Miriam A. Ornelas
2016-07-21
En la conciencia ciudadana existe una certeza en el sentido de que casi todas las policías de México son corruptas y corruptoras de tal manera que los miembros que de ellas egresan son personas de las que se debe desconfiar, por algunas malas mañas que adquirieron en su participación en los cuerpos de seguridad.
Es difícil encontrar gente honesta y educada dentro de esas pandillas.
Por eso ha causado cierta inquietud el nombramiento del jefe de seguridad del gobernador electo Javier Corral Jurado en la persona del señor Juan Manuel Escamilla León, quien es una persona con un amplio historial en las filas policiacas y en los anales de la justicia, donde ha sido llevado a los tribunales bajo los cargos de abuso de autoridad y tortura mismos que no le fueron ratificados por su acusador Bryan Torres, en el año 2007.
Lo que se nos presenta es una serie de versiones encontradas respecto de este personaje al que le adjudican una extraña presunción de culpabilidad en los entresijos de las corporaciones policiacas, ya que se dice que, “si fue funcionario público, es corrupto y abusón mientras no se pruebe lo contrario”. Cuando la presunción de inocencia opera exactamente al revés.
Por otro lado, corren versiones dichas por lo bajo, en el sentido que este hombre renunció a sus cargos dentro de la Policía Municipal debido a que se cansó de que él detuviera personas armadas y en posesión de drogas y luego por órdenes muy superiores, no sabemos desde qué altura provenían, le obligaban a dejarlos en libertad y a regresarles sus armas y la mercancía, se supone que por arreglos cupulares, tal vez hasta a pedirles una disculpa y sufrir un arresto por ese atrevimiento.
Y es que, en esos tiempos, las cosas andaban muy mal en nuestra ciudad y los papeles estaban confundidos. No se sabía quiénes eran los malos, malos y quienes eran los malos, buenos. La delincuencia organizada permeó muchos niveles de nuestra estructura política.
Lo que se teme es que algunas personas de cierta mala fama injustificada o no, escalen las estructuras del poder policiaco en la próxima Administración estatal al grado de ser contratados como escoltas personales de nuestro gobernador electo; un puesto de mucho poder dada la cercanía para con el futuro gobernador de nuestro estado.
Lo deseable es que ingresaran al servicio público personas sin pasado, o con un pasado cristalino, preferentemente egresadas de algún convento pero ese deseo va a ser muy difícil de cumplir porque en la política de nuestro país y menos en la función pública, podremos encontrar monjes de claustro.
Si se quieren personas de confianza y eficientes, tal vez lo único que encuentren será, en el mejor de los casos, a puros maleantes de cuello blanco o de cuello no tan blanco, pero definitivamente no son deseables los de cuello negro.
Y es que en una sociedad corrompida como la nuestra, encontrar apóstoles de la justicia y de la libertad va a ser muy difícil si no es que hasta imposible, porque en la política el que no está bien quemado, está bien tiznado que es casi lo mismo.
El único recurso que nos queda es sujetar a los nuevos servidores públicos, sean de antecedentes oscuros o claros, a una estrecha vigilancia de modo tal que no puedan cometer fechorías sin que al punto puedan ser descubiertos y separados del servicio.
Continuar las nuevas administraciones con una recua de bandidos va a ser patético y la sociedad no quiere más de lo mismo.
Una verdad muy clara es que la mazorca se desgrana desde arriba y si el titular del Ejecutivo comienza con sus pillerías, como lo han hecho casi todos nuestros dirigentes, pues los de abajo no se detienen y con esta actitud reciben una especie de permiso de corsarios para robar y abusar a diestra y siniestra. De hecho existen los dirigentes que instruyen a sus subalternos para que roben para ellos. Habrá que correr ciertos riesgos.