Miriam A. Ornelas
2016-06-23
El problema de los vendedores de autos usados ha comenzado a tornarse crítico puesto que las protestas de estos ciudadanos están tomando cauces de vandalismo, perturbando la paz y la seguridad pública de nuestra ciudad.
El lunes un grupo de estas personas trató de volcar una camioneta del SAT emulando a los maestros del CNTE de Oaxaca. Lo que sigue será incendiarla. No pudieron porque seguramente se encuentran debilitados por las penurias económicas por las que están atravesando, pero la intención era esa.
Sin embargo, en vista de los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Chihuahua capital, donde una turba lapidó el Palacio de Gobierno el día miércoles, puede preverse que las acciones terroristas se recrudecerán pues la prensa ha difundido que en ese acto vandálico intervinieron gentes venidas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala donde los motines han estado a la orden del día.
Esta migración de agitadores evidencia que existe actualmente una organización coordinada para realizar actos tendientes a desestabilizar el gobierno constituido o incendiar el territorio nacional. ¿Quién costea la movilización de esos grupos sediciosos? Una investigación a fondo podría poner al descubierto una organización con oscuros intereses que pretende tumbar al Gobierno. Todo apunta hacia las izquierdas mexicanas. La indagatoria está pendiente.
Pero volviendo al tema de los loteros, de acuerdo a la Constitución, todo ciudadano tiene el derecho de dedicarse a la profesión y oficio que más le acomode siendo lícitos, en ejercicio de la libertad de trabajo protegida por nuestra ley fundamental. Sin embargo, a estos ciudadanos el Gobierno federal les ha limitado en alto grado su legítimo comercio, reduciéndoles enormemente sus cuotas de importación de automóviles a unos sesenta u ochenta unidades por día, cuando sus necesidades comerciales casi cuadruplican esa cantidad, ese es un grave impedimento que equivale al cierre de sus comercios.
De esa actividad dependen miles de familias juarenses que encuentran en esa comercialización su modo honesto de vivir y los condena a ser empleados de maquiladora.
Sin que esto tenga nada de malo es justo reconocer el derecho que tienen todos los mexicanos de dedicarse a la compra-venta de automóviles usados, cuantimás en un medio como el nuestro, donde la mayoría de la gente carece de las posibilidades económicas de adquirir automotores nuevos que están carísimos.
El problema tiene varios años sin resolverse y las autoridades federales acusan la limitación en aras de proteger a los vendedores de automóviles nuevos en detrimento y perjuicio del grupo de loteros.
No encontramos justificada la limitación impuesta arbitrariamente por el Gobierno federal y, por el contrario, la causa de los vendedores de autos usados se presenta legítima, si es que nos preciamos de vivir en un estado de derecho.
Las protestas de los loteros han bloqueado los cruces internacionales perjudicando nuestro comercio exterior y a la movilización de los productos de la industria maquiladora.
La prohibición debe terminar de una vez por todas porque las cosas están tomado causes de motín que van a perjudicar a toda la comunidad y a exhibir a nuestro gobierno como un ente tiránico y autoritario, al margen de la ley.
Esos actos absurdos de autoridad abusona, son las causas finales del descontento ciudadano que ahora en Oaxaca han perturbado el orden público y transforman a una comunidad pacífica y laboriosa en una horda de terroristas lapidarios e incendiarios. Es contraproducente proteger a un pequeño grupo de vendedores en perjuicio del resto de la población.
El sur del país se encuentra actualmente incendiario y son 246 conflictos que el régimen del licenciado Enrique Peña Nieto mantiene vivos en todo el territorio nacional. Tal parece que el Gobierno está a punto de perder su estabilidad. El presidente de la República tiene que intervenir y resolver este conflicto para poder garantizar la paz y el orden públicos.