Carlos Murillo M./
Abogado
Francisco Barrio (PAN) impugnó la elección en 1986, aunque había perdido por una diferencia del 25% de la votación frente al ganador Fernando Baeza (PRI), ¡qué descaro!, en ese entonces la distancia entre el primero y segundo lugar fueron 170 mil votos, un dato que hoy es cabalístico.
Los panistas nunca pudieron demostrar que hubo fraude en 1986, pero Pancho Barrio logró convencer al imaginario colectivo de una eficaz operación ultrasecreta que conspiró con un aparato estatal dedicado a producir un fraude – que los priistas llamaron patriótico-. Pero nunca hubo pruebas, sólo conjeturas, deducciones y narrativas de testigos recuperadas para la historia política que acusaban al sistema político mexicano de conspirar contra los panistas.
Entonces, ¿usted qué opina?, el caso del verano caliente de 1986, ¿es una fantasía?, ¿ese fraude sí lo hizo el Estado?, ¿hubo una conspiración?, ¿sí se pueden meter 170 mil votos a las urnas sin que nadie se dé cuenta? Con un poco de objetividad usted logrará deducir que todo es posible. Sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado el fraude de 1986.
La bandera de Barrio era la misma que ahora, salía a las calles con un discurso comodín, en el que acomoda el mismo argumento a su mejor conveniencia, si pierden es fraude y “defenderán la decisión de los ciudadanos”, si ganan no hay fraude…pero igual “defenderán la decisión de los ciudadanos”. Es como un disco rayado usado a modo. Y como los panistas se creen los dueños de la democracia, ellos dicen cuándo sí y cuándo no hay fraude.
Por si esto fuera poco, Javier Corral ya no se acuerda que él mismo impugnó la elección interna para ser candidato a senador en el 2006, donde le arrebató la nominación a Cruz Pérez Cuéllar gracias a una sentencia del tribunal ¿de dónde acá tanto pudor para las impugnaciones?
Con el recurso legal interpuesto por el PRI para anular las elecciones del 2016, se destapó la caja de pandora. Los panistas que ya se veían en el Palacio de Gobierno reventaron en las redes sociales como el niño al que le quitaron la paleta, acusando al PRI de querer alterar la decisión de los votantes, la histeria panista –no la social-, desencadenó una retahíla de ataques contra la impugnación en redes sociales.
Hoy los panistas dicen que no hubo fraude, pero hay un detalle: a ellos no les toca decidir. Conforme a la ley, quien debe resolver si hubo o no irregularidades es el Tribunal Estatal Electoral, no a ellos. Esa respuesta impulsiva de los panistas ya va delineando su posible estilo de gobierno, los panistas ven la paja en el ojo ajeno, pero ellos son los que disfrutan ser totalitarios y pasar por encima de la ley, luego acusan a los demás de lo que ellos hacen.
Estos panistas de Chihuahua son la peor cara de los conservadores, no pueden negar su espíritu fascista, intolerante y arbitrario, en su postura agresiva frente a los demás partidos sigue pululando un odio y rencor que data del verano caliente de 1986, porque todavía no lo superan. Creo que el problema de fondo es que se consideran damnificados de 18 años de gobiernos priistas, lo que significa casi dos décadas fuera del presupuesto, ese es todo su dolor, el discurso de venganza contra el gobernador es un mero pretexto.
Por otro lado, si los panistas estuvieran tan seguros de su triunfo –y amaran tanto la democracia y la legalidad– se quedarían callados, sus muestras de agresividad frente a la acción legal del PRI refleja inseguridad y una falta de respeto absoluta de la ley.
Cualquier expresión política que aspire a ser un gobierno responsable y maduro respetaría el derecho de los demás, pero el PAN en realidad está herido, saben que algo pasó y lo van a ocultar hasta la tumba, es la omertá, el pacto de silencio de la mafia que obliga a no decir nada.
La respuesta simplona del asunto es gritar que se está atentando contra la voluntad popular, pero esto es falso, en todo caso, cada partido tiene el derecho de defender la voluntad de sus votantes, en el caso del PRI son 400 mil y en el caso del PAN son 517 mil, cada quien que defienda a los suyos.
En una democracia todos los votos valen, tanto los del PAN como los del PRI o de cualquier otro partido o candidato independiente, no solamente valen los votos de quien gana la mayoría, pero los panistas creen que ganar es un cheque en blanco, y no es así, ganar una elección es apenas el inicio de un proceso continuo de diálogo y consenso con toda la sociedad, mayorías y minorías, incluyendo los partidos políticos, entre ellos el PRI, que representa a un segmento de la población que no votó por el PAN y no por eso deja de tener derechos, al igual que el 52% del padrón que no salió a votar.
Y es esta responsabilidad de los partidos políticos la que mueve a la acción, porque el PRI debe responder a quienes lo consideraron una opción viable, de ahí se desprende el obligado análisis de resultados. Después de buscar razones para comprender un comportamiento extremadamente atípico de los electores, es como el PRI encuentra una inconsistencia sustancial para la transparencia y legalidad de la elección en el número de boletas emitidas y las que aparecieron en las urnas.
La autoridad electoral en México, a pesar de ser reconocida a nivel mundial por su legalidad y transparencia, hoy está en tela de juicio en Chihua-hua, porque hubo una omisión que enturbia el proceso electoral, un eslabón que quedó suelto en una cadena de hechos que cada vez oscurece más el panorama.
¿Qué debía hacer el PRI según los panistas?, debía quedarse callado, agachar la cabeza y seguir lamentándose. Eso piensan los panistas que debe hacer la oposición cuando ellos gobiernan, pero el PRI de Chihuahua ha levantado la mano para señalar un grave error del órgano electoral, por ese desatino, la autoridad electoral debe responder, porque tener 170 mil boletas de más no es cosa menor, enturbia el resultado y hace pensar en las peores pesadillas de algunos y los mejores sueños de otros. A mí me recuerda tanto 1986 y quizá a la izquierda le recuerde el 2006.
Ojalá que tenga memoria la izquierda de Chihuahua, que se ha convertido en la peor izquierda pragmática, la que se fue con Javier Corral y ofreció en usufructo su alma a la derecha sin ninguna reserva, esa izquierda que hoy enloquece cuando el PRI pone el dedo en la llaga y que ahora repudian los recursos legales, ya se les olvidó cuando AMLO secuestró la Ciudad de México en el 2006 para exigir el “voto por voto”, por el mega fraude que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la república, ¿lo olvidaron?, ¿tan poca memoria tienen?, ¿porqué en ese entonces era legítimo y hoy no lo es?, ¿será porque la izquierda ya se hizo tan cínica como los panistas?
Ahora bien, quienes dicen que el PRI no debe impugnar, no tienen una razón fuerte para pedir que se abstenga de ejercer un derecho, llaman a criterios de carácter moral y ético que contrastan con la realidad ¿no es un deber ético de los partidos políticos defender los votos de los ciudadanos?, al darse cuenta el PRI de que los números no coinciden ¿no era una responsabilidad moral y jurídica hacerlo saber a la autoridad electoral y a la sociedad? Ahora bien, hablan de dignidad ¿en verdad se creen ese discurso de que el PRI no debe hacer nada por dignidad?, ¿y en 1986 cuando el PAN tomó las calles…fue indigno?, ¿Y AMLO en el 2006?
Muchos piensan, que este proceso legal le sirve al gobernador para ganar tiempo pero, ¿cuál tiempo puede ganar?, en todo caso, Javier Corral -si el Tribunal ratifica el triunfo-, será gobernador el 9 de octubre, la fecha no cambia, no se afecta en nada el tiempo, quienes dicen esto manifiestan una profunda ignorancia del sistema político chihuahuense.
¿Pudo existir un fraude electoral de alta escuela en Chihuahua en el 2016?, la respuesta es sí. Hasta ahora el hilo de la madeja es el dato más duro que hay: números que no coinciden y que hacen pensar en un megafraude.