Sergio Sarmiento
2016-04-25
Ciudad de México– Debía haber sido un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero no era ni interdisciplinario ni estaba compuesto de expertos independientes. Cuatro de los cinco miembros del GIEI eran abogados: Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, todos activistas de derechos humanos. El quinto, un doctor en psicología, Carlos Beristáin, era también activista en esta causa. ¿Los descalificaba esto para ser coadyuvantes de la Procuraduría General de la República? No, pero no era el grupo que habría ayudado realmente a resolver las muchas dudas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El GIEI buscó fundamentalmente comprobar la tesis del “movimiento de Ayotzinapa”, un grupo político que existe mucho antes de los acontecimientos de Iguala, y que se resume en tres palabras: “Fue el Estado”. Los activistas no se refieren, por supuesto, al estado de Guerrero, que encabezaba entonces Ángel Aguirre, o al municipio de Iguala, de José Luis Abarca, sino al Estado federal. Supongo que esta tesis imagina a un presidente de la República que un sábado por la noche dio la orden desde los Pinos por razones misteriosas de secuestrar a un grupo de normalistas y ocultarlos en un cartel militar.
La posible quema de los cuerpos de los normalistas en el basurero municipal de Cocula ha sido siempre un irritante para esta hipótesis. El primero en decir que esto había ocurrido fue el padre Alejandro Solalinde, un crítico severo del gobierno, quien narró cómo los muchachos fueron colocados en “varias fosas”, algunos todavía vivos. “Fueron poniendo leños, maderas, tablas. Luego les echaron diésel y los quemaron”. Los líderes de Ayotzinapa, sin embargo, descalificaron a Solalinde. “Ellos me dijeron, me informaron, que ya tienen sus voceros”.
La quema de los cuerpos fue confirmada por algunos de los detenidos. Los restos de uno de los normalistas fueron identificados en un costal que presuntamente había sido extraído del basurero de Cocula. Los restos de otro tuvieron una identificación parcial en pruebas de ADN. ¿Demuestra esto que los 43 fueron quemados en Cocula? No, pero sugiere que cuando menos algunos sí lo fueron.
El GIEI ha tratado de desacreditar la posibilidad del fuego, pese a que dos peritajes dicen que sí tuvo lugar. La forma en que se dispuso de los cuerpos, sin embargo, parece relativamente poco importante. Lo relevante es saber si los normalistas fueron secuestrados en Iguala por policías y ejecutados en Cocula por miembros de Guerreros Unidos.
¿Participaron efectivos de la Policía Federal o del Ejército en el operativo contra los normalistas? Hasta ahora no he visto pruebas, pero hay indicios que obligan a estudiar la posibilidad. Un trabajo realmente independiente del GIEI quizá nos hubiera permitido saber si existió esta colusión, pero la simple afirmación de que hubo una eficaz coordinación en el operativo contra los normalistas no prueba la supuesta participación de las fuerzas federales.
Si el propósito del GIEI era arrojar dudas sobre el Estado mexicano, el éxito ha sido total. Las entrevistas al New York Times y el artículo del New Yorker han juzgado ya y condenado al Gobierno federal. Tanto Aministía Internacional como Human Rights Watch le han dado la razón al GIEI. En el mundo hay pocas dudas hoy de que “Fue el Estado”.
Pero si lo que queremos es saber realmente qué ocurrió esa noche en Iguala y en Cocula, las dudas permanecen. Quizá sería bueno contratar a un nuevo grupo coadyuvante, pero esta vez sí interdisciplinario y de expertos independientes.
Néstor de Buen
Con frecuencia estuve en desacuerdo con sus puntos de vista, como en la defensa que hizo del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, pero Néstor de Buen fue a mi juicio un abogado honesto y comprometido con sus ideas. Al morir ayer era uno de los últimos representantes de un exilio español que marcó a México.