Arturo Mendoza Díaz
2016-05-20
El presidente Peña Nieto firmó hace días una iniciativa para que se reconozca en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto con el fin de que, como un derecho humano más, la gente pueda casarse sin discriminación por motivos de origen étnico, discapacidad, religión, género o preferencias sexuales.
Tal propuesta, por lógica, produjo efectos. En Chihuahua, Mónica Guerrero, vicepresidenta del Congreso estatal, dijo que pedirá un informe acerca de qué estado guarda su iniciativa del 7 de abril pasado para aprobar los matrimonios igualitarios en la entidad. Espera que ahora ya no habrá obstáculos.
Una posible consecuencia más será otra disminución de la popularidad de Enrique Peña Nieto por el hecho de que México es un país de mentalidad conservadora.
En esa situación, hasta estos días sólo la Iglesia católica había manifestado su oposición al matrimonio gay, mientras que la sociedad asumía una postura también contraria, pero en silencio. Empero el panorama tiende a cambiar, con pronunciamientos por parte de políticos y activistas, como el de antier en la Ciudad de México.
De hecho, desde hace varios años pareció surgir a nivel internacional una cruzada para dar origen a este tipo de matrimonio, que contó con apoyo jurisdiccional. Así, las Cortes empezaron a tomar determinaciones en tal sentido.
Luego, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 emitió un fallo en el que declara inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ello fue posible que hubiera bodas gay cuando los tribunales fallaban en favor de quienes demandaban el derecho a casarse.
Pero la renuencia social es explicable, puesto que en el inconsciente colectivo está grabado que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Desde la prehistoria, cuando hubo un matriarcado o patriarcado, variaba el número, pero no la naturaleza de los elementos.
Después, el matrimonio formal, a despecho de cualquier época y lugar, organizó a la población, metió orden en las relaciones entre pareja y dio certeza de vida y desarrollo a las nuevas generaciones. Esto, aunque siempre existió, toleradamente, la homosexualidad.
Por ejemplo, atisbos de ello en pueblos señeros de la antigüedad, como Grecia, parecen haber sido los nexos entre Aquiles y Patroclo en la Ilíada de Homero, así como lo que se sabe de Alejandro Magno.
Ahora bien, actualmente nadie debe avergonzarse de poseer esa característica, si todos los seres humanos tienen la misma valía y son dignos de respeto. De ahí que la homofobia sea irracional.
Pero afirmar que la denominación de “matrimonio” no le ajusta a una unión entre personas del mismo sexo nada tiene de homofóbico, es decir, de rechazo a la homosexualidad.
Y es que las notas principales del término “matrimonio” desde hace milenios son las de su definición, que reza: “unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales…”
De esa forma, hablando de conceptos, puede decirse que el triángulo es un polígono de tres lados o que el agua de mar es salada, y ningún juez o magistrado tiene poder para negarlo, como no sea violando la esencia de la lengua, a contracorriente de los hablantes, es decir, del pueblo, que es su hacedor, y de los órganos que la regulan.
Por supuesto, a pesar de estas consideraciones todo apunta a que la iniciativa presidencial tendrá eco en el Poder Legislativo, y que el artículo 4 constitucional se modificará para que las bodas gay se incluyan en nuestra Carta Magna. Asimismo, en Chihuahua pronto se aprobarán los matrimonios igualitarios, puesto que la avalancha mundial llegó al país avasalladoramente.
Mas todo apunta a la dificultad de que tales uniones algún día se equiparen con el matrimonio convencional, emanado de la verdadera realidad social y de una necesidad tan absoluta, como es la supervivencia de una sociedad mundial organizada.
Por ello hubiera sido mejor llamar a estas uniones “sociedades de convivencia”. Así no se hubiera cometido el atropello de violar el vocablo “matrimonio”, introduciéndole con la fuerza de la potestad jurisdiccional del más alto nivel una significación que no tiene.