Carlos Murillo M./
Abogado
Está por terminarse el sexenio de César Duarte y la única afirmación categórica que podemos hacer es que tenemos un mejor lugar para vivir que cuando inició su administración hace casi seis años.
En el 2010 Chihuahua era un estado hundido en la violencia generada por la –fallida– “Guerra contra el Narcotráfico” emprendida por el expresidente Felipe Calderón. En esa elección el clamor de la gente era seguridad.
Por cierto, el candidato del PAN fue Carlos Borruel, quien perdió ante César Duarte. En el proceso electoral de 2010, 600 mil chihuahuenses votaron por el PRI, que representó un 55 por ciento de la votación. Si comparamos la votación de Javier Corral en el 2016 (510 mil votos), con los votos de César Duarte en el 2016, la diferencia en favor del actual gobernador serían casi 100 mil.
Con este dato demuestro que César Duarte obtuvo un triunfo contundente y legítimo en las urnas, sólo para aquellos que se les olvidó esta parte de la historia que les pasó de noche, su gobierno entró con un amplio respaldo social, no así Javier Corral quien apenas obtuvo el mismo porcentaje que el PAN en el 2010 y en el 2004 (un promedio de 40 por ciento), es mentira que la sociedad salió a castigar al gobierno estatal o federal.
En todo caso, es más lógico atribuir la pérdida de un 15 por ciento del PRI al fenómeno de los independientes que en Juárez y Parral jugaron con el mismo equipo del PRI para ganar las elecciones y que en Chihuahua con Chacho, Mesta y Terrazas se concentraron en promover el voto también contra el PRI, lo que generó una corriente que atomizó el voto priista.
Los mismos panistas en el centro del país decían “Javier Corral es el peor candidato del PAN”, por lo que no había razones lógicas para pensar en un triunfo del senador con licencia –de hecho sigue sin haber razones–, la respuesta simplona de la apariencia superficial es creer en el discurso de que “la gente se hartó y castigó al PRI”, cuando los hechos son más que evidentes, hubo una serie de traiciones desafortunadas que generaron el clima perfecto para una falla sísmica y, como todo terremoto, el resultado es impredecible y subterráneo hasta que de pronto aparece.
Entre varios factores, le sumamos la torpe operación de la autoridad electoral que dejó el resultado en la incertidumbre legal por los errores –cosa que ya ha sido probada legalmente por el PRI con las mismas actas que dan fe del sobrante de más de 170 mil boletas electorales–.
Un amigo me pregunta ¿qué opinas de la impugnación?, pero la pregunta está mal planteada, porque la impugnación del PRI, al ser números y hechos verificados por la misma autoridad electoral, no están sujetos a una opinión. Es como pedirme que le dé mi opinión sobre el número 9, ¡es un número!, no es ni bonito, ni feo, ni justo, ni injusto, es un simple número, lo mismo con las actas que dicen que se mandaron a los municipios cientos de miles de boletas de más.
En todo caso, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral son quienes deberán valorar estos hechos y determinar si hay o no certeza y legalidad en la elección.
Pero, no debe asustarnos tanto el tema de la impugnación porque es parte de la democracia mexicana y para eso sirven los tribunales, para resolver controversias.
El argumento de que fue decisión contundente de la gente se cae con la explicación que acabo de dar, el otro argumento del apocalipsis al que nos enfrentamos es falso también porque nosotros en Ciudad Juárez ya vivimos una anulación histórica en el 2001, cuando competían Roberto Barraza por el PRI y Jesús Alfredo Delgado por el PAN, las razones de la anulación –en aquel entonces– fueron que Gustavo Elizondo como presidente municipal había invitado a votar durante la veda electoral –antes del domingo de la elección– en un canal de Estados Unidos ¡así de simple! Entonces, si un funcionario municipal comete un acto ilegal se anula la elección y se convoca a nuevos comicios.
Algunos dicen que esto perjudicará al PRI para las próximas elecciones pero, tomando el mismo ejemplo de la anulación en Juárez, en la elección extraordinaria se refrendó el triunfo del PAN en el 2002, pero en el 2003 el PRI recuperó 3 de 4 diputaciones federales y en el 2004 ganó la presidencia municipal con “Teto” Murguía.
Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y tenemos los conductos legales para impugnar un resultado si alguien no cumple con las reglas, ya no tenemos que salir a las calles a inconformarnos, aunque algunas personas creen que la ley y los tribunales están de adorno, pero estos mecanismos legales fueron el resultado de una exigencia del propio PAN como oposición para poder acudir ante los juzgadores imparciales para inconformarse.
Después de que Gustavo Elizondo provocó que se anulara la elección del 2001 por incumplir con la ley electoral, ningún presidente municipal se atrevió a pasar por encima de la ley de esa forma, por lo que fue una lección aprendida por el camino rudo, pero que a todos les quedó claro. Hoy, en la antesala de una nueva impugnación a nivel estatal, seguramente será una lección para la autoridad electoral que dejará bastante aprendizaje.
Los panistas saben que este escenario es muy probable, es por eso que han buscado cualquier pretexto para desviar la atención y seguir alimentando el encono entre quienes se creyeron el falso discurso del triunfalismo y la venganza brutal.
Los fanáticos de la intriga y el morbo que siguen la pauta panista, usan perfiles falsos en Facebook para agredir cualquier expresión que consideren contraria a sus intereses, muy al estilo fascista e intolerante que les caracteriza, pero sin una sola razón, solamente una retahíla de groserías burdas que hacen ruborizarse a la pelangocha. De ese nivel traen el debate los panistas.
Los mejores ejemplos de esta reacción lógica contra la impugnación del PRI, es el ataque sistemático contra el gobernador del estado, a quien hace unos días acusaron de endeudar al estado, cuando ellos mismos –los panistas–, aceptan que es una bursatilización, no una deuda y que ellos lo aprobaron desde la ley de ingresos que se aprobó en el 2015.
Aprovechándose de la circunstancia, los panistas –como acostumbran– se sorprendieron en público, pero en privado lo aceptaban, porque saben que es un tema sobredimensionado para desestabilizar y mostrar un estado en llamas (como lo desean).
En esta semana aparecieron dos noticias que pretenden desestabilizar, la primera relacionada con un consejero político sin ningún peso político que se volvió loco y solicitó la expulsión de tres gobernadores por supuestos actos de corrupción, la noticia fue replicada por los medios de la Ciudad de México para alimentar el morbo, pero es obvio que trae un trasfondo político que pretende desestabilizar y no representa más que una llamarada de petate.
Otra noticia que se tomó con jiribilla fue la de 17 denuncias contra Chihuahua, interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por supuestas irregularidades en el manejo de recursos federales, las que efectivamente, se demostró que existen, pero resulta que son del 2009, cuando el gobernador era José Reyes Baeza, actualmente director del ISSSTE, algo que se omitió a la hora de publicar la nota.
La noticia que sí es verdad, es que Chihuahua es el primer lugar en generación de empleos a nivel nacional, que tiene cobertura universal en salud, que todos los jóvenes tienen garantizada la educación hasta el nivel superior y que nuestro estado cuenta con la mejor infraestructura carretera, eso sólo se logra con paz y seguridad, esto no es chisme, ni tiene interés político de perjudicar, es la realidad de los chihuahuenses, esa es la verdad y no se puede ocultar, César Duarte entregará un mejor Chihuahua del que recibió.