La Columna

De los reporteros

Un día sí y el otro también quedan mal las autoridades responsables de meter en cintura a los transportes “piratas”.
Como saben que no hay verdadera autoridad que los obligue a cumplir la ley, que los sancione fuertemente o que de plano no se preste a las “mordidas”, las empresas “de turismo” pueden dejar chiflando en la loma a quien sea, sin importar si se trata de grupos de peloteritos que requieren el servicio para ir a otra ciudad a representar a Juárez.
Y así lo hizo “Turismos del Norte”, defraudó a los padres de familia de dos equipos de beisbol infantil, pese a que tenía antecedentes y ya había sido clausurada su oficina.
Lo peor es que ni por esa rebeldía y por la nueva falta, considera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quitarle definitivamente el permiso para hacer ese tipo de viajes.
Y del resto de las autoridades, Comercio, Desarrollo Urbano, Policía Federal, ya no se ha sabido nada sobre sus operativos conjuntos. Siempre la juegan igual. Hacen como que actúan pero luego se les olvida. Se habían activado luego del accidente con víctimas mortales que involucró a un camión “pirata”, pero después se relajaron en sus verificaciones.

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Los juarenses que utilizan el ViveBús se levantaron ayer con la novedad del aumento de un peso en la tarifa. Tuvieron que pagar ocho pesos.
Si bien se había anunciado que con la renovación de la flotilla se autorizaría el incremento, como suele pasar con los transportistas, parece que se mandan solos y sin que Transporte Público hiciera el anuncio, simplemente decidieron aplicarlo desde las primeras horas del lunes.
El compromiso público había sido que habría nueva tarifa cuando se pusieron en operación las 60 unidades nuevas pero ayer se supo que todavía les falta poner en funcionamiento otra diez.
Incluso no se sabe si es cierto lo que dicen los transportistas de la empresa Intra (que opera el ViveBús) o si Transporte Público hizo la verificación en campo, pero ya con el trancazo dado a los usuarios, los funcionarios estatales simplemente oficializaron la tarifa. Para ellos ya cumplieron los concesionarios porque con las 50 nuevas unidades se iguala el número de camiones viejos que estaban en circulación y el resto que falta servirá para responder a la saturación que actualmente reporta el sistema.
Por lo visto los funcionarios de Transporte cerrarán su gestión pasalones, como siempre han actuado ante los poderosos concesionarios. Al fin y al cabo ya se van con el cambio de administración estatal en octubre.
Por cierto que será la administración de Armando Cabada, la que decidirá qué hacer con la flotilla de 50 camiones, ahora ya viejos, que se están sacando de circulación.
Los concesionarios ya los exprimieron para su peculio durante casi tres años y en plan de desecho se los están devolviendo al Municipio, luego de pagar una parte de ese tiempo, una simbólica renta.
Todavía hoy, el Gobierno municipal adeuda 24 millones de pesos (de acuerdo con el último informe de la Sindicatura) de los 300 millones de pesos que se pidieron a la banca por parte de la administración de José Reyes Ferriz, para el proyecto de transporte que él nunca pudo echar a andar.
Fue en octubre de 2009 cuando se contrató a un plazo de 7 años, con períodos de pagos comprendidos del 27 de noviembre de 2009 al 27 de septiembre de 2016, dejando como garantía las participaciones federales
A ver qué decide hacer Armando Cabada con la flotilla vieja, cuando se dé el cambio en octubre. Por lo pronto el alcalde saliente ordenó que se guardaron los 30 que ya fueron regresados.
“¿Para qué le movemos?”, señaló González Mocken, precisamente porque restan sólo dos meses de gestión.
Los trabajos de la entrega-recepción empezaron con la revisión del patrimonio con el que cuenta el Municipio. Dos veces a la semana se reúne el secretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana Silveira, con los enviados de Cabada.

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Ayer que el presidente Enrique Peña Nieto presidió el acto Promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, llamó la atención que no estuvieron ahí, como ocurrió en su administración para eventos de ese calado, todo el grupo de gobernadores.
Apena se vio una representación en la persona del mandatario de Oaxaca, Gabino Cué, quien preside la Conferencia Nacional de Gobernadores, además del mandatario de Morelos, Graco Ramírez.
El chihuahuense César Duarte, tuvo agenda ayer por El Vergel, en Balleza, así como en Valle del Rosario, donde inauguró una carretera.
Pero la grilla estaba en la Ciudad de México. Luego de la caída de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente Peña pasó saliva y pidió perdón a los ciudadanos agraviados por el caso de la “Casa Blanca”.
Su discurso no tuvo desperdicio: “Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar con todo derecho e integridad, somos también responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos y en esto reconozco que cometí un error… en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso con toda humildad les pido perdón… este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza del gobierno… con toda humildad les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”.
El asunto no quedó ahí. La famosa “Casa Blanca” regresará al dominio de la polémica constructora HIGA.

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Hablando de constructoras cercanas a quienes detentan el poder, se comenta tanto entre priistas como entre panistas que en el proceso de transición y una vez consumado el cambio de administración estatal dará de qué hablar la empresa Inmobiliaria Afirma, que ejecutó varios contratos importantes en Juárez y en Chihuahua capital.
Era pequeña, en esencia dedicada a los bienes raíces, pero terminó el sexenio como constructora a lo grande. Por eso está en la mira de los que llegan pero también de los que se van resentidos.

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Por mucho, el subsecretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado, Everardo Medina, tendrá el récord como el funcionario que estuvo menos tiempo en su oficina durante todo el sexenio.
Por sistema, en su despacho oficial siempre informaban que “andaba en campo”, en alguna supervisión de obra pero el hecho es que se acostumbró a no acudir. Pocos lo han visto en las nuevas oficinas estatales de Pueblito Mexicano. Antes tenía el pretexto de que había sido comisionado para sacar adelante la megaobra de la Ciudad Judicial en Chihuahua capital, aunque allá despache el secretario de Obras Públicas, pero ese proyecto hace mucho que se terminó.
Aquí la Administración estatal prácticamente nada más trae una obra grande en curso, los hospitales de especialidades en los terrenos del viejo Hipódromo y Galgódromo (que ejecuta precisamente Inmobiliaria Afirma) pero tampoco andan las cosas como para que esté ahí todo el día.

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Quien trae su propio proyecto afuera de Chihuahua, es el diputado federal, Gustavo Madero Muñoz, integrante del equipo de transición del gobernador electo, Javier Corral Jurado.
El chihuahuense se mueve por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El perredista Jesús Zambrano la soltará en septiembre y le toca presidir a un panista.
Como Madero fue bateado por Ricardo Anaya cuando pretendió quedarse con la coordinación del grupo parlamentario, se dijo después que podría entrar a la Presidencia de San Lázaro.
Y en esas anda, cabildeando con los demás diputados y haciendo el amarre con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que igual podría promover a alguno de sus operadores u otro aliado para su propio proyecto rumbo al 2018.
Otros que la quieren son los diputados Federico Döring, Eukid Castañón, Jorge Triana y Edmundo Bolaños.

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No nada más los priistas andan buscando a los traidores para quemarlos en leña verde, como pidió Héctor ‘Teto’ Murguía, también los panistas traen su propia cruzada contra los que estando en su padrón de militantes apostaron y trabajaron por otros proyectos en las pasadas elecciones.
El asunto se puso sobre la mesa en la Comisión Permanente del PAN que sesionó el fin de semana. Los señalados serán enviados a la Comisión de Orden, instancia que determinará si son expulsados. La lista negra apenas se elaborará pero incluso hay quienes fueron candidatos bajo otras siglas.