Ivonne Melgar/
Analista Política
Ciudad de México— Parafraseando la explicación de Bill Clinton sobre los factores que determinan el éxito en las urnas –“¡Es la economía, estúpido!”–, en los últimos días diversas voces han coincidido en que la versión mexicana de la frase llevaría el término corrupción.
La confianza que la ciudadanía depositó en el nuevo PRI en 2012 se pulverizó cuatro años después ante el incumplimiento del cambio prometido. Porque al solicitar el voto, los hombres de Enrique Peña dijeron que habían aprendido la lección del 2000.
En el dictamen forense de la derrota de este 5 de junio, el expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones también habló de corrupción e impunidad como causas del marcador electoral.
Pero en su críptico mensaje de este lunes 20, asumió públicamente un diagnóstico que va más allá de impugnar la práctica estructural y pluripartidista de servirse del erario por la vía del peculado, la colusión, el desvío de fondos o el tráfico de influencias.
Beltrones responsabilizó del saldo adverso de hace tres semanas a los gobiernos de su partido. Y aunque no pronunció los nombres de los personajes de su crítica, ésta se entendió como un señalamiento a los mandatarios estatales priistas de las entidades donde, para sorpresa de propios y extraños, la oposición avanzó: Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Veracruz.
Es un diagnóstico que no puede desligarse de la historia de la relación personal de Beltrones con los gobernadores que acompañaron a Peña en la construcción de su candidatura hacia Los Pinos.
Porque el reclamo de esta semana tiene los mismos destinatarios del desplegado que el aspirante presidencial, jefe de los senadores priistas, publicó en noviembre de 2011 cuando se bajó de la competencia interna.
“Reconozco que en mi partido hay quienes tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar los intereses personales o de grupo”, expuso entonces Beltrones.
El cuestionamiento iba dirigido a Humberto Moreira Valdés, quien como dirigente del PRI había eliminado de la convocatoria al proceso de elección de candidato presidencial el punto contra las cargadas.
El senador Beltrones había negociado con el gobernador Enrique Peña un documento que la Comisión Nacional de Procesos Internos avaló y en el que se pedía a gobernadores y funcionarios evitar el favoritismo hacia un aspirante.
Aquel acuerdo se avaló en un CEN del PRI operado por Ivonne Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Cervantes, Cristina Díaz y Pedro Joaquín, entre otros.
Pero en la madrugada posterior, el exgobernador de Coahuila cambió la convocatoria. La falsificó, denunciaron algunos. Moreira alegó que ese ajuste estaba entre las facultades de su cargo. “La simulación y la ingratitud son los peores venenos de la política (...) No habrá fractura del PRI”, ofreció ese 22 de noviembre.
Horas después vino la foto de la unidad con el mexiquense. Beltrones entendió que los mandatarios estatales tenían candidato y jugó con ellos y para ellos. Fue el principal operador legislativo de las reformas que el gobierno de Peña sacó adelante en el primer trienio.
Sin embargo, a casi cinco años de que “aquellos intereses personales o de grupo” lo sacaron de la competencia, el sonorense volvió a reclamarles. Esta vez les dijo que el partido paga lo que sus gobiernos hacen mal. Oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y la impunidad”, recomendó Beltrones. Sus planteamientos permitirían parafrasear la clintoniana electoral bajo otra modalidad: “¡Es el patrimonialismo, carajo!”.
Francisco Valdés Ugalde, director de Flacso México, sostiene que ese término “se define como la tendencia de los gobernantes a considerar como propios los bienes que son públicos”.
Explica que el patrimonialismo se ejerce entre empresarios, miembros de corporaciones, dirigentes políticos o sindicales, potenciales “portadores de esa forma primitiva de dominar a los demás”.
Paradójicamente, hay quienes en el gobierno y en el PRI afirman que las derrotas del 5 de junio también son atribuibles a Beltrones, que habría incurrido en un manejo erróneo del partido, al no integrar una dirigencia equilibrada. “Quiso trabajar con la misma burbuja parlamentaria”, susurran.
Y es que el patrimonialismo parecería ser parte de esa estructura genética del poder que impide a nuestros gobernantes y políticos escuchar a la gente.
Le pasó al presidente Felipe Calderón, que padeció la candidatura de Josefina Vázquez Mota sobre Ernesto Cordero.
Y si Gustavo Madero consiguió el timón del PAN fue porque los panistas rechazaban un manejo patrimonialista del partido. Y, sin embargo, él igualmente tropezó con esa piedra.
Ante el inevitable ADN, en el PRD se prorratean entre corrientes el ejercicio personal de sus respectivos pedazos de partido.
Andrés Manuel López Obrador es con su pregón de purificación de la República el patrimonialista mayor de la política mexicana con un partido que es extensión de sí mismo.
¿Puede alguno de los presidenciables para 2018 romper con su clan? ¿Son suficientes los deseos para convertirse en candidat@ de la gente y no de su familia política y de sus amigos?
No es la voluntad de ir contra la corrupción lo que cuenta. Es la inteligencia para desandar el patrimonialismo del que proceden todos los suspirantes.