Pascal Beltrán del Río
2015-11-26
Distrito Federal— Doctor en derecho, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, rompió el sigilo con que está obligado a actuar el Ministerio Público.
Por decirlo sin ambages, pudo haber violado la ley al conceder ventaja a un inculpado, contra quien aún no hay una orden de aprehensión.
Desde que, la tarde del miércoles, Nieto reveló que la dependencia a su cargo –que tiene autonomía técnica de la PGR– había consignado una averiguación previa contra el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, se desató un revuelo en las redes sociales.
“Se fue por la libre”, me aseguraron en la Procuraduría, a la que tomó por sorpresa la revelación, pese a que había autorizado a Nieto consignar la averiguación.
La noche del miércoles, alrededor de las 22:20 horas, la PGR emitió un extraño comunicado, en el que dio cuenta de la consignación de tres investigaciones derivadas de la elección de este año.
Una de ellas, la tercera, aparentemente tiene que ver con Escobar.
Cito textualmente: “Asimismo, se consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral).
“En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión”.
Minutos antes de que la dependencia hiciera público su comunicado, Escobar –cuyo nombramiento en Gobernación, en septiembre, había sido impugnado por organizaciones civiles– hizo pública, a través de su cuenta de Twitter, una carta de 90 palabras, dirigida “a la opinión pública”.
Dice el texto: “Por este medio me permito informar que el día de hoy he notificado a la Secretaría de Gobernación la decisión de separarme del cargo que venía desempeñando.
“Lo anterior es con el objetivo de facilitar el adecuado curso de las investigaciones, y de contribuir a que el proceso se conduzca con absoluta transparencia. Esto no obstante que hasta el momento no he sido requerido por ninguna autoridad judicial.
“Rechazo las imputaciones en mi contra y expreso mi plena confianza en que se esclarecerán los hechos y se confirmará mi inocencia”.
De inmediato, la decisión de Escobar fue celebrada en redes sociales por los muchos enemigos que tienen el (ex)funcionario y su partido, el Verde Ecologista de México, aliado del PRI.
Yo, como no tengo filias ni fobias en mi trabajo periodístico, me atengo únicamente a los hechos, que me parecen sumamente extraños.
El queretano Santiago Nieto fue elegido por el Senado como titular de la Fepade, en febrero pasado, a propuesta del PRD.
Al dar a conocer, como lo hizo, la consignación del expediente, Nieto pudo haber cometido delitos contra la administración de justicia por haber violado el artículo 225, fracción VII (“ventaja indebida”) del Código Penal Federal. ¿Lo hizo para agradar a la tribuna o por alguna otra razón?
Aunque el nombramiento de todos los funcionarios federales es facultad del Presidente de la República (artículo 89 constitucional, fracción II), en la práctica, la decisión de designar a Escobar pudo haber sido tomada directamente por Enrique Peña Nieto o bien por Miguel Ángel Osorio Chong, quien sería su jefe inmediato, con la anuencia presidencial.
Lo cierto es que, en menos de tres meses, Escobar llegó a la Segob y se fue. ¿Es porque sí funcionan las instituciones, así sea de manera heterodoxa, o porque algo se pudrió en la alianza PRI-PVEM o dentro del Verde, o porque es lo que conviene en estos momentos al gobierno?