Pedir perdón

Juan Carlos Loera de la Rosa

El llamado que hace Enrique Peña Nieto al inicio de una nueva etapa democrática en nuestro país a través del combate frontal a la corrupción, por medio del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se convirtió en un episodio histriónico digno de cualquier comercial televisivo.
Acentuado con su petición de perdón, más que un acto de catarsis es un “ardid publicitario”. Ya lo dijo AMLO, es para ir recuperando el terreno perdido rumbo a la elección presidencial del 2018, una intentona fallida de tocar las conciencias de los mexicanos para que todo quede en el olvido: borrón y cuenta nueva, al fin y al cabo todo es “cuestión de percepción” y como tal debe tratarse, para eso el aparato publicitario y de imagen del gobierno federal sostenido en los medios masivos de comunicación se pinta solo.
Ya se ha escrito bastante y es de sobra conocido que la mayoría de los contratistas de alto calado del gobierno en turno se han dedicado a saquear las finanzas públicas, sin embargo, el reconocimiento implícito que hace de la irregular forma en que se adjudicó la dichosa Casa Blanca debería de tener consecuencias mucho más severas que el indulto popular, máxime tratándose del presidente, para que realmente se pudiera recuperar la confianza en el sistema gubernamental.
El debate sobre la cruzada nacional anticorrupción parece centrarse solamente en la deshonestidad de individuos, de funcionarios públicos y dueños de empresas que se enriquecen abusando de su poder y de sus influencias.
Hay quienes rebajan la corrupción a un asunto de la calle, de las “pollas” de los agentes de Tránsito y los policías, y otros hasta se atreven a señalarlo como un mal endémico en toda la población, algo idiosincrático.
Hace unos días estuve en un foro radiofónico sobre este tema junto a miembros del PRI y del PAN. Para el primero, palabras más palabras menos la solución es cambiar la mentalidad del mexicano y para el segundo se requieren castigos ejemplares para acabar con este cáncer.
Estoy de acuerdo que algo hay de cierto en ambas aseveraciones, sobre todo en la última ya que en nuestro país el coctel perfecto ha sido corrupción mezclada con impunidad.  Pero, ¿en verdad meter a la cárcel a un vendedor de carros convertido en gobernador acabará con el problema? ¿O armar un complejo sistema burocrático con la participación de diversas dependencias y un leve toque de ciudadanización hará cimbrar a un régimen sostenido precisamente en la opacidad, el tráfico de influencias? ¿Cómo controlar a un puñado de poderosos nacionales y extranjeros que dictan el rumbo del país? ¿Cómo reeducar a la punta de la pirámide (presidente en turno, gobernador en turno) que está siempre dispuesta a someterse a los dictados de un modelo político económico excluyente y antidemocrático?

El presidente pone un muy mal ejemplo al comparar al SNA con el INE como muestra de éxito por su carácter ciudadano, cuando sabemos bien que éste último ha sido flexible a los intereses de la clase gobernante.
Me refiero a que los peores actos de corrupción son “enmascarados” con la complicidad de nuestro sistema político que es permisivo y legaliza despojos graves a los mexicanos. ¿Un caso? La instalación de expresidentes en los consejos administrativos de grandes corporaciones; ejemplos: Felipe Calderón en Iberdrola y Ernesto Zedillo en City Group y Union Pacific, empresas que se vieron beneficiadas con operaciones “legales” cuando ambos fueron presidentes.
En  nuestro estado se ha señalado hasta el cansancio el asunto del Plan de Movilidad Urbana, el trazo y uso del Camino Real y el Banco Unión Progreso, cuyos supuestos fraudes tienen una cifra específica, muy grande por cierto, y que el SNA hubiera podido atajar, pero… ¿qué pasa con casos de daños permanentes que se van acumulando?
Mencionaré el crecimiento de la mancha urbana para beneficiar a unos cuantos terratenientes y que a diario nos cuesta a los juarenses ¿Cómo los comprueban y cómo los castigan? ¿Los regidores y los diputados se coluden con las mafias del poder para “legalizarlos”?
Otro ejemplo, la bursatilización de las carreteras, literalmente aceptada en el Congreso... ¿acaso el nuevo gobernador también meterá a la cárcel a los dueños de los terrenos, que han sido los grandes beneficiados con el modelo económico juarense? ¿A los diputados locales que solaparon todas las tropelías de Duarte?
Tendrán que irse, dejar de controlar el país quienes han convertido a nuestra nación en la incubadora de un modelo basado en la explotación y el saqueo autorizado de los bienes nacionales, que por cierto son los mismos que hoy "cacaraquean" el Sistema Nacional Anticorrupción.
La corrupción que más afecta es un asunto del régimen que padecemos y difícilmente terminará si los intereses de unos cuantos siguen imponiéndose a través del autoritarismo, el engaño y el sometimiento del pueblo.