La Columna

De los reporteros

Los vehículos oficiales de la Administración municipal serán puestos bajo llave el día de la jornada electoral. Los mandones del Gobierno local no quieren resbalones de sus empleados que andarán activos en la jornada del 5 de junio y mejor les leyeron la cartilla para que no se les ocurra utilizar las unidades y terminen después denunciados ante la Fepade.
Desde el alcalde Javier González Mocken se ha estado bajando la instrucción y además el oficial mayor, Hugo Venzor, ya giró los oficios respectivos a las dependencias para que los vehículos se encierren desde el viernes 3 de junio y se saquen hasta el lunes 6, después de las elecciones.
Desde luego que las patrullas de Policía y Tránsito, así como los vehículos de Protección Civil y Limpia no entran en esa restricción pero unos 500 automotores repartidos en distintas oficinas se guardarán y de ello dará fe pública un notario, para que luego no haya reclamos, malos entendidos o terminen las unidades y sus usuarios balconeados en las redes sociales.
La verdad no hay mucho parque vehicular, al menos en buenas condiciones. En los estacionamientos oficiales todavía se pueden ver flotillas de ‘vochitos’ bastante deteriorados.
En la ciudad cada día circulan mil 350 vehículos municipales, de los cuales 768 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, 239 a Tránsito, 84 a Protección Civil, 160 a la Dirección de Limpia, y 99 a Obras Públicas.

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En la Presidencia Municipal andan muy cuidadosos de no irse a meter en alguna bronca legal de tipo electoral pero no por eso han dejado el activismo político. Prueba de ello es la cena que se realizó la noche del martes en el centro recreativo Las Fuentes, donde se le dio champú de cariño a los cerca de mil 700 funcionarios y trabajadores municipales que son la base del “Compromiso Político” que opera en las campañas para promoción del voto.
Ahí estuvieron juntos, los candidatos aliancistas a gobernador y presidente municipal, Enrique Serrano Escobar y Héctor ‘Teto’ Murguía, con el alcalde Javier González Mocken como anfitrión y la diputada federal y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, como invitada especial.
Para cuidar las formas no habló el alcalde González Mocken pero sí dio la bienvenida el responsable del “Compromiso Político Municipal”, Carlos Morales Villalobos, director de Centros Comunitarios.
También la presidenta del Comité Municipal del PRI, la diputada local Mayra Chávez se echó su discurso, siguió el candidato a síndico, Aarón Yáñez, continuó ‘Teto’, luego la invitada yucateca y cerró el candidato a gobernador.
‘Teto’ no se aguantó las ganas de comentar que había a quienes les dolía que él regresara (en caso de ganar las elecciones) a la Presidencia Municipal por tercera vez, pero dijo que estaba puesto para trabajar con todos, aparte de hacerlo mancomunados con el equipo estatal.
Serrano insistió en que una vez en la gubernatura se invertirá en Juárez lo que en justicia se le debe, pero sin cometer injusticias con los demás municipios.
La semana pasada, por esos mismos rumbos, en el centro recreativo La Conchita, se realizó la cena con toda la estructura pero de la Administración estatal. En las dos ocasiones, todos los que no viven por ahí, vieron de qué tamaño es el problemón vial que se genera en la Valle del Sol ante la falta de alternativas para circular.

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Por terrenos de la Ciudad Judicial andan inquietos los usuarios de las nuevas instalaciones en donde se habilitaron, con toda la mano, varias salas penales regionales.
Y es que empezó a correr el “run-run” de que la nueva infraestructura tendrá que ser compartida con funcionarios federales para el manejo de todo el nuevo sistema oral en ese nivel.
No hay que olvidar que en Juárez el Poder Judicial Federal no construyó nuevas instalaciones para ese fin y se comenta que le está resultando muy caro el envío de detenidos y de personal hasta la capital del estado, donde tres jueces reciben todos los casos penales.
Se suponía que aquí se habilitaría otro centro como el que opera en Chihuahua capital pero se comenta que dinero no hay y por eso se está pidiendo la ayuda del Estado, para que apoye con infraestructura.
Los voceros del Tribunal Superior de Justicia del Estado dijeron a Los Reporteros que no tienen información al respecto, pero el caso es que la versión se anda comentado entre funcionarios de buen nivel. Por eso hay quienes piensan que el gusto les podría durar muy poco a los magistrados que están estrenando oficinas, ya que se las pedirán de regreso.
Lo ideal, desde luego, es que cada nivel cumpla con la inversión en infraestructura que se requiere para que el sistema de juicios orales sea verdaderamente exitoso en todas las esferas. Aquí mismo el Poder Judicial estatal trae un pendiente de infraestructura en cuanto a los juicios orales en materia civil y familiar, ya que empezaron a trabajar todos en un mismo lugar, hacinados, aunque han ido resolviendo el problema poco a poco.

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Aunque habían anunciado en el Gobierno Municipal que les darían cinco días a los negocios del aeropuerto para ponerse a mano con sus permisos y licencias de funcionamiento y si no serían clausurados, cumplido el plazo ningún local ha sido sancionado.
La alcaldía consiguió en parte lo que quería, ya que prácticamente todos hicieron acercamientos para regularizarse, aunque sólo tres de los 28 negocios tienen sus licencias pagadas.
Se supone que los demás están ya con los trámites. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo meter en cintura a la empresa OMA, la que les renta los locales y tiene la concesión del aeropuerto. OMA sigue en pleito y amparada para cobrar por el uso del estacionamiento, en contra del recién aprobado reglamento municipal que inhabilitó todas las casetas y plumas que se tenían para ese fin en centros comerciales, hospitales y hasta en la Central Camionera.
A ver hasta dónde llega la Administración en su conflicto con OMA y en la aplicación de la regla a los locales comerciales que a esa empresa le pagan renta, ya que en teoría cada negocio tendría que cumplir con tener estacionamiento gratuito para sus clientes.

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Por cierto que el tema de los concesionarios de aeropuertos, como OMA que tampoco paga el impuesto predial, rebotó ayer en el Congreso de la Unión.
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) presentó al pleno de la Comisión Permanente una iniciativa de reformas a la Ley de Aeropuertos para introducir enmiendas que faculten a los Ayuntamientos para cobrar el predial.
La iniciativa plantea también regularizar el pago de los impuestos de operación mercantil de locales y estacionamientos, venta de alcoholes y demás productos que se venden dentro de sus instalaciones. Es justamente el asunto que hoy está en el centro del debate en Juárez, luego de que se modificó la reglamentación para prohibir el cobro de estacionamientos, acción que luego encaminó al Municipio a cobrar las licencias de funcionamiento.
Por todos lados traen pleitos los ayuntamientos contra los concesionarios. Ayer que se presentó la iniciativa en la Ciudad de México se comentó que en Tijuana, Baja California; Cancún (Benito Juárez), Quintana Roo; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Torreón, Coahuila o Tampico, Tamaulipas, por mencionar algunos, se han enfrentado a concesionarios de los aeropuertos que se resisten a contribuir con la Hacienda Pública Municipal.
Previamente el senador y exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, había denunciado en tribuna que para las empresas la concesión aeroportuaria resulta una “mina de oro” porque “no pagan impuestos, no rinden cuentas, ocultan información y hacen negocios con estacionamientos, restaurantes, perfumes, ropa y demás giros comerciales”.
“Tienen una condición ambivalente: para fines fiscales son federales y para fines de lucro son particulares”, dijo hace un mes Martínez, de acuerdo con la información que ayer difundió el GPPES.
Si la propuesta se convierte en ley, ya no habría cabida para que los concesionarios recurran a los amparos para no pagar impuestos o no cumplir otras disposiciones municipales, como ha ocurrido en Juárez.

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Por 20 pesos más se fueron con Maru, expresó en Chihuahua capital Enrique Terrazas, con un dejo de despecho, por el anuncio de los brigadistas que lo abandonaron para ir con la candidata panista a la alcaldía.
Cierto, las campañas políticas son una oportunidad para hacer dinero; desde el operador electoral de altos vuelos que mueve millones, pasando por el especialista en guerra sucia que cobra por adelantado y se queda con la mitad, hasta los que reparten volantes en los cruceros. Para todos hay, según sus capacidades y alcances.
Tiene razón Enrique, el promotor de los brigadistas que abandonaron su campaña se contrató con Maru y si mañana la aliancista Lucía Chavira ofrece doblar esa cantidad, avientan la camiseta de Maru –mejor dicho, la guardan en su cajón de utilería por si se vuelve a ofrecer– y se ponen de prisa la camiseta del PRI.
Así es la política. Nada menos en días pasados Terrazas anunció nuevas adquisiciones para su proyecto, la de tres candidatos antes competidores: Javier Mesta, Guillermo Gutiérrez y Abril Padilla.
Ante la súbita declinación, asegure usted que Manuel Narváez, el candidato del PRD, esperaba la llamada de vente con nosotros. Quizás no sea tarde, en la sumatoria final todo cuenta, pregunten por su cotización.