Raymundo Riva Palacio
2015-11-23
Distrito Federal— La casa blanca es sinónimo popular de corrupción. Es también la debilidad de carácter de los políticos mexicanos que desconocen lo que es un conflicto de interés, y navegan en la ausencia de leyes que sancionen actos ilegítimos aunque sean legales. La casa blanca perseguirá de por vida al presidente Enrique Peña Nieto al que el imaginario colectivo señalará de corrupto –aunque la propiedad no sea de él–, porque no supo atajar la avalancha de acusaciones y establecer un parteaguas a partir de su propia experiencia: lo que es ilegítimo en los funcionarios públicos, pudo haber dicho, tiene consecuencias legales. No lo hizo porque no tiene el gen ético de las sociedades maduras, y porque su entorno se alimenta de la soberbia donde se asume que todos sus yerros y deficiencias son tormentas que siempre pasan.
La casa blanca es, por encima de muchas cosas, un ejemplo continuo de que lo que sucedió se puede volver a repetir y que sus actores principales pueden seguir burlándose de los mexicanos. Hay un documento, del que se tiene una copia a la vista, que demuestra tal afirmación: contra lo que se acepta oficialmente, en el inicio del gobierno de Peña Nieto se siguieron triangulando las operaciones a través de una subsidiaria de Higa, de acuerdo con ese documento, y se hicieron pagos en efectivo, no grandes, pero que si uno se atiene al rigor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda cuando hay un caso político qué perseguir, tendría que haber sido clasificado como dinero de procedencia ilícita y, por lo tanto, merecedora de una investigación. Se puede argumentar que la soberbia en Los Pinos, es inagotable.
Lo que se puede documentar en pequeño estudio de caso sobre la casa blanca y la cultura del poder se encuentra en el juicio oral mercantil 755/2014 donde una empresa privada demandó Miguel Ángel Aragonés Pardo, dueño del despacho Taller Aragonés, quien brincó a la fama pública porque fue el primer arquitecto y diseñador con quien comenzó a trabajar la primera dama, Angélica Rivera, la remodelación de su casa y su ampliación en las Lomas de Chapultepec. El diferendo surgió de tres trabajos cuya beneficiaria fue la señora Rivera:
* El primero, con un presupuesto fechado el 2 de marzo de 2011, era para instalar una unidad climatizada en la recámara principal, colocar un sistema de extracción de sanitarios con desfogue de campana, ventilación de cocinas y aire acondicionado en el gimnasio. El costo fue de 10 mil 301 dólares y 148 mil pesos.
* El segundo, del 29 de junio de ese mismo año, fue para trabajos adicionales en la casa blanca: un aire acondicionado y calefacción para el cine, una extracción de toilet del cine, otra extracción en las áreas de estar del chofer, y una más de extracción de humos de la caldera. El costo fue de tres mil 600 dólares y 105 mil pesos, que como en el primer caso, era por concepto de materiales nacionales y de importación, y por la instalación.
* El tercero fue el 23 de marzo de 2012, donde sólo se solicitó un sistema de extracción del asador por 18 mil pesos.
Los trabajos corresponden al andamiaje que tiene cualquier familia de altos ingresos, como sucedía con la señora Rivera y su esposo, quien gobernaba en el estado de México cuando se solicitaron esos trabajos para su residencia. Pero las operaciones realizadas no fueron como las de un ciudadano ordinario. Todos los pagos se hicieron en efectivo, 271 mil pesos, y 13 mil 631 dólares, que al tipo de cambio aproximado en esas fechas, equivalía a unos 160 mil pesos. Es decir, Aragonés Pardo pagó alrededor de 430 mil pesos en efectivo y, como se aprecia en el juicio mercantil, casi todos los pagos fueron facturados a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la empresa filial de Higa que se constituyó para poder ejecutar la compra de la casa blanca.
Estas operaciones son marginales en efecto, e insignificantes en términos de costo frente al valor total de la propiedad, pero hablan mucho del carácter de quienes nos gobiernan. El gobierno de Peña Nieto se ha embarcado en una política de terrorismo fiscal para aumentar la recaudación, cuando en su vida privada, se puede decir, evadió al fisco –¿de dónde salió el dinero en efectivo para las obras en su casa? ¿Quién lo molestó fiscalmente por ello?–. En el juicio se establece que la señora Rivera aprobó tanto los presupuestos, como las obras y los pagos.
Ese carácter se refuerza con otro dato, motivo del juicio. En mayo de 2013, con Peña Nieto como presidente, Aragonés Pardo dejó de tomarle la llamada a los abogados de la empresa y ya no les pagó el saldo por las obras. La empresa, que decidió que por el hecho de que los propietarios de esa residencia fueran también los inquilinos en Los Pinos, demandaron. Su querella no prosperó hasta que se pidió al juez llamar a declarar a la señora Rivera como testigo. En ese momento, se solucionó todo y se les pagó. Es decir, sólo hasta que estuvo a punto de hacerse público, dejaron de cometer arbitrariedades. No fue el temor a la ley, sino el que quedaran expuestos. La solución legal no resuelve el uso de dinero en efectivo con origen desconocido, motivo por el que varios políticos se encuentran en la cárcel.
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