La hora del cambio

Armando Salinas Torre

Ciudad de México– Aún no hemos dimensionado lo que implica el Nuevo Sistema De Justicia Penal (NSJP). No sólo una nueva forma de investigar, perseguir y juzgar a la delincuencia, sino también de gobernar.
La reforma del NSJP se aprobó en el contexto de varias décadas de ineficacia del gobierno ante la inseguridad, la corrupción e impunidad del sistema de justicia penal, pero sobre todo impulsada por quienes entonces eran la oposición en el gobierno, no obstante que finalmente se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos.
Se trata de una de las reformas constitucionales más trascendentales de la historia jurídica contemporánea de nuestra nación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 para entrar en vigor en todo el país ahora, ocho años después. Tal vez por ello no se concientizó de la trascendencia de la reforma y, probablemente, las circunstancias serían diferentes para los legisladores que las promovieron.
En un país en donde no se denuncia alrededor de 90 por ciento de los delitos, entre otras razones por la impunidad y la corrupción, es fácil advertir que el problema se agudizará con la implementación del NSJP, que no tiene como finalidad abatir la impunidad ni existe evidencia sobre la reducción de la corrupción con dicho sistema; pero, sobre todo, porque, desafortunadamente, la implementación de este nuevo sistema no formó parte de la prioridad nacional de los gobernantes, como demandaba la trascendencia del tema.
No se trata de que las instituciones nos respondan con el número de cursos o certificaciones que se extendieron a cierto número de servidores públicos o particulares en esta materia, sino a una verdadera capacitación que garantice un servicio eficiente de los procesos de investigación de la policía, persecución de las procuradurías y enjuiciamiento de los delincuentes, tanto a nivel local como federal, y de la coordinación eficaz de todas las instancias involucradas, principalmente policías y fiscales.
El tiempo transcurrió y, desde el pasado fin de semana, se redujo el catálogo de delitos por los que procederá la prisión preventiva de manera oficiosa, por el contrario, deberá prevalecer la libertad del individuo. Asimismo, no todo lo que la policía o las procuradurías afirmen será considerado como prueba por los jueces para dictar sentencia, sino únicamente lo que se desahogue ante un juez, me refiero, por ejemplo, a las declaraciones que antes de este fin de semana, voluntaria o forzadamente, obtenían los policías, entre muchas otras pruebas, que ya no tendrán valor probatorio.
No se ha hecho consciencia en la sociedad de que el NSJP parte de la efectiva presunción de inocencia y que, como tal, debiera juzgarse en libertad a la mayoría de los acusados, con lo que ello implique.
Adicionalmente, este nuevo sistema también tiene la filosofía de llevar a juicio sólo casos que no se pudieran resolver con los mecanismos alternativos de solución de controversias, mediación o acuerdos de reparación de daño, si es que eso fuera posible en muchos de los delitos que lastiman y afectan la percepción ciudadana de inseguridad.
El sistema de persecución y enjuiciamiento se saturará en la medida en que se cierren cualquiera de estos dos aspectos: libertad condicional y/o solución anticipada de las controversias, ya sea por los delitos que se cometan, es decir, delitos graves por la conducta en sí misma; o por las víctimas en contra de quien se cometa, mujeres, niñas, personas de la tercera edad, entre otras; o por el sujeto que lo cometa, ya sea que se trate de un servidor público o cualquier otro perfil.
En tanto que el tiempo para la capacitación y formación profesional transcurría y se desperdiciaba, varios o muchos de los gobernadores estaban más preocupados en enriquecerse, en ganar elecciones o en ocupar con sus amistades o allegados, tuvieran o no la experiencia y perfil idóneos, los cargos públicos responsables de esta fundamental tarea.
Hago patente mi deseo porque el NSJP funcione bien, en forma eficaz, porque de ello depende la seguridad de todos los que decidimos seguir viviendo con nuestras familias y seres queridos en nuestro país.
Para lograr dicho objetivo se requiere una nueva forma de gobernar, en la que se despoje la visión patrimonialista del poder, y se revaloren los mecanismos de control y equilibrios del mismo, mediante los poderes Judicial y Legislativo. Al igual, que la sociedad participe en forma honesta y valiente en los juicios orales emitiendo, sin falsedad, sus declaraciones.