Sergio Conde Varela
2016-06-23
El triunfo electoral del PAN en 7 de 12 estados el pasado 5 de junio provocó la renuncia del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la idea de un gran descalabro que sufrió el tricolor partido.
En nuestro estado se impugnó la elección en la cual resultaron victoriosos Javier Corral Jurado, como gobernador, y Armando Cabada Alvídrez, como presidente municipal de nuestra frontera. El primero como candidato del PAN y el segundo como independiente dentro del nuevo esquema electoral.
Pasaron cerca de 20 años para que el partido blanquiazul regresara a gobernar el estado y el pasado miércoles un contingente importante se apostó en el Palacio estatal protestando contra César Duarte Jáquez, actual mandatario, a través de una llamada Unión Ciudadana, produciendo hechos violentos contra el inmueble oficial. De los actos descritos, el PAN se declaró ajeno y se está en espera de la investigación correspondiente sobre lo sucedido.
La pasada elección ha producido reacciones importantes, que en opinión del que esto escribe dan lugar a dos tendencias que se observan en estos días posteriores a ella.
Una es la impugnación que ha hecho el PRI de la elección tanto en el área estatal como en la municipal a través de su dirigencia estatal, contra Javier Corral y Armando Cabada.
Prácticamente la acción emprendida y señalada en el párrafo anterior ha provocado que una gran cantidad de ciudadanos de manera categórica y en ocasiones con coraje manifiesto, no entienden el porqué de la oposición tricolor contra el resultado electoral.
Es justo subrayar que cualquier partido puede oponer los recursos que estime apropiados para la defensa de sus intereses, lo cual no quiere decir que los resultados van a ser modificados por las razones que hayan hecho valer, sino que será el Tribunal Electoral quien diga la última palabra en un asunto de este tipo.
Hay que dejar asentado que en los antecedentes de juicios, los criterios manifestados por tribunales estatales o el federal, lo más importante es el voto ciudadano, el cual debe ser cuidadosamente protegido y sobre todo cuando sea copioso.
La segunda tendencia que se observa es que una impugnación electoral no debe ser lo más importante, sino la motivación que tuvo la ciudadanía para votar por quienes obtuvieron el triunfo, pues existe la exigencia de que se haga justicia al pueblo desde el poder público, con la correcta aplicación de los recursos que han provenido del propio pueblo en materia económica y financiera y que se prometió en las campañas.
Deben de saber los electos tanto del Poder Ejecutivo como los del Legislativo que el tiempo para gobernar debe servir para todo, menos para perderlo.
Juárez y el estado exigen seriedad en el ejercicio de la función pública. Repudian las actitudes prepotentes de funcionarios que ignoran cómo tratar al ciudadano; además, se requieren personas que entiendan a la administración pública y no la confundan con la privada.
Que se grabe en la conciencia que un puesto público no es para mandar sino para servir; el no entenderlo puede llevar a grandes fracasos.
Esta elección trae una carga de problemas para quienes vayan a ser llamados para resolverlos. No hay que creer que la tarea es como un paseo por los Jardines colgantes de Babilonia o como una oportunidad para conocer el viejo o el nuevo mundo con cargo al presupuesto.
Que los señores regidores y diputados difundan los trabajos a que han sido asignados y rindan cuentas a la gente que los ha llevado a esos cargos. Hace mucho tiempo que el pueblo espera respuestas y hay que saber que el horno social no está para bollos. Hay que saberlo a fondo y si se quieren pruebas, voltear al sur de México o simplemente al miércoles pasado aquí en Chihuahua, en la manifestación frente al Palacio estatal. Vivimos en tiempo de que hay que hacer bien las cosas; quienes no quieran, a descansar a casita. ¡Faltaba más!