De los reporteros
2016-06-26
La irregularidad de su operación y la permisividad de las autoridades saltan a la vista. Los camiones ‘piratas’, esos que disfrazan su servicio como si se dedicaran a transportar excursionistas, tienen años trabajando sin sujetarse a las normas y revisiones a los que se someten las unidades que operan en la Central Camionera pero, como siempre, se les tolera. Y cuando no es por incompetencia, lo es por corrupción.
Para nadie es un secreto que el río revuelto y las lagunas en la regulación se prestan para someter a la ‘mordida’ o la cuota a aquel que opera al límite o fuera de la legalidad. Las unidades ‘piratas’ no son la excepción y por igual ‘les pegan’ funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT), agentes de las corporaciones de los tres niveles (principalmente federales) y hasta inspectores de Comercio y Desarrollo Urbano Municipal, que regulan (o deben de hacerlo) permisos y usos de suelo.
Claro que cuando pasan tragedias, como la ocurrida el viernes en la carretera Panamericana, todos fingen que nada saben de irregularidades y se avientan la pelotita respecto a las responsabilidades.
Muchas vidas se han perdido ya en accidentes que involucran unidades cuyo funcionamiento no es el adecuado por la falta de mantenimiento o simplemente por su antigüedad, o porque son conducidas por choferes cuyas facultades o habilidades no son certificadas por nadie.
En estos momentos pululan por toda la ciudad las terminales ‘piratas’. Y eso que todavía no empieza la temporada alta vacacional.
Se trata de una omisión criminal y bien harían los gobiernos estatal o federal, a su más alto nivel, en ordenar una investigación a fondo en relación a quienes hayan fallado en los controles, independientemente de que se clarifiquen facultades y competencias para poner fin al desorden en esta actividad comercial.
Es inadmisible que prevalezcan la falta de coordinación, el vacío reglamentario, la tolerancia y la abulia oficial cuando se ponen tantas vidas en riesgo, todos los días.
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En el asunto de las jubilaciones tempranas que están poniendo en jaque al Gobierno municipal, siguen llegando datos interesantes a Los Reporteros sobre quiénes traen plan de beneficiarse con ese privilegio que de los sindicalizados se extiende a cualquier funcionario.
Aunque no están en los expedientes que tiene a la mano la comisión especial del Ayuntamiento, trascendió que juntan información para que se les reconozcan los 15 (o más) años de servicio, la contralora municipal, Blanca Martínez y el coordinador de la mayoría priista, Alberto Reyes Rojas.
También ya hizo trámites el exdirector de Protección Civil, Fernando Motta Allen, aunque hace rato dejó la Administración, desde que fue separado de sus funciones para que se investigara el evento de arrancones en las Dunas de Samalayuca, donde hubo un accidente, murió una persona y otras más resultaron heridas.
Los Reporteros supieron que Motta quiere acreditar 30 años de trabajo en la Administración, prácticamente para tener el 100 por ciento del sueldo que percibía como mandamás de Protección Civil. Ni en su caso ni en el de Blanca Martínez, son pequeños salarios. Ese es uno de los grandes problemas del fondo de jubilaciones y pensiones, que muchos de los que ya reciben pensión o están en trámite, tienen jugosos sueldos y aportaron poco para ese fin.
Otro punto polémico es que se les reconoce la antigüedad aunque hayan entrado y salida de la Administración. O sea, sin importar que los años de servicio los hayan proporcionado ininterrumpidamente. Y a veces el criterio para validar los períodos de trabajo depende de los jefes de las oficinas, aunque también de la comisión del Ayuntamiento que debe dar el aval antes de pasar los expedientes al alcalde.
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Aunque ya le quedan menos de cuatro meses a la Administración municipal, Los Reporteros supieron que ahí se van a refugiar algunos funcionarios que acaban de ser removidos del sistema Cobach (Colegio de Bachilleres).
En parte por los ajustes posteriores a la elección pero también por cuestiones de negociaciones con el sindicato, hubo funcionarios y directores que quedaron fuera de la nómina, pero ya les lanzó un salvavidas Javier González Mocken, al menos eso andan presumiendo algunos de ellos. Dicen que trabajadores del área administrativa se colarán a la Dirección de Planeación. Pero habrá espacios hasta para exdirectores de plantel como el abogado Carlos Lomelí.
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En el PRI ya empezaron los ajusticiamientos, luego de que hubo figuras como Héctor ‘Teto’ Murguía que pidieron quemar en leña verde a los traidores, en su caso particular a los que apoyaron al independiente Armando Cabada, en la elección del 5 de junio.
José Espitia, el segundo al mando en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y muy cercano a Víctor Valencia, acaba de ser relevado, bajo las acusaciones directas de ‘Teto’, quien le reclamó su actuación al dirigente local del sector popular, Lorenzo Muñoz.
Muñoz, quien además es subsecretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado, optó por entregarle al excandidato a la alcaldía, la cabeza de “Pepe” Espitia.
Pero habrá más. El equipo ‘tetista’ va también contra la dirigente local de la Central Nacional Campesina (CNC), la regidora Griselda Rodríguez. La acusan de haber promovido voto cruzado. Por Enrique Serrano por la gubernatura pero “libre” por la alcaldía.
Quién sabe si también lo acusen directamente de traidor, pero ‘Teto’ y su equipo traen pleito casado con el director de Organización del Comité Municipal del PRI, Ismael Carnero. Siempre los mantuvo al margen de los movimientos y la información en torno a los representantes de casilla y los representantes generales, pero la gota que derramó el vaso fue que cuando expresamente pidieron las copias de las actas de escrutinio, Carnero simplemente los ignoró. Y nunca pudieron hacer por su cuenta el análisis de toda la documentación que luego fue base para la impugnación.
En general los ‘tetistas’ andan enojados con la presidenta del Comité Municipal del PRI, Mayra Chávez, pero directamente no han querido cargarle las broncas a la diputada y están enfocados con su operador, Ismael Carnero.
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En Chihuahua capital, la noticia del fin de semana fue la cancelación del sistema de transporte ViveBús, para revivir las rutas antiguas.
La mafia encabezada por el transportista Francisco Javier ‘El Güero’ Lozoya, protegido político del dirigente de la CTM, Jorge Doroteo Zapata, puso el último clavo sobre el ataúd del esquema de rutas troncales.
Le tocó a Gustavo Morales, director del Transporte Público del Estado, hacer el anuncio del restablecimiento de las viejas rutas, 70 en total, y el fin del sistema de recaudo.
Son las consecuencias de una política de concesiones a un viejo sistema anudado en complicados cotos de intereses económicos, sindicales, gremiales, políticos y hasta familiares, que terminaron por doblar, otra vez, a las autoridades de Transporte.
Al ponerlo en marcha cometieron un error, permitir que los grupos vinculados a las organizaciones gremiales, CTM, CROC y CNOP, ocuparan los cargos directivos de la empresa destinada a operar el sistema, la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC). Dejaron en la nueva empresa los viejos vicios y ahí están las consecuencias.
Tuvieron mil oportunidades para reponer. Sin embargo, en todo momento se resistieron al paso definitivo: relevar del sistema a los viejos concesionarios, encabezados por Lozoya y protegidos de Zapata, quienes sistemáticamente boicotearon desde adentro hasta despedazar al ViveBús.
Vuelto al dominio de la morralla, quedan muchas preguntas sueltas. La primera y más importante es saber quién asume las deudas millonarias de esa aventura, se supone que lo hará Gobierno, pero sin dinero, ¿cómo?
Según ha trascendido, el gobernador electo, Javier Corral, tiene un reporte en el sentido de que el hoyo financiero en torno al transporte ronda los diez mil millones de pesos, cantidad impresionante para un sistema que terminó inservible.
Hay decenas de proveedores angustiados por la falta de pago, sin contar que los directivos no enteraron las cuotas de Infonavit, Seguro Social y otros servicios, siendo que las retuvieron a los trabajadores.
En lo que hace a la ciudad de Chihuahua, el primer gran reto del nuevo gobernador será resolver la crisis del transporte.