La Columna

De los reporteros

Con qué razón los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) no sueltan el huesito. Ganan más que un regidor, que es un cargo de elección popular. Por eso nomás se rotan la dirigencia entre los mismos.
Ahora es Arturo Silva Doral el secretario general pero antes lo fue Héctor Cano Villela, el actual secretario del Trabajo. El mismo grupito en el que también se incluye al secretario del Interior, Jesús Carreón Moreno.
Cada integrante del triunvirato gana poquito más de 68 mil pesos. Pero ya no hacen lo que deberían de hacer en las dependencias en donde tienen sus plazas porque les pagan como “comisionados”, es decir, por su tarea de representación sindical. Pura grilla.
El Diario lo documenta hoy. Como sueldo registrado tienen 50 mil pesos muy buenos, pero crece su ingreso por una prestación de esas que sólo se pueden dar en los sindicatos cuando el gasto se carga al erario: reciben cada uno una “compensación mensual” de 16 mil pesos por cada quinquenio acumulado.
Por eso las sindicalizaciones hasta precio tienen aunque los dirigentes nieguen esa práctica en el Municipio.

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Por cierto que los líderes sindicales limaron asperezas a inicio de semana con el alcalde electo, Armando Cabada.
Cabada se las tenía o se las tiene guardada porque en campaña hubo un momento bastante tenso, cuando el candidato independiente quiso hablar en la asamblea sindical pero le hicieron el feo por un compromiso previo con el candidato tricolor, Héctor ‘Teto’ Murguía.
El asesor legal del SUTM, Sergio Conde Varela, fue enlace para que se concretara la reunión en las oficinas del sindicato, en donde los dirigentes aclararon que aquella ocasión alguien del equipo de Cabada no siguió los protocolos para que el candidato fuera recibido y prácticamente “avisaba” que llegarían con él a la asamblea. Por eso fue que le sacaron la vuelta. Tampoco recibieron en aquella ocasión a la candidata del PAN, Vicky Caraveo.
Por lo pronto ya platicaron y quedaron en que el alcalde electo o alguien de su equipo podrá estar presente cuando a inicios de agosto empiecen la revisión del contrato colectivo de trabajo.
A ver cómo sigue la relación porque por procedimiento, siempre emplaza el sindicato a huelga por si acaso no se les resuelven favorablemente sus demandas. Y seguramente pondrán la fecha del emplazamiento muy cerca del 10 de octubre, cuando se dará el cambio de gobierno.

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Ahora que la Administración municipal está recibiendo los camiones que le prestó primero y luego rentó a la empresa de que opera el ViveBús (Intra) deberían de ponerse estrictos los funcionarios que tienen que responder por ese patrimonio de los juarenses.
Resulta que en general las unidades que ya fueron regresadas están en buenas condiciones pero hay varias en las que se notan las reparaciones en carrocería que no fueron pintadas. Y así fueron recibidas ya por las autoridades.
A ver si quien está firmando de recibido se hace cargo después del gasto de dejar todas impecables, como debe ser luego de una renta, más si los concesionarios “exprimieron” durante mucho tiempo los camiones sin pagar nada.
Hasta ayer Intra había entregado 28 de las 50 unidades que son propiedad municipal. Los bienes muebles se están concentrando junto a las viejas instalaciones de Alumbrado Público Municipal, frente al Bachilleres 19 (antes “Prepa del Chami”)
Armando Cabada, el alcalde electo todavía no dice qué plan hay respecto a esa flotilla que fue adquirida con un crédito bancario que terminará de pagar la Administración saliente.

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Así por las buenas sí, hasta la camisa entrego, habría pensado el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, al declarar que Chihuahua se cuece aparte en el recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR contra reformas de los Ejecutivos y Congresos locales de Quintana Roo y Veracruz, pero de todos modos reculará.
A su juicio, la reforma constitucional del estado está en línea con el paquete de nuevas leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción. En consecuencia no se ponen el saco, pero de cualquier manera valoran la posibilidad de retirarlas, sólo para dejar constancia de que no quieren problemas.
Es lo más sensato de su parte. Esperar a que la Corte los conmine a reponer el procedimiento implicaría mayor desgaste para la administración en cierre, pues la resolución a favor de la PGR es algo que ni un pequeñín de pecho pondría en duda. Además, de pasada retira uno de los muchos fierros sobre la lumbre.
La realidad es que a los gobernadores “interpelados” se les agotó el tiempo. Pudieron hacer lo mismo a medio sexenio y ya estarían hasta los fiscales nombrados, sólo que se distrajeron y al querer maniobrar de último momento les faltó espacio.

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Hablando de tiempos y espacios, el propio Mario Trevizo anda queriendo adelantar la fecha del último informe de Gobierno. La idea es que se realice durante la segunda quincena de agosto y no el primer viernes de septiembre como marca la Constitución.
Por un cambio constitucional reciente, sólo el último informe sexenal se debe presentar en septiembre en lugar de octubre.
El caso es que por esa preocupación tuvo Trevizo una reunión ayer con el auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, además de que luego planchará el proyecto con el Congreso del Estado para que se pueden concretar los ajustes.
Lo que se supo es que la Administración duartista lo que quiere es separar lo más que pueda la entrega del informe de la fecha del cambio de poderes para que no se diluya la información. Quieren lucir el último acto político.

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Pero mientras se prepara el informe empezó a hacer crisis la falta de liquidez. Tanto en Juárez como en la capital del estado, reportaron unidades de la Policía Estatal Única que no patrullan por falta de combustible. No porque no hubiera en las gasolineras, sino porque se les está acabando la capacidad de compra a las corporaciones estatales.
Aquí lo denunciaron los propios agentes: deben reducir los patrullajes porque no tienen suficiente gasolina, pero también porque las condiciones de las unidades no son las óptimas y no hay recursos para el mantenimiento. El fiscal Enrique Villarreal negó que haya crisis que no les permita cargar gasolina y únicamente reconoció que para evitar el desgaste de las patrullas, algunas unidades se mueven sólo la mitad del día.
Igual pasó en Chihuahua. Los agentes estuvieron haciendo la denuncia e informaron que las patrullas que no salían a las calles estaban en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, el famoso “C-4”, aunque también allá los voceros negaron problemas.
Sin embargo, al menos en Tránsito de la capital sí se oficializó que debieron racionar la entrega de gasolina: en lugar de 60 litros les dieron 35 para el patrullaje diario.
De cualquier manera ese tipo de situaciones le meten ruido político a la transición, cuando caminan las licitaciones para que la banca abra la llave de la bursatilización, al tiempo en que el gobierno entrante llama a esas instituciones a que no le entren al proceso.

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El que insiste en que habrá nueva elección estatal es el dirigente del PRI, Memo Dowell. Ayer volvió a salir a echarle porras a su impugnación y a decir que está dialogando con los otros partidos con los que integró la coalición, el PT, Verde y Panal, para ir juntos otra vez por la gubernatura.
Por cierto que al “Museo del Fraude” que se instaló en las oficinas del Comité Municipal del PRI, no va nadie. Ni los integrantes del Comité acuden, menos ciudadanos o militantes tricolores de las colonias de Juárez.

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Por el lado del PAN, anda movido el dirigente estatal Mario Vázquez para preparar a quienes resultaron ganadores en la elección de ayuntamientos. Se trata de disminuir el impacto negativo de la curva de aprendizaje, sobre todo ahora que durarán sus gestiones sólo dos años.
Vázquez organizó mesas de trabajo con tres de sus legisladores federales: Cristina Jiménez, Gustavo Madero y Juan Blanco.
El tema: tramitología y gestión de recursos ante el Gobierno federal.
En la capital del estado estuvieron 20 alcaldes electos y diez representantes de otro número igual de municipios en donde ganó el blanquiazul.
Los diputados federales se llevaron a sus asesores y dijeron que cuentan además con el apoyo del coordinador de la fracción en San Lázaro para realizar la capacitación a domicilio.
Todos coincidieron en que cada vez se achica más la cobija presupuestal y depende de la capacidad de gestión el conseguir el recurso y la etiqueta para proyectos específicos en los municipios.
Quien va más avanzada en las tareas de la transición es la alcaldesa electa de Chihuahua, Maru Campos. Ya hasta calendario fijó con el secretario del Ayuntamiento tricolor, Santiago de la Peña.
A partir del 20 de julio y hasta el 3 de agosto habrá reuniones por cada equipo. Empezarán por el gabinete de Seguridad Pública y terminarán con el de Economía.