Javier Cuéllar
2016-04-26
La humilde mujer guatemalteca ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, nos dijo: “Cómo podemos enfrentarnos al crimen organizado. Junto con la corrupción y el narcotráfico, ha constituido una fuerza que no es paralela al Estado. Es realmente un Estado dentro de él”. Es, claramente, un “crimen organizado gubernamental” que está devorando incesantemente todo ánimo de progreso en este miserable país. Lo vemos en todas partes donde exista una instancia de poder, por pequeña o grande que ésta sea.
Corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar, pervertir y dañar. Por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o incluso simbólica. Es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción más comunes.
Estas reflexiones vienen al caso porque antier, un grupo de propietarios de los llamados autobuses piratas se manifestaron ante la Comisaría de la Policía Federal ubicada a la altura del kilómetro 30 de la Carretera Panamericana, para denunciar que los elementos de esa corporación los extorsionan a cambio de dejarlos circular por nuestros caminos. “Salvador Parra Mora, secretario general de la Federación del Autotransporte y Turismo en esta frontera, dijo que las ‘cuotas’ ilegales cobradas presuntamente por los policías federales, van de los 200, 5 mil y hasta los 15 mil pesos por camión, y que de no pagar, les retiran por ejemplo la mercancía que transportan”, publicó El Diario. Y esto sucede después de pasar presumiblemente por las inspecciones de los elementos de la Aduana Fronteriza. Pasajeros, choferes y dueños de esas unidades de autotransporte son detenidos y/o tienen que pagar cuotas, lo cual convierte a nuestras carreteras en caminos intransitables debido a estos verdaderos salteadores con charola que han convertido esas rúas en verdaderos desplumaderos.
De acuerdo a la nota periodística publicada el martes, “Se buscó la versión del comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, pero personal a su cargo dijo que no se encontraba en la oficina y hasta el cierre de esa edición no pudo ser localizado.” Y es lógico, el jefe de la banda de atracadores gubernamentales se esconde cuando sus fechorías han sido denunciadas y salen a la luz pública. Pero a mi juicio este depredador de caminos y su pandilla no tienen nada que temer porque están protegidos por toda la cadena de mandos de esa corporación delincuencial con la cual evidentemente comparte y reparte los productos de esas extorsiones. Ya sabemos, el 66 por ciento del producto del botín va a todas las jefaturas hasta mero arriba, arribototota.
La ciudadanía se pregunta, ¿Es esta la forma en que el régimen del licenciado Enrique Peña Nieto ha decidido dar la batalla contra la corrupción en este país? Seguramente sí, porque el esquema se repite incesantemente desde que esas hordas de la Policía Federal, que tomaron por asalto a Ciudad Juárez, extorsionando y asesinando a muchos ciudadanos que los identificó desde entonces como “crimen organizado gubernamental” y los expulsó de nuestra comarca. Tengo una confusión, ¿Es lo mismo Policía Federal que Policía Federal de Caminos? No te confundas chico, lo que pasa es que la diferencia está en que unos son rateros y los otros son ladrones.
De acuerdo a la denuncia los puntos predilectos para estas extorsiones son los parajes carreteros de Juárez, Jiménez, Camargo, Ahumada, Delicias y Sueco. O sea, ¡todo el maldito estado! Ya es hora que nuestro gobernador César Duarte haga algo por combatir este “crimen organizado gubernamental”, al menos expulsarlos de nuestra entidad como se hiciera con los otros policías federales de horrible memoria. La historia se está repitiendo y no bajará la delincuencia hasta que estos pillos se marchen de Chihuahua, creo que la Fiscalía General del Estado puede garantizar la seguridad en nuestras carreteras si ellos se marchan.