utilizadas “prisiones ilegales” para mantener ahí a internos que cumplieron dos años en prisión preventiva sin dictar sentencia. El hilo fue jalado de una investigación periodística iniciada por El Diario, mencionada por el propio órgano derechohumanista.
La irregularidad es mayúscula como grave el déficit que enfrenta el Estado en sus vertientes de procuración y administración de justicia; no han podido sacar rezagos ni con puerta giratoria.
El tema ha impactado de lleno a la administración de Javier Corral –aunque el problema haya iniciado desde el anterior régimen– porque evidentemente es poco o nulo el esfuerzo para regularizar esa situación.
Con paciencia felina se guardó el dato el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en su visita del pasado fin de semana a Ciudad Juárez.
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