Miriam A. Ornelas
2016-07-28
Una gran inquietud ocasionó el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al revocar el fallo inicial del Tribunal Estatal Electoral, que no había admitido la impugnación presentada por el PRI y sus partidos coaligados, en contra de la declaratoria de triunfador en los pasados comicios dada a favor del candidato independiente, Armando Cabada Alvídrez. Con esta resolución del tribunal superior se está obligando al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a que admita el recurso interpuesto por el PRI y que se avoque a estudiar el fondo de los argumentos planteados en su impugnación.
En realidad las cosas quedan como estaban hasta el momento de haberse hecho la declaratoria de candidato vencedor pues la resolución del tribunal de alzada no revoca el triunfo de Armando Cabada Alvídrez ni prejuzga sobre él, el cual conserva la firmeza que tiene hasta ahorita, nada se prejuzga sino que únicamente se obliga al tribunal estatal a que admita el recurso y estudie los fundamentos de hecho y de derecho de la impugnación.
Desde luego que la sentencia causa un cierto grado de inquietud e inseguridad porque el triunfo del candidato independiente no adquiere la firmeza de la cosa juzgada, pero no le arrebata el triunfo de por sí al candidato independiente, sino que sujeta la firmeza de esta declarativa de ganador a que se examinen las supuestas fallas en el proceso electoral que se imputan al candidato independiente, quien puede ser legítimamente considerado alcalde electo para todos los efectos legales.
Eso por lo pronto, no es ningún consuelo para los ganadores ni para los perdedores que requieren de más contundencia de fondo y de forma en las resoluciones de los tribunales electorales.
Sin embargo, vale más pájaro en mano que un ciento volando y aquí los abogados del señor Armando Cabada deben cuidar con extrema pulcritud los argumentos que tengan a favor de la legitimidad del fallo inicial para que éste se sostenga a pesar del escrutinio del Tribunal Estatal Electoral y en su próxima sentencia sea confirmando el triunfo del candidato independiente Armando Cabada Alvídrez.
Causa cierta curiosidad el cómo una triada de funcionarios judiciales altamente capacitados no pudieron apreciar que el recurso estaba interpuesto en tiempo y forma cuando todos los abogados saben que tal evidencia de clara resolución por lo sencillo que resulta efectuar un simple conteo de días y de términos.
Espero que al resolver el fondo del problema planteado por la impugnación no procedan con la misma ligereza que observaron a fallar la extemporaneidad porque la ciudadanía y los candidatos y sus partidarios requieren de personas competentes que los juzguen para confiar en una clara seguridad jurídica que no los mantenga en ascuas.
La duda causa más daños que un desengaño y aquí las dudas sobre la elección y la gravedad de los defectos que se acusan, no han sido despejadas.
Esta indefinición es causa de irritación de la ciudadanía que con este tipo de fallos anida en su interior la sospecha de que la certeza de la democracia se vuelve de humo y puede creer que todos los resultados de las elecciones en México son más el producto de negociaciones copulares que de afluencia copiosa de votantes en las urnas, lo cual desvirtúa la existencia de un estado democrático auténtico.
La moneda está en el aire y sólo podemos observar que el triunfo del candidato independiente fue legítimo y apabullante. En el caso que se llegara a anular la elección solamente se dará pie a una nueva elección cuyos resultados se aprecian más que contundentes, ratificando la voluntad política inicial del pueblo de ciudad Juárez.
Por lo pronto tendremos que esperar los diez días que la autoridad electoral superior le dio al tribunal estatal para que resolviera en definitiva el caso. Mientras tanto no hay nada escrito ni juzgado.
Así son las cosas de la democracia en un estado de derecho. Esperemos que la sentencia definitiva se encuentre apegada a la letra de la ley y no al capricho de nuestros políticos. Una impugnación no debe abrir espacios para una negociación, cualquiera que ésta sea, sino para la verdad histórica jurídicamente considerada.