Miriam A. Ornelas
2016-02-11
En un alarde publicitario digno de mejores causas, el Gobierno del Estado ha festinado la certificación por organismos expertos en cuestiones penitenciarias del reclusorio número 3 con residencia en esta ciudad, el cual será objeto de una extraordinaria visita del Papa Francisco en su estancia por estas tierras la próxima semana.
El gobierno interior de ese centro penitenciario número tres recobrado por parte de las autoridades con supresión del gobierno autónomo por parte de los internos, lo que es clásico en algunos centros carcelarios de nuestro país, ha sido uno de los puntos que se han resaltado en esta propaganda así como una mejoría general de las condiciones de ese Cereso, que ha sido distinguido por nuestras autoridades como uno de sus máximos exponentes de la justicia carcelaria que muchas veces ha brillado por su ausencia en una gran cantidad de prisiones de nuestro estado.
Este esquema de organización que el propio gobierno federal ha puesto como ejemplo con beneplácito del gobierno estatal parece venirse abajo con la denuncia de secuestro, abusos, extorsiones, amenazas intimidantes y violencia, que interpusiera ante la Fiscalía de Género la señora Mariana Ibarra, de escasos 21 años de edad y que fue víctima el fin de la semana pasado de uno de los reclusos, a ciencia, paciencia y complacencia de las autoridades del reclusorio.
En su querella pone de manifiesto que algún elemento de la población penitenciaria goza de ciertas facilidades que se nos ha dicho estaban erradicadas en cuanto a la comunicación de los internos con el exterior del reclusorio, lo cual significa un peligro para nuestra comunidad que de esta manera se encuentra en una posición de vulnerabilidad respecto de la acción de estos señores.
La certificación otorgada a ese centro penitenciario por la American Correctional Association por supuestamente cumplir con 130 estándares internacionales en la materia, parece ser comprada, sin sustancia en los hechos, como una burbuja de jabón pintada con los colores del arcoiris y que, al más leve roce del viento, se rompe en la nada. Una campaña publicitaria más que tiene como único objetivo abonar la imagen de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales sin que esa dependencia realice un trabajo efectivo de seguimiento.
La denuncia también ha puesto en evidencia la existencia y subsistencia de los vicios que padecen los demás centros carcelarios sin que tengan la citada certificación que, al final de cuentas, tiene como uno de sus objetivos la protección de la sociedad y de las personas que por alguna razón visitan nuestras cárceles.
El Gobierno del Estado debe vigilar con cierta permanencia la vigencia en los hechos, de las normas que regulan las prisiones y realizar una investigación a fondo para resolver el problema que implica que la delincuencia pueda ser dirigida al exterior de nuestra sociedad desde el interior de las prisiones.
Entendemos que en esos centros penitenciarios subsista un inframundo, pero también se supone que la existencia de estos reclusorios radica en la readaptación de los delincuentes que en ellos se encuentran reducidos en su libertad de tránsito, purgando una pena que les fue impuesta por un juez mediante el debido proceso y de paso aislar del ente social a una persona que en el juicio resulta peligrosa para la sociedad. Si esto no se hace, su existencia resulta estéril y hasta peligrosa en sí misma y nuestras cárceles seguirán siendo universidades del crimen más o menos autónomas.
Una campaña publicitaria no basta para componer el estado de cosas, lo que se requiere es una vigilancia efectiva y una supervisión responsable para que se cumpla el objetivo de un centro de rehabilitación y de reinserción social del delincuente y por lo que se ha visto, el Cereso estatal número 3 no tiene esa posibilidad, por mucho que esté certificado y recertificado. En los hechos la disciplina y la vigilancia dejan mucho que desear. Demagogia pura.